Si de alguna cosa pueden estar
seguros los secesionistas catalanes es de que Carles Puigdemont no será
investido por vía telemática. En consecuencia, no repetirá como president de la
Generalitat.
Esquerra Republicana ya ha
manifestado que deja el tema en manos de los letrados del Parlament.
Ciertamente, una manera elegante de quitarse de en medio. Por otra parte, los
partidos constitucionalistas han advertido que de prosperar esta idea lo
llevarán al Tribunal Constitucional (TC). Lo mismo hará el gobierno central y,
en ese caso, la suspensión de sería inmediata como medida cautelar. Y si por
casualidad al presidente/a de la Cámara se le ocurriera echar por el camino de
en medio y permitir semejante disparate, que nadie dude que, en Pozuelo de Alarcón o Extremera,
estarán encantados de acogerle.
Por consiguiente, al
presidente cesado, si quiere intentar repetir en el cargo, sólo le queda la
opción de venir a la Cámara del Parc de la Ciutadella y esperar que le
detengan. Eso sí, puede revestir su decisión de toda la épica que le plazca.
Desde hacerse acompañar de personajes variopintos hasta las puertas del
hemiciclo, recurrir a sus palmeros para que su detención sea un show mediático
o cualquier otra ocurrencia. Aunque lo
más probable es que siga huido de la justicia por tiempo indefinido.
De todos modos, lo que empieza
a ser evidente es que el procés se está desinflando, y ellos lo saben. En menos
de veinticuatro horas han tirado la toalla Carles Mundò, exconsejero de
justicia y candidato de ERC a presidir el Parlament, Artur Mas, alma mater de
todo este dislate y Neus Lloveras alcaldesa de Vilanova y a Geltrú y presidenta
de la Associació Municipal Independentista (AMI), y esto no ha hecho más que empezar.
Según parece, tanto Carles
Puigdemont como los diputados electos encarcelados y los huidos a Bruselas ya
han recogido sus credenciales como diputados de la XIII legislatura. Eso pone
en riesgo la mayoría absoluta secesionista y puede hacer fracasar tanto la
votación para elegir la mesa, como la de la investidura.
En principio, son ocho los
cargos electos que no pueden garantizar su asistencia a los primeros plenos.
Pero es que la cifra se eleva hasta dieciocho diputados secesionistas de un
total de setenta, los que están imputados. Eso significa que, si la legislatura
sigue adelante, podrían ser juzgados y condenados a penas de cárcel y/o
inhabilitados, por lo que deberían dejar el escaño.
Por otra parte, las relaciones
entre republicanos y postconvergentes nunca fueron buenas. Lo suyo, la
legislatura anterior, fue algo así como un matrimonio de conveniencia. Ahora,
con este panorama de fondo, el divorcio entre ERC y el PDECAT, es un hecho.
Otra cosa es que nadie quiere aparecer como el malo de la película.
A todo esto, la muchachada de
la CUP sigue lamiéndose las heridas. Ha sido muy duro para ellos bajar de diez
a cuatro diputados. Además, siguen empecinados en la implementación de la
república. No se dan cuenta que no está el horno para esos bollos, pero ellos,
erre que erre.
De todos modos, que no cunda
el pánico, acabarán poniéndose de acuerdo los antisistema han aprendido que
hace mucho frío fuera de las instituciones y el pesebre que tienen ahí dentro
es demasiado apetitoso para despreciarlo.
Por cierto, si alguien sabe
algo del programa social de los independentistas que me lo haga saber porque yo
no he sabido encontrar nada. Claro, que tan perdidos como andan en su propio laberinto,
tampoco nos debería extrañar.
Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies
11/01/18
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