16 de febrer 2017

EL DÍA SIGUIENTE

Por si había alguna duda, en la clausura del Congreso del PP celebrado días atrás, Mariano Rajoy fue meridianamente claro al hablar de Cataluña: “nunca permitiré la celebración de un referéndum que prohíbe nuestra Constitución, que busca la independencia de Cataluña y la ruptura de España”, dijo. No obstante, a renglón seguido, Sergi Sebrià, Portavoz de ERC, en una entrevista en un prestigioso medio de comunicación, manifestaba: “la decisión que salga de las urnas se ejecutará enseguida. Si gana el sí proclamaremos la independencia al día siguiente.
Pues bien, imaginemos que por alguna razón que desconocemos el Gobierno de España y el de la Generalitat acuerdan un referéndum legal y vinculante sobre la independencia de Cataluña. Sigamos imaginando y supongamos que se celebra esa consulta y gana el sí. ¿Qué sucederá el día siguiente? Pues para muchos será un día de gran júbilo, para otros uno de los días más negros de su existencia y para el resto ni lo uno ni lo otro.
Sin embargo, más allá de la esfera privada de los sentimientos de cada cual que es personal e intransferible, la realidad es que las autoridades catalanas deberán gestionar una economía debilitada, por las más que segura fuga de empresas, regular la banca, sostener el ya maltrecho Estado del bienestar, pagar los más de 75.000 millones de euros de deuda que arrastramos y asumir la deuda que nos corresponda como parte del Estado que se abandona. Al mismo tiempo, habrá que solicitar a la ONU que nos reconozca como Nación y abrir unas complicadas negociaciones con la UE para que nos acojan lo más pronto posible. Además, de forma simultánea, alguien tendrá que gestionar la red eléctrica o solicitar un prefijo para las llamadas internacionales. Por si todo eso fuera poco, las autoridades del nuevo Estado se deberán esmerar en poner rápidamente en funcionamiento un servicio de inteligencia para proteger a los ciudadanos de posibles atentados terroristas. Todo eso, entre otros asuntos no menores que irían desde cómo pagar las pensiones o que modelo de Seguridad Social se pondría en marcha, así como un largo etcétera de temas que dan sentido y razón de ser a un Estado.
En cambio, si en esa hipotética consulta ganase el no o, simplemente, no se llegara a realizar (que es lo más probable,) la mayoría de las cuestiones mencionadas estarían solventadas, en vías de solución o en el peor de los casos serían responsabilidad de otra administración. Así la administración autonómica podría dedicarse en cuerpo y alma a aquellos asuntos que le son propios y que básicamente y en esencia son: el bienestar de la ciudadanía y todo lo relacionado con una mayor calidad de vida de los ciudadanos. Algo que, por cierto, ha quedado olvidado desde que se decidió iniciar el viaje a Ítaca; pues como se ha demostrado reiteradamente, entre la cuestión nacional y la cuestión social siempre prevalece el hecho identitario.
Por otra parte, es evidente que, por mucho que nacionalistas de uno y otro lado se empeñen en plantear la estatalidad como un fin, en realidad no deja de ser un medio, y en un mundo cada vez más globalizado y de soberanías compartidas querer desgajar una parte de un Estado, no deja de ser un grave anacronismo. Los independentistas catalanes lo saben, igual que saben que en Cataluña ni a corto ni a medio plazo se va a celebrar un referéndum sobre la independencia, ni ésta se va a separar de España. Otra cosa es que, algo que empezó para plantar cara al Gobierno central (recordemos aquí la mayoría absoluta de Rajoy obtenida en 2011), cuando éste se negó a hablar sobre la financiación, ha acabado convirtiéndose, primero en un dogma de fe y, después, en el modus vivendi de un grupo de vividores políticos que saben que cuando esto se acabe a ellos se les acaba el cuento, la nómina y el coche oficial. Pero, mientras, que no decaiga la fiesta.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies.cat 14/02/17
 


05 de febrer 2017

CLAUSULAS SUELO, SI, PERO NO

El pasado mes de julio el abogado general de la UE sorprendió a propios y extraños al hacer público un largo auto de 28 páginas, según el cual el sector financiero español no tenía que devolver todo lo cobrado en las cláusulas suelo de las hipotecas.
De hecho, El Tribunal Supremo (TS) ya dictaminó que esas cláusulas eran abusivas, pero, sorpresivamente, permitió que las entidades bancarias sólo devolvieran las cantidades cobradas de más desde la fecha de la sentencia, 9 de mayo de 2013. Eso hizo que los afectados acudieran a la justicia europea con la esperanza de que ésta fallara la devolución de todo el dinero cobrado de forma inadecuada.
Ahora, por fin, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto las cosas en su lugar. Según sentencia del 21 de diciembre de 2016, todas las clausulas suelo hipotecarias son nulas desde que se firmaron. En consecuencia, los bancos han de devolver todo el dinero cobrado por ese concepto desde el primer día y no sólo desde 2013, como falló el TS.
Eso ha hecho que el Gobierno pacte un mecanismo extrajudicial con PSOE y Ciudadanos que articula la devolución de los dineros cobrados indebidamente por la banca. El mismo, ha sido publicado en forma de Real Decreto. Se pretende evitar así el colapso de los juzgados, ante la más que previsible marea de demandas que iban a presentar los afectados.
La sentencia del TJUE pone en entredicho, entre otros, al TS, al Banco de España y al Gobierno que, en su momento, por acción o por omisión, se colocaron al lado del fuerte, los bancos; minusvalorando al débil, los hipotecados.
Bienvenido sea el mencionado mecanismo. No obstante, como han admitido en el propio Ministerio de Economía, “solo es un cauce para facilitar la solución, pero no una obligación para llegar a acuerdos”.
Este Real Decreto, abre la puerta a una distinción entre cláusulas suelo “buenas” y “malas”. Además, contradice abiertamente la sentencia de TJUE que ha declarado la falta de transparencia de todas las cláusulas suelo en los contratos con los usuarios de España.

