El proceso independentista
catalán cada vez se parece más a un culebrón (teleseries o telenovelas
denominan en algunos lugares a este género televisivo). Como muy bien saben los
lectores, suelen estar desarrollados a partir de argumentos melodramáticos y
acostumbran a tener un final feliz para los protagonistas.
La situación política que
estamos viviendo en Cataluña también tiene mucho de melodrama. Cuando el
Gobierno central se vio en la obligación de aplicar el artículo 155 de la
Constitución (cosa que hubiera hecho cualquier otro Ejecutivo de cualquier otro
país similar al nuestro), la mayoría de los ciudadanos sentimos un cierto alivio,
por una parte, pero también, una gran dosis de frustración.
Alivio porque de esa forma se
ponía coto a todo un proceso sin pies ni cabeza que había desembocado en unos
hechos gravísimos; primero, los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament
intentando poner en jaque al Estado, después, en la calle, en especial el día
20 ante la consejería de Economía y más tarde, en octubre, con la celebración
del mal llamado referéndum y la proclamación de la república.
Pero, también, frustración
porque tuvimos que contemplar cómo se recurría a las vías judiciales ya que los
políticos habían sido incapaces de sentarse, hablar, negocias y pactar.
Al poco tiempo, se celebraron
unas elecciones que, si bien ganó Ciudadanos, obteniendo más votos y más
escaños, la aritmética parlamentaria no les permitía forma gobierno. Sin
embargo, las fuerzas independentistas, si sumaban los diputados suficientes
para proponer un candidato y lograr la investidura.
Si entre los soberanistas
hubiera existido algo de sensatez y sin necesidad de renunciar, de forma
explícita, a ninguno de sus planteamientos, hubieran propuesto para presidente
de la Generalitat a alguien sin cuentas con la justicia, habría salido elegido,
hubiera formado su propio ejecutivo, el 155 hubiese quedado desactivado y se
habría empezado a normalizar el país que tanto dicen querer. Y eso, lo podían
haber hecho a partir del 31 de enero.
Pero no, el independentismo ha
preferido seguir con la fractura social, el bloqueo institucional y ahondando
en la brecha económica que se ha abierto con la fuga de empresas y exilios de
sedes sociales.
Hasta cuatro intentos de
investidura ha llevado a cabo el president del Parlament Roger Torrent,
sabiendo que todos ellos eran jurídica y políticamente inviables. En
consecuencia, no cabe atribuir desconocimiento al tomar esas iniciativas, sino
chulería y un ánimo deliberado de saltarse la legalidad y desafiar al Gobierno
central.
Por si todo esto fuera poco, Torrent ha utilizado de forma torticera un
documento, con fecha del 23 de marzo pasado, del Comité de Derechos Humanos (un
comité técnico formado por 18 expertos, pero no de la ONU, que tiene como
misión la vigilancia del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos ), intentado hacer creer que en ese documento se
cuestionaba la prisión provisional de Jordi Sánchez (propuesto, por el inefable
Roger Torrent, por dos veces para ser investido). La verdad, es que ese
organismo lo único que ha hecho ha sido admitir a trámite la reclamación
planteada. Una reclamación que, además de no ser vinculante, puede tardar meses
e incluso años en sustanciarse.
De todos modos, no deja de ser
paradójico que aquellos que optaron por la vía unilateral y la ruptura de un
Estado de derecho, social y democrático, como es el español, intenten, ahora,
buscar amparo en la Naciones Unidas. Un organismo que ni por lo más remoto
contempla la secesión en los términos que aquí nos la han planteado.
Los independentistas son
conscientes que han perdido toda opción de llevar su proyecto adelante. De
hecho, nunca la tuvieron. En consecuencia, lo único que les queda son las
algaradas, las crónicas de sucesos, las de tribunales y poco más. Quizás esa
sea la razón por la que la mesa de la Cámara catalana, en la que tienen mayoría
los independentistas, haya amenazado con presentar una querella por
prevaricación contra el magistrado Pablo Llarena por no permitir a Jordi
Sánchez asistir a la sesión de investidura, pese a que los letrados de la
institución lo han desaconsejado y han sugerido que, de llevarse a cabo, sea
presentada o por el propio Sánchez o por un grupo parlamentario. Pero según
parece aquí se tarta de marcar territorio y como dice el cantor “a ver quién la
tiene más larga”.
Como escribía al principio de
estas líneas, las telenovelas suelen tener un final feliz para los
protagonistas. Sin embargo, mucho me temo que este culebrón político que estamos
sufriendo en Cataluña, como dice el catedrático de Derecho Constitucional,
Francesc de Carreras, “sólo puede acabar mal o muy mal”.
Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán
17/04/18
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