14 de juliol 2017

UNA SENTENCIA EJEMPLAR

En Cataluña estamos viviendo una situación política esperpéntica. Todo comenzó en un ya lejano 2006, cuando Mariano Rajoy y el PP, entonces en la oposición, entendieron que azuzar el espantajo de la catalanofobia, les suponía suculentos réditos electorales. Eso hizo que primero recogieran firmas contra el nuevo Estatuto de Cataluña que, por aquellos tiempos, acababa de ser aprobado en el Parlament y, después, no dejaran de maniobrar, hasta lograr un Tribunal Constitucional (TC), lo suficientemente afín, que tumbó partes sustanciales de la nueva ley.
Más tarde, en 2010, Artur Mas obtuvo una cómoda mayoría en las elecciones autonómicas catalanas y llegó a la Presidencia de la Generalitat con el mandato tácito de las clases acomodadas y burguesas de neutralizar los desbarajustes de los gobiernos de izquierdas; primero de Pasqual Maragall y después de José Montilla y devolver el “seny” a la máxima institución de Cataluña. 
En los primeros tiempos de su mandato, Artur Mas no tan solo pactó a menudo con el PP, sino que Convergencia fue, a cambio de nada, lacayo fiel de los populares en el Congreso.  Pero es que, además, aquí las tijeras se utilizaron mucho antes y con muchísima más intensidad que en el resto de España. La consecuencia fue que el Estado del bienestar quedó hecho unos zorros, y Artur Mas se convirtió en el adalid de los recortes.
Cuando ya no le quedaba casi nada que recortar, en una entrevista con Mariano Rajoy -entonces ya presidente del Gobierno de España- le pidió un sistema de financiación homologable al sistema de financiación vasco o navarro y como Rajoy le dijo no, plegó velas, se volvió a casa y se echó en brazos del independentismo, pensando (desconozco si honestamente o de forma cicatera), que esa era la mejor solución para Cataluña. Al poco, convocó nuevas elecciones para obtener una amplia mayoría que le permitiera llevar a cabo sus planes de ruptura con el Estado. Sin embargo, perdió 12 diputados. En esas circunstancias, otro en su lugar o hubiera dimitido o hubiera variado el rumbo. En cambio, él optó por facella y no enmendalla y se alió con ERC para salvar los muebles y poner rumbo a Ítaca. Poco tiempo después,2 se llevó a cabo la mascarada del 9-N y ya, en pleno desiderátum secesionista, convocó el 15-S como unas elecciones plebiscitarias que después, a la vista de los resultados, resulta que no lo fueron.
Sea como sea, a esas elecciones Junts pel Sí i la CUP se presentaron con un programa nítidamente independentista. Los primeros ganaron los comicios y junto con los antisistema aglutinan la mayoría absoluta en el Parlament. Una mayoría que podría resultar cómoda para gobernar y legislar como se ha hecho habitualmente, pero que resulta, a todas luces insuficiente, para llevar adelante las grandes cuestiones que se han propuesto. Así, por ejemplo, con esa mayoría ni se puede aprobar una ley electoral ni se puede reformar el Estatuto. Además, en el tiempo que llevamos de legislatura, se ha demostrado su gran inestabilidad. Eso hizo que Mas no pudiera repetir como presidente -pese a ser el candidato de Junts pl Sí-, que no se pudieran aprobar los presupuestos de 2016 o que el presidente Carles Puigdemont se tuviera que someter a una cuestión de confianza, para no echarlo todo a rodar.
Pues bien, esa mayoría parlamentaria tan poco sólida, ignora que el Estado de derecho es aquél en lo que todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, así como la ciudadanía, están sometidos al derecho, o sea a la Constitución y a las leyes. En esas circunstancias, ni los poderes públicos ni la ciudadanía pueden hacer lo que les venga en gana, sino aquello que está dentro del ordenamiento jurídico. Nadie puede dejar de cumplir la ley, aunque no le guste o la considere injusta. 
Con frecuencia, los miembros de esa mayoría parlamentaria argumentan que tienen un mandato democrático para llevar Cataluña hacia la independencia, porque en el programa electoral así se explicitaba. Sin embargo, olvidan que un parlamento jamás puede emitir un mandato para infringir las leyes vigentes (máxime cuando esa legislación emana de cámaras, como mínimo, tan democráticas como la del Parc de la Ciutadella). De ser así, ¿con qué legitimidad moral se puede exigir a los ciudadanos o a otras instituciones que cumplan la ley?
En este contexto, la sentencia dictada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anula la tasa que el Ayuntamiento de Barcelona pretendía imponer a las viviendas vacías de grandes tenedores, es ejemplar, en tanto que pedagógica. En la misma, no se cuestiona la bondad o maldad de la iniciativa, sino que el consistorio ha actuado en un ámbito para el que no tiene competencias.
De igual manera, el Govern de la Generalitat y el Parlament de Cataluña están tomando decisiones y legislando sobre temas para los que no han sido facultados.
Sinceramente, estamos ante una obviedad que no debería ser muy difícil de comprender. Pero, lamentablemente, parece que algunos han agotado su capacidad de comprensión y las meninges no les dan ya para más. Claro, que así les van las cosas.

Bernardo Fernández
Publicado en e-noticies 14/07/17



27 de juny 2017

UNA GRAN OPORTUNIDAD

Los pasados días 17 y 18 de este mes de junio, el PSOE celebró su 39º Congreso. Antes de las elecciones primarias, que los socialistas llevaron a cabo el pasado mayo, nadie podía imaginar que este cónclave acabaría siendo tan plácido, como finalmente fue. Eso ha sido así porque Pedro Sánchez obtuvo una cómoda victoria en el proceso electoral antes mencionado.
Con ese panorama de fondo, el flamante Secretario General se ha hecho un equipo a medida y ha puesto en los lugares de responsabilidad gentes de su confianza y que le dieron apoyo en los momentos sumamente difíciles y complicados que Sánchez tuvo que superar desde aquel nefasto Comité Federal del 1 de octubre, hasta lograr la victoria en las primarias de mayo.
Ahora, Pedro Sánchez tiene ante sí un camino que se bifurca y él debe decidir porque vía decide transitar para conquistar el futuro. Puede optar por un hiper liderazgo fuerte y bien pertrechado, y convertir el partido en poco más que un cortejo de amigos y aduladores. En mi opinión, sería una opción que, en principio, la aplastante victoria obtenida en el proceso electoral interno le permitiría tirar durante un tiempo. No obstante, muy probablemente, sería un proyecto menguante con fecha de caducidad a corto-medio plazo.
Por el contrario, y eso me parece lo más razonable, puede poner en práctica un liderazgo con contrapesos y hacer de la pedagogía política, el debate sin apriorismos y la confrontación de ideas uno de los puntos fuertes de su arquitectura partidista.  Asimismo, sería muy positivo que para revitalizar el partido tomase como referencia normas, usos y costumbres de partidos socialistas nórdicos y centroeuropeos. Estaría bien, por ejemplo, hacer conferencias anuales, elegir a todos los cargos orgánicos y públicos por el voto directo de los afiliados. ¿Alguien puede explicar porqué si se escoge a un secretario general mediante elecciones primarias, no se hace de lo mismo para escoger a los diputados o a los regidores? ¿Será porqué así el aparato del partido perdería poder? Será.
Se trata de poner la casa al día, y para ello se precisa, entre otras cosas, ir a una financiación de los partidos y una organización interna más democrática y transparente; equiparable, como mínimo, a la transparencia y a la democracia existentes en otros ámbitos de la vida civil.
Después, una vez puesta la casa propia al día, habrá llegado el momento de llevar a cabo un proyecto que promueva el crecimiento y reduzca el desempleo. También será necesario desarrollar un nuevo modelo de producción que supere la época del ladrillo. No se deberá obviar que nuestro Estado del bienestar es muy precario, como se puso de manifiesto con la crisis, por tanto, será inexcusable instrumentalizar políticas que garanticen la estabilidad de todos, pero sobre todo de los más desfavorecidos. En consecuencia, habrá que descartar incluso por ley, si es preciso, cualquier tipo de recortes sobre los logros conseguidos. De manera simultánea, habrá que buscar las necesarias complicidades para el fortalecimiento racional de la Unión Europea. Asimismo, se deberá buscar la cooperación pertinente para poder proyectar al mundo la imagen de una Europa unida, haciendo una UE al servicio de los ciudadanos, no de los mercados. Se trata de trabajar por la Europa de las personas.
En definitiva, necesitamos recuperar la política como elemento de transformación. Por otra parte, dado que nadie cuestiona que la izquierda es la mejor garante en cuestión de libertades, el socialismo español tiene la gran oportunidad de convertirse, también, en el defensor de la seguridad de las clases medias y populares. Si, aunque suene raro. Seguridad ante la delincuencia, el terrorismo, el infortunio, la enfermedad y la vejez, los desmanes de los más poderosos o los posibles desaguisados de alguna administración. De hecho, hay indicios racionales para pensar que la sociedad demanda, cada vez más, más Estado, pero eso sí, un Estado eficaz combativo y lo menos burocratizado posible.
Resulta evidente que desde que estalló la crisis, allá en 2007, la socialdemocracia europea ha ido perdiendo enteros en la bolsa política, a marchas forzadas. Ahí está, sin ir más lejos, al caso de Francia. De ostentar la Presidencia de la República, el socialismo francés ha pasado a obtener un irrelevante 6%, en las últimas elecciones legislativas celebradas pocos días atrás.
En España, sin embargo, la situación es, o puede ser, diferente. Aquí tenemos un Partido Popular desquiciado por la corrupción y que, además, ha demostrado una ineptitud suprema en casos como el de Cataluña. A esto, se quiere anteponer un proyecto populista, trasnochado y caduco como es el de Podemos, basado en un hiper liderazgo narcisista que ruborizaría al propio Narciso.
Pues bien, en ese contexto, es donde Pedro Sánchez tiene una gran oportunidad para poner en práctica todas sus capacidades de hombre de Estado y hacer reverdecer viejos laureles del socialismo en nuestro país, escribiendo nuevos capítulos de progreso, justicia y equidad social.
Esperemos que así sea, porque de lo contrario, es posible que no haya otra ocasión como ésta.

Bernardo Fernández

Publicado en E-notícies.com 26/06/17

03 de juny 2017

EL PROCÉS DE LA POSVERDAD

Desde hace un tiempo los analistas políticos utilizan con bastante frecuencia el término posverdad. Según la enciclopedia libre Wikipedia, es un neologismo que describe la situación en la cual, a la hora de crear y modelar opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. En mi opinión, ese enunciado define a la perfección la situación política que estamos viviendo en Cataluña.
En efecto, ideólogos y líderes independentistas han construido el relato secesionista catalán basado en una pretendida superioridad con respecto al resto del Estado a partir de la lengua y la cultura propias, qué si bien son valores a preservar y a potenciar no dan, ni pueden dar, derecho a privilegio alguno. Aquí se hace realidad aquella máxima de Joseph Göbbels, ministro de Ilustración Pública del Tercer Reich, según la cual, “una mentira dicha adecuadamente mil veces acaba siendo una verdad”.
Y eso es justamente lo que han hecho de forma torticera nuestros separatistas. Han aprovechado para beneficio propio y de su ideario su preponderancia en las instituciones, a la vez que han subvencionado generosamente a los medios de comunicación que les son afines para, de esa forma, asegurarse importantes cajas de resonancia.
Con ese panorama de fondo, ha resultado relativamente fácil proponer a los ciudadanos una independencia sin costes. Una bicoca donde todo serían ventajas. Lograda esa hipotética independencia Cataluña dejaría de ser expoliada, como lo es ahora por el pérfido Estado español. Además, las relaciones comerciales con el principal cliente (España), no se verían afectadas en nada Tampoco los catalanes, como ciudadanos de un nuevo Estado, deberíamos salir de la UE, por supuesto podríamos seguir utilizando el euro y no tendríamos el más mínimo problema para ser reconocidos por la comunidad internacional. Así se explica el arraigo de la cantinela de las balanzas fiscales, convertida, hábilmente, en el eslogan “España nos roba”. Aunque el propio Andreu Mas Colell, exconsejero de Economía y Conocimiento, reconoció al final de su mandato que no existía tal agravio. El caso es que el mensaje ya se había lanzado y con considerable éxito, por cierto. Después, que lo dicho sea verdad o no, poco importa. Las emociones y las creencias personales se han impuesto a la realidad objetiva.
Por otra parte, nos dijeron que el procés sería transversal, pacífico,  sin ningún tipo de violencia, algo así como la “revolución de las sonrisas”. Sin embargo,  los hechos son tozudos y en los cinco años que llevamos de bagatela “indepe” hemos ido conociendo la catadura moral y el talante político  de algunos tótems. Primero fue Artur Mas cuando nos advirtió que sería necesario utilizar la astucia para burlar al Estado. Hace unos meses era el exjuez Santiago Vidal quien nos dejaba estupefactos. El personaje, en distintas conferencias, aseguró que el Govern estaba desarrollando diversos preparativos para llevar a cabo el famoso referéndum. Así, por ejemplo, habló de la confección, por parte de la Generalitat, de una base de datos fiscales sin tener, como es sabido, competencia para ello y atentando, por consiguiente, contra la legislación de protección de datos. Imperdonable, si es cierto, por lo que tiene de delito e insoportable, si tan solo era una elucubración, por lo que tiene de esperpéntico.
Semanas atrás Lluís Llach no se anduvo con chiquitas y amenazó sin tapujos a todos aquellos, y en especial a los funcionarios, que no acaten la ley de desconexión cuando la misma sea aprobada.
Recientemente un prestigioso medio de comunicación ha publicado un “borrador secreto de la ley de secesión de Cataluña” (Ley de Transitoriedad Jurídica, en el argot de los entendidos). Pues bien, ahí se dicen cosas tan peregrinas como que los jueces serán controlados por la Generalitat, que se suprimirá la división de poderes o que los funcionarios deberán solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo, entre otras menudencias por el estilo. Sin embargo, nadie ha desmentido esa información, los voceros más o menos oficiales se han limitado a decir que este borrador estaba ya desfasado.
Como colofón a este breve análisis de la situación política en Cataluña, ha de quedar claro que la independencia es una opción política tan legítima como cualquier otra. Ahora bien, lo que no es legítimo es que el fin justifique los medios, que el secretismo se haya convertido en norma y la transparencia en excepción. Que el pocès de transversal no tenga nada ya que pretende que el catalán sea la única lengua oficial y, en consecuencia, más de la mitad de la ciudadanía se verá obligada a utilizar un idioma que no es el suyo. Además, actitudes cicateras y malas praxis están a la orden del día. Y la violencia en forma de amenaza ya ha hecho acto de presencia. Si a eso le añadimos la deformación de la realidad en forma de psoverdad y la manipulación de los hechos en beneficio propio, nos encontramos con un combinado altamente tóxico que está contaminando muy seriamente la convivencia en una sociedad que hasta hace bien poco era referencia.  Lo lamentable es que eso sucede porque algunos han decido echarlo todo a rodar antes que admitir como error su propia alucinación.
En esas estamos.

Bernardo Fernández

Publicado en E-notícies.cat 29/05/17

17 de maig 2017

DESPUÉS DE LAS PRIMARIAS

El sistema de elección de un dirigente, mediante la participación de toda la militancia de la organización, es, parafraseando a Winston Churchill, el menos malo de todos los conocidos. Puestos a cometer errores y a hacer una mala elección, siempre es preferible que se equivoque el pleno del partido que un sanedrín que decide por sistema digital quien debe liderar al grupo.
De hecho, el Partido Socialista atesora una larga experiencia en estas lides. Se cumplen ahora 19 años de las primeras elecciones primarias que se celebraron en España. Entonces fueron para escoger al candidato a la presidencia del gobierno del país y los contendientes fueron Joaquín Almunia y Josep Borrell. Contra todo pronóstico ganó el segundo; si bien la mala praxis del aparato del partido y la mandíbula de cristal del candidato hicieron que, a los pocos meses, éste presentara su dimisión.
Después, otros procesos de elección, mediante elecciones primarias, tanto para escoger dirigentes orgánicos, como aspirantes a alcaldías o presidencias de comunidades autónomas, han jalonado la historia más reciente del socialismo español.
Ahora son tres los candidatos que aspiran erigirse en secretario general del PSOE el próximo 21 de mayo. De los tres, como se puso de manifiesto con la búsqueda de avales, la candidatura de Patxi López parece la que menos posibilidades tiene de alzarse con la victoria. De hecho, el ex lendakari ha optado por una campaña de presupuesto muy escaso, con muchos kilómetros de recorrido, buscando el contacto con la militancia. Para algunos López es la liebre que ha de distraer votos a Pedro Sánchez.
Quisiera equivocarme, pero mucho me temo que tras el proceso de elecciones primarias para liderar el PSOE, gane quien gane, el partido va quedar seriamente fraccionado y las heridas producto de esa fractura van a ser difíciles de cicatrizar.
En estos momentos quien más predicamento tiene entre las bases del partido, es el ya mencionado Pedro Sánchez y, al fin y al cabo, quien decide con sus votos es la militancia. No obstante, no se puede obviar que el otrora secretario general ha perdido soportes entre los cuadros y cargos públicos del partido. Además, no podemos perder de vista que sería muy complicado llevar a la práctica un proyecto de cierto calado teniendo de espaldas a la práctica totalidad de los barones. Esto puede gustar o no, pero es una realidad incuestionable y la misma legitimidad tendrá el que resulte ganador de las elecciones internas que aquellos que ganaron las elecciones en un pueblo, una ciudad o una comunidad autónoma.
Y nos queda por visualizar la candidatura de Susana Díaz que hizo su presentación oficial en los últimos días de marzo, arropada por todo el PSOE “de siempre” y