Por consiguiente, no nos debería extrañar que cientos de miles de afectados se vean obligados a ir a los juzgados para salvaguardar sus legítimos intereses. Sin embargo, eso, supondría, un grave fracaso del procedimiento extrajudicial ideado por el Gobierno. Y sería muy lamentable.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 02/02/17

BUSCANDO UN LÍDER

La historia reciente del socialismo español es un cúmulo de despropósitos, decisiones desafortunadas y egocentrismos políticos.
De hecho, la cosa viene de lejos. Hace ya mucho tiempo que el PSOE pierde adeptos elección tras elección. Su nicho de votos es cada vez más reducido y la desconexión con las clases medias urbanas, profesionales liberales y los jóvenes es una realidad. El votante, tipo, socialista es de edad avanzada y residente, de forma muy mayoritaria, en el medio rural.
De todos modos, el gran descalabro se empezó a fraguar aquella fatídica noche del 10 de mayo de 2010, cuando José Luís Rodríguez Zapatero hincó la rodilla ante las exigencias de los Mercados con la aquiescencia de Ángela Merkel.
Fue a partir de ahí cuando los socialistas empezaron la caída libre. Así, ante la renuncia de Rodríguez Zapatero a repetir como candidato a ocupar La Moncloa, el Comité Federal del PSOE, propuso a Alfredo Pérez Rubalcaba como aspirante a la presidencia del gobierno para las elecciones que se celebrarían en noviembre de 2011.
Tras la derrota en esas elecciones generales, Rubalcaba presentó su candidatura a la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español en un Congreso celebrado en Sevilla. De ese modo, se convirtió en el nuevo secretario general socialista tras vencer por 22 votos a la candidatura liderada por Carme Chacón.
Tras el mencionado Conclave la organización quedó fracturada y convertida en un reino de taifas. La falta de un horizonte compartido mínimamente esperanzador, dio como resultado que cada cual se ocupara de su jardín sin preocuparse del huerto del vecino, es decir, sin tener un proyecto común.
En 2014, después de los malos resultados cosechados por el PSOE en los comicios europeos, Rubalcaba abandonó el cargo de secretario general y renunció a su acta de diputado en el Congreso 
A renglón seguido y casi contra todo pronóstico Pedro Sánchez ganó las elecciones primarias y se convirtió en el nuevo secretario general de los socialistas, escogido por primera vez por todos los militantes. Eso hizo que un halo de esperanza iluminara a los alicaídos seguidores de Pablo Iglesias Posé. Sin embargo, ya se sabe que la alegría dura poco en casa del pobre y con las elecciones generales de diciembre de 2105, los socialistas volvieron a la cruda realidad. Obtuvieron los peores resultados de su historia en democracia. Resultados que aún serían peores en los comicios generales que se llevaron a cabo en junio de 2016.
En todo ese tiempo, se fueron poniendo de manifiesto tanto las carencias de Sánchez para dirigir a su organización por las procelosas aguas de la política actual, como los graves problemas internos que atenazaban al PSOE, hasta convertirlo en un partido quebrado, incapaz de hacer llegar un mensaje creíble a la ciudadanía.
La crisis estalló en septiembre de 2106, cuando 17 miembros de la Ejecutiva Federal presentaron en bloque su dimisión para forzar, de ese modo, su disolución, y lograr así la renuncia de Pedro Sánchez. El 1 de octubre, tras rechazar el Comité Federal la propuesta de Sánchez de convocar un Congreso, éste presentó su dimisión como secretario general del PSOE dando así paso a la formación de la gestora que reclamaban sus críticos. Pocos días después, Sánchez entregaba su acta de diputado, dejando vacante su escaño horas antes de la votación de investidura de Mariano Rajoy.
Ahora, tras unos meses de evidente zozobra, parece que el partido vuelve a tener algo de pulso. En esas circunstancias, la comisión gestora ha nombrado un equipo para que redacte un programa y ha convocado un Congreso para el próximo mes de junio.
Ciertamente, eso está bien, aunque no son papeles lo que más necesitan, en estos momentos ni los militantes ni los votantes socialistas.
Lo que hoy precisa el socialismo español es un liderazgo potente que conecte con la sociedad, unas caras que sirvan de referencia y que estén dispuestas a hacerse con el poder y echar a los populares, no sé si a la papelera de la historia, pero sí a que los castiguen al rincón de pensar por lo mal que lo hicieron y el perjuicio que nos causaron cuando tenían mayoría absoluta.
Veremos si alguien capaz, primero, de convencer a los suyos y, después, componer un equipo que subyugue, en términos políticos a una mayoría social suficiente.
Desde luego, por el bien de todos, falta hace.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies. cat 30/01/17


CARTA ABIERTA A UN INDEPE

Apreciado Fulano de tal: Cientos de miles de personas -entre los que me incluyo-, durante más de cinco años, hemos sido asediados con f...