La debilidad y el
fraccionamiento de los partidos independentistas para gestionar el fracaso de
la unilateralidad por la que apostaron en la anterior legislatura es una
evidencia. El desbarajuste es tal que, pese a tener una mayoría suficiente para
gobernar, son incapaces de pactar un programa de mínimos, formar gobierno y
sacar al país del bloqueo político en el que está sumido.
De todos modos, aunque la
excusa que dan es el nombre del futuro president, el problema de fondo es el
reparto de poder. Así, por ejemplo, la batalla por el control político de los
medios de comunicación entre JcxCat y ERC es despiadada, desde quien pone al
director general hasta quien decide el nombre del responsable de un informativo;
pero es que lo mismo se puede decir del resto de departamentos, donde hay
dinero para gestionar o poder a tocar, surge el debate para ver quien lo
controla.
Quizás los soberanistas necesiten
tiempo para recomponerse, pero el país no puede esperar mucho más. Rectificar
no es fácil, menos cuando se ha jugado a todo o nada y se ha perdido. Ahora,
para muchos altos cargos la cuestión ha pasado a ser de simple supervivencia.
En estos momentos lo que toca
es dejarse de universos ficticios, volver al mundo real y explicar las cosas
como son, no como habían soñado algunos que podían ser. Hasta Carod Rovira,
poco sospechoso de connivencias con el constitucionalismo ha pedido un poco de
decencia política y que se le diga a la gente la verdad.
Para empezar, deberían admitir
que la república catalana no existe, que los días 6 y 7 de septiembre lo que
sucedió en el Paralament de Cataluña fue, como mínimo, un intento de golpe de
estado. Se vulneraron los derechos de los ciudadanos y de los diputados de la
oposición, como ha puesto de manifiesto una resolución del Tribunal
Constitucional hecha pública estos días como consecuencia de un Recurso de
Amparo solicitado por el PSC, ante los graves hechos de aquellas lamentables
jornadas.
Después deberán admitir que lo
del 1 de octubre, además de ser un acto ilegal, carecía de las más mínimas
garantías democráticas para llevarse a cabo. Además, deberían asumir que se
vulneraron los derechos de los ciudadanos porque se obtuvieron nuestros datos
de manera fraudulenta.
Y para cerrar esa relación de
despropósitos que se diga públicamente, como han hecho todos los soberanistas
que han desfilado por los tribunales, a excepción de la cupera Mireia Boya -que
al menos tuvo la dignidad de decir lo mismo en un sitio que en otro-, que la
DUI del 27 de octubre no tenía ni intencionalidad política, ni validez jurídica
alguna.
De forma simultánea, que
sugieran a la ciudadanía que vayan dejando los lacitos amarillos en casa y que
dejen a jueces, fiscales y defensas hacer su trabajo sin presiones, que
bastante complicada es la situación. Después de todo eso, se pondrá empezar a
recomponer puentes y poner el país a funcionar que buena falta hace.
Dice un refrán popular que
“rectificar es de sabios” y, en mi opinión, asumir un fracaso y reconocer los
errores cometidos, de personas inteligentes.
Bernardo Fernández
Publicado en el Catalán
22/03/18
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