Lo que
una gran mayoría de ciudadanos no queríamos que ocurriera, va a suceder.
En
efecto, el pasado sábado, el Consejo de Ministros, reunido en sesión
extraordinaria y presidido por Mariano Rajoy, decidió poner en marcha el
artículo 155 de la Constitución para que el Govern de la Generalitat cumpla con
sus obligaciones constitucionales y cese en aquellas actividades que según el
Ejecutivo central dañan gravemente el interés general. En consecuencia, propone
al Senado la aprobación de una serie de medidas, que entiende necesarias,
necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales
y la protección del mencionado interés general.
Dicho
en román paladino: se cesará al President de la Generalitat y a todo el Consell
Executiu, se hará lo mismo con los cargos de confianza que se considere
oportuno. En definitiva, todo el aparato gubernamental y legislativo será
controlado y dirigido desde los ministerios en Madrid. Asimismo, el Ejecutivo
central confía que en un plazo no superior a seis meses se restablezca la
normalidad en Cataluña y se puedan celebrar elecciones al Parlament.
Sin
duda alguna es pronto para sacar conclusiones, pero esto es algo nunca debería
haber llegado a suceder. El 21 de octubre de 2017, será recordado como una de
las fechas más tristes de nuestra reciente historia democrática. Eso, será algo que siempre deberemos agradecer
a nuestros gobernantes. Los de aquí y los de allí.
Estoy
convencido que éramos muchos los ciudadanos que aún conservábamos una brizna de
esperanza y pensábamos que unos recuperarían el seny, los otros el sentido
común y les daría por sentarse en torno a una mesa, exponer ideas, debatir sus
puntos de vista y -puestos a elucubrar- llegarían a algún tipo de acuerdo. Hubiera
sido magnífico. Sin embargo, no. Me gustaría equivocarme, pero, no. Ni se ha
producido ni se va a producir acuerdo alguno. Cada cual va a seguir
atrincherado en su universo diminuto y egocéntrico, esperando la rendición
incondicional del otro. y a ver quien la tiene más larga.
En
estas circunstancias, pese a vivir momentos muy difíciles, no está de más hacer
un primer balance, aunque por fuerza ha de ser provisional, del coste-beneficio
que nos supone hasta el momento el proceso de ruptura con el resto de España y
como puede evolucionar la situación de ahora en adelante.
En el
terreno político, la UE, lo hubiera podido decir más alto, pero no más claro:
“Apoyamos al Gobierno español”, manifestó la canciller Merkel tras la reunión
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada recientemente en Bruselas. Asimismo,
el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, habló de:
“populismos nacionalistas. Más claro, agua.
Por lo
que respecta al ámbito relacional, la fractura social entre familias, entre
amigos o en las comunidades de vecinos, es un hecho. Para evitarlo, o se prohíbe
directamente hablar del tema o si se habla, la conversación suele acabar en
bronca. El tema, obviamente, es el proceso secesionista y todo lo que conlleva.
Pero
si en algún ámbito el descalabro resulta evidente, es, sin duda, en el mundo
económico. A día de hoy, las empresas que han trasladado su sede social fuera
de Cataluña, por la incertidumbre política y jurídica que genera el
independentismo, han superado, de largo, el millar. En contrapartida, tan sólo
49 han sentado sus reales en tierras catalanas. La venta de coches ha caído más
de un 15%, en las últimas dos semanas. Desde el gremio de hostelería cifran en
un 20% la cancelación de reservas hoteleras y la previsión es que este año se
facturen unos 1.200 millones de euros menos que el anterior.
Pero
es que, además, la elevada deuda externa y la calificación de bono basura que
nos otorgan las agencias de calificación, hacen que, ante un más que hipotética
independencia, Cataluña no pudiera acudir a los mercados internacionales en
busca de financiación. En consecuencia, declarar la independencia, hacerla
efectiva y declarar suspensión de pagos, vendrían a ser un tres en uno.
De
todos modos, los auténticos perjudicados de todo este sin sentido no van a ser
ni las grandes empresas ni la burguesía. Estos especímenes saben nadar y
guardar la ropa. Además, tienen las espaldas cubiertas. Aquí los damnificados,
como siempre, va a ser la clase trabajadora, que, traducido al terreno social,
es lo mismo que decir las clases medias y populares.
Con
toda probabilidad, quienes primero van a notar la desaceleración económica serán
los empleos relacionados con el turismo. Después, las lamentaciones y el crujir
de dientes vendrán con las deslocalizaciones. El prestigio y la reputación
ganados con gran esfuerzo y trabajo a lo largo de mucho tiempo se irán por el sumidero
gracias a la insensatez política de unos gobernantes descerebrados.
Un
ejemplo elocuente de todo este mal sueño lo tenemos en Quebec, donde tanto les
gusta mirarse a los secesionistas. Allí, las empresas se fueron cuando empezó
la mandanga independentista y luego ya no volvieron. Los trabajadores de
multinacionales o cualificados marcharon o se pudieron recolocar. Sin embargo,
los poco cualificados, las pequeñas empresas y los trabajos con poco valor
añadido fueron los más afectados.
Ahora,
hay que ver que reacciones se producen y como se encaja el golpe. De todos
modos, el daño infringido, en los diferentes ámbitos, es grande. No obstante, aún
se puede rectificar si hay voluntad para ello. Ciertamente, quedarán heridas,
pero con buena voluntad y algo de tiempo se podrían restañar.
El
problema es que tengo serias dudas de que haya voluntad de rectificar y en
estas circunstancias, me temo que esto va a ir a peor. Mucho peor. Al tiempo
Bernardo
Fernández
Publicado
en e-notícies 23/10/17
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