Estoy
convencido de que este mes de septiembre pasará a la historia como una de las
épocas más negras de nuestra democracia. En mi opinión, la gravedad de los
hechos ocurridos estos días atrás en Cataluña, es equiparable a los atentados
de Atocha o al 23-F, porque en todos esos sucesos se ha puesto en riesgo
nuestro sistema de convivencia.
Todo
empezó a precipitarse con el golpe de mano que se llevó a cabo en el Parlament
de Cataluña, los días 6 y 7 de septiembre, con la aprobación de la ley del
referéndum y la de la transitoriedad jurídica, en contra del criterio de los
letrados de la cámara y contraviniendo la opinión del Consell de Garantías
Estatutarias. Ese día quedó derogado de facto el Estatuto, y la Constitución,
en palabras del President, Carles Puigdemont, dejaba de regir en Cataluña.
En
estas circunstancias, el Gobierno central, fiscales y jueces no podían hacer
otra cosa que salvaguardar la legalidad. De ahí, la entrada en diversas
consejerías -especialmente mediática fue la irrupción de la guardia civil en
las dependencias de economía y la posterior detención de significados miembros
del soto Govern.- Después vino el rosario de registros, incautación de sobres,
papeletas, etcétera, por un lado, y por el otro, ocupación de espacios
públicos, manifestaciones, acampadas frente al Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) y toda una demostración de músculo y desprecio manifiesto a la
legalidad vigente.
Con
este paisaje de fondo, ni unos ni otros fueron capaces de poner un poco de
seny, echar el freno de mano y decir: “dialoguemos”. Todo lo contrario,
mientras el ambiente se iba caldeando, unos y otros (el gobierno de aquí y el
gobierno de allí), iban echando más leña al fuego. Y así llegamos al 1 de
octubre. Punto culminante de todo un proceso de despropósitos y sin razón.
En ese
aciago domingo hemos revivido situaciones que ya teníamos archivadas y que
muchos pensábamos que nunca se repetirían. Así, por ejemplo, hemos visto cargas
policiales, vecinos levantando barricadas, policías requisando urnas, guardias
civiles recibidos, o despedidos, a pedradas, heridos por la actuación
desproporcionada de las fuerzas de seguridad y todo un cúmulo de acciones
desmedidas que jamás hubieran debido ocurrir en un país desarrollado en pleno
siglo XXI.
La
obcecación de unos y el inmovilismo de otros han sido el caldo de cultivo que
ha hecho posible que llegásemos hasta aquí. Recomponer puentes en esto momentos
se me antoja imposible. Tanto mariano Rajoy como Carles Puigdemont han demostrado
que son incapaces de dialogar. Por consiguiente, lo lógico sería que Rajoy
convocara elecciones y dimitiera y que Puigdemont dimitiera, pero antes,
también, convocara elecciones. Aunque, bien es verdad, que la lógica y la
política, con demasiada frecuencia acostumbran a ser incompatibles.
A poca
sensatez que se tenga, los secesionistas saben que lo del 1-O, ha sido
cualquier cosa menos un referéndum, pero eso sí, ha sido algo importante. La
ciudadanía se ha movilizado, mucha gente ha salido a la calle, mucha gente ha
querido votar, y ante eso, el ejecutivo central no puede seguir haciendo oídos
sordos.
Como
dice un viejo amigo: “fuera de la ley, no. Sólo con la ley tampoco”. En esta
ocasión el fracaso de la política es manifiesto. Así las cosas, demos tiempo al
tiempo, que nadie tome decisiones de las que después se tenga que arrepentir y
por las que tengamos que apechugar todos con las consecuencias.
En
estas circunstancias, lo más razonable sería echar un poco de agua al vino y dejar
que el ambiente se calme. Entre todos hemos de reconducir esta situación, pero
quien más puede hacerlo es quien más responsabilidad ostenta. Y si los que hay
no se sienten capaces que dejen paso a otros que puedan salvarnos del naufragio
seguro a que nos están conduciendo los incompetentes que nos gobiernan. Aquí y
allí.
Bernardo
Fernández
Publicado
en e-notícies.com 02/10/17
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