EL DÍA SIGUIENTE

Por si había alguna duda, en la clausura del Congreso del PP celebrado días atrás, Mariano Rajoy fue meridianamente claro al hablar de Cataluña: “nunca permitiré la celebración de un referéndum que prohíbe nuestra Constitución, que busca la independencia de Cataluña y la ruptura de España”, dijo. No obstante, a renglón seguido, Sergi Sebrià, Portavoz de ERC, en una entrevista en un prestigioso medio de comunicación, manifestaba: “la decisión que salga de las urnas se ejecutará enseguida. Si gana el sí proclamaremos la independencia al día siguiente.

Pues bien, imaginemos que por alguna razón que desconocemos el Gobierno de España y el de la Generalitat acuerdan un referéndum legal y vinculante sobre la independencia de Cataluña. Sigamos imaginando y supongamos que se celebra esa consulta y gana el sí. ¿Qué sucederá el día siguiente? Pues para muchos será un día de gran júbilo, para otros uno de los días más negros de su existencia y para el resto ni lo uno ni lo otro.

Sin embargo, más allá de la esfera privada de los sentimientos de cada cual que es personal e intransferible, la realidad es que las autoridades catalanas deberán gestionar una economía debilitada, por las más que segura fuga de empresas, regular la banca, sostener el ya maltrecho Estado del bienestar, pagar los más de 75.000 millones de euros de deuda que arrastramos y asumir la deuda que nos corresponda como parte del Estado que se abandona. Al mismo tiempo, habrá que solicitar a la ONU que nos reconozca como Nación y abrir unas complicadas negociaciones con la UE para que nos acojan lo más pronto posible. Además, de forma simultánea, alguien tendrá que gestionar la red eléctrica o solicitar un prefijo para las llamadas internacionales. Por si todo eso fuera poco, las autoridades del nuevo Estado se deberán esmerar en poner rápidamente en funcionamiento un servicio de inteligencia para proteger a los ciudadanos de posibles atentados terroristas. Todo eso, entre otros asuntos no menores que irían desde cómo pagar las pensiones o que modelo de Seguridad Social se pondría en marcha, así como un largo etcétera de temas que dan sentido y razón de ser a un Estado.

En cambio, si en esa hipotética consulta ganase el no o, simplemente, no se llegara a realizar (que es lo más probable,) la mayoría de las cuestiones mencionadas estarían solventadas, en vías de solución o en el peor de los casos serían responsabilidad de otra administración. Así la administración autonómica podría dedicarse en cuerpo y alma a aquellos asuntos que le son propios y que básicamente y en esencia son: el bienestar de la ciudadanía y todo lo relacionado con una mayor calidad de vida de los ciudadanos. Algo que, por cierto, ha quedado olvidado desde que se decidió iniciar el viaje a Ítaca; pues como se ha demostrado reiteradamente, entre la cuestión nacional y la cuestión social siempre prevalece el hecho identitario.

Por otra parte, es evidente que, por mucho que nacionalistas de uno y otro lado se empeñen en plantear la estatalidad como un fin, en realidad no deja de ser un medio, y en un mundo cada vez más globalizado y de soberanías compartidas querer desgajar una parte de un Estado, no deja de ser un grave anacronismo. Los independentistas catalanes lo saben, igual que saben que en Cataluña ni a corto ni a medio plazo se va a celebrar un referéndum sobre la independencia, ni ésta se va a separar de España. Otra cosa es que, algo que empezó para plantar cara al Gobierno central (recordemos aquí la mayoría absoluta de Rajoy obtenida en 2011), cuando éste se negó a hablar sobre la financiación, ha acabado convirtiéndose, primero en un dogma de fe y, después, en el modus vivendi de un grupo de vividores políticos que saben que cuando esto se acabe a ellos se les acaba el cuento, la nómina y el coche oficial. Pero, mientras, que no decaiga la fiesta.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies.cat 14/02/17