Desde hace cinco años, en
Cataluña estamos viviendo un auténtico despropósito político. De hecho, todo
comenzó en 2012, cuando Artur Mas, ante la negativa de Mariano Rajoy de
conceder a Cataluña un sistema de financiación equiparable al Concierto económico
que disfrutan Euskadi o Navarra, decidió echarse en brazos del independentismo.
En mi opinión, más por despecho que por convicción.
Sea como sea, el caso es que
aquello que empezó como una pataleta de niño mal criado, ha acabado por
convertirse en un serio problema de Estado que, además, está afectando el
sistema neurológico de la UE.
Y eso es así porque tanto el
Gobierno de la Generalitat, como el Ejecutivo central han renunciado a la
política para buscar soluciones al problema, y mientras unos lo han fiado todo
a la épica, los otros lo han dejado todo en manos de los tribunales de
justicia. Eso ha hecho que se ponga de manifiesto la impericia del Govern y la
cerrazón del Gobierno central para manejar un tema de esta envergadura.
Así las cosas, que el artículo
155 de la Constitución era necesario aplicarlo tras la declaración unilateral
de independencia, sólo pueden negarlo los muy radicales.
En estas circunstancias, hay
que admitir, que el Gobierno central actuó de manera adecuada convocando elecciones
autonómicas con toda la celeridad que la legislación se lo permitía,
desmontando, de ese modo, buena parte del argumento victimista de los
secesionistas.
Con este panorama de fondo,
era incuestionable que la justicia debía actuar y ha actuado como un poder
independiente en un Estado de derecho. Y eso, debería estar fuera de toda duda
para que aquellos que se autocalifican demócratas.
Pues bien, después de estos
argumentos y otros muchos que no menciono para no hacer este artículo interminable,
queda claro que el secesionismo está perdiendo relato y épica. Sin embargo, la
decisión de la juez Carmen Lamela de enviar a prisión a una parte de los
miembros del ejecutivo catalán cesado, ha servido para reavivar un
independentismo que estaba viviendo sus peores momentos desde hace muchos años.
Dicen que las decisiones
judiciales se acatan y no se cuestionan. No seré yo quien contradiga ese
principio. No obstante, como ciudadano de un Estado de derecho y social no me
voy a privar de aprovechar esta magnífica ventana que es e-notícies y dar mi
parecer sobre la iniciativa de la juez Lamela antes mencionada.
Como todos sabemos, la juez ha
enviado a prisión sin fianza a una buena parte de los exconsejeros del gobierno
cesado. Según el auto los motivos fundamentales son: la posibilidad de eliminar
pruebas y el riesgo de fuga.
Vamos a ver: estos personajes
pueden ser muchas cosas, pero ineptos y tontos, seguro que no. En el supuesto
de que, en algún momento, tuvieran en su poder alguna prueba inculpatoria, ¿alguien
cree que no la hubieron destruido ya? Y si por alguna extraña razón aún obrara
en su poder, ¿acaso no tiene familia y/o colaboradores cercanos para deshacerse
de semejante material?
Por lo que respecta al
supuesto de fuga: si alguna de ellos cometiera la insensatez de abandonar el
país sin la correspondiente autorización judicial, ¿a quien iba a perjudicar?
¿Se teme que desde otro país puedan organizar algún tipo de movimiento que
pudiera afectar la integridad de España?
¿No hubiera sido preferible
dictar medidas cautelares como, por ejemplo, una elevada fianza, una retirada
del pasaporte y/o medidas de control policial? De haber procedido de esa forma,
no se hubiera alimentado el victimismo independentista y estarían perfectamente
controlados.
En cualquier caso, a lo hecho
pecho. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo deben hacer su trabajo,
seguir con los procedimientos iniciados y abrir otros si se considera que ha
lugar a ello. Y deben hacerlo sin interferencias de ningún tipo, pero también
teniendo en cuenta que vivimos en un mundo interconectado y que la justicia no
puede ser ajena ni puede dar la espalda a la sociedad a la que pertenece y en
la que actúa.
Señora Carmen Lamela, con todo
el respeto: Así no.
Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies
06/11/17
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