09 d’abril 2018

VICTORIA PARCIAL


La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein de dejar en libertad con medidas cautelares a Carles Puigdemont, ha generado un sunami jurídico-político de consecuencias impredecibles a día de hoy.
Hasta el pasado jueves, 5 de abril, en que se anunció la puesta en libertad del expresident fugado, la debilidad y el fraccionamiento de los partidos independentistas para gestionar el fracaso de la unilateralidad por la que apostaron en la anterior legislatura era una evidencia. Los secesionistas, pese a tener una mayoría suficiente para gobernar, se habían mostrado incapaces de pactar un programa de mínimos, formar gobierno y sacar al país del bloqueo político en el que está sumido.
Ahora esa decisión, tan inesperada como sorprendente, ha hecho que el secesionismo, que empezaba a dar signos de agotamiento, recupere autoestima y se venga arriba.
En la otra orilla, el Gobierno de Mariano, que había empezado a acariciar la idea de tener la derrota independentista a tiro de piedra, con los principales líderes o en la cárcel o fugados y los que quedan en acción dando muestras de una incompetencia casi total, contempla como un tribunal de justicia alemán ha desmontado su estrategia y ha puesto de manifiesto algunas de las consecuencias que tiene no hacer política y esconderse detrás de las togas.
El varapalo jurídico y político es evidente. Quizás por eso, desde el entorno del magistrado Pablo Llarena, se ha hecho saber a los medios de comunicación que están valorando la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la UE, ubicado en Luxemburgo. Pues, aunque la decisión del Tribunal Schleswig-Holstein no es recurrible, cabe la posibilidad de plantear si se ha aplicado de manera adecuada o no la orden europea de detención.
De todos modos, y sin ánimos de entrar en vericuetos judiciales, convendría tener muy en cuenta las declaraciones de Ignacio González Vega, portavoz de jueces y juezas para la democracia, que en un interesante artículo decía. “Una vez que el señor Puigdemont haya sido juzgado por malversación, tanto si es condenado o absuelto, transcurridos sesenta días, de permanecer en nuestro país podría ser procesado por el delito que las autoridades judiciales alemanas entienden que es inadmisible”.
Sea como sea, el hecho cierto es que el paisaje político ha cambiado de forma radical en Cataluña. El soberanismo está crecido y mucho me temo, que aquellas tibias esperanzas e ilusiones que algunos abrigábamos, de que las cosas empezaran a arreglarse van a quedar en el baúl de los recuerdos.
Roger Torrent, presidente de la cámara catalana, ya se ha encargado de confirmar estos presagios, al proponer, tras una rueda de consultas exprés, con los líderes de los grupos parlamentarios, de nuevo a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat, en un Pleno, aún sin fecha, a celebrar en los próximos días.
Será la cuarta ocasión en que Torrent propone un candidato para la investidura. Primero fue Carles Puigdemont, después Jordi Sánchez y más tarde Jordi Turull que no fue investido en la primera ronda de votaciones y no se pudo presentar a la segunda porque ingresó en prisión.
Ahora, el president del Parlament se ampara en una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, según la cual Jordi Sánchez, aunque está en prisión preventiva, tiene, como diputado, sus derechos intactos.
En estas circunstancias, será el magistrado Pablo Llarena quien decida si permite la salida o no de Sánchez.
La investidura debe ser presencial para respetar la Ley de la Presidencia y el reglamento de la Cámara, tal como hicieron saber los letrados en el mes de enero a petición de diversos grupos parlamentarios.
De todos modos, la CUP ya ha anunciado que sus cuatro diputados se abstendrán. Por tanto, la hipotética investidura sería imposible. Los números no dan.
Sea como sea, una cosa es segura: la bronca y el follón están servidos.

Bernardo Fernández
Publicado en e.notícies 09/04/18

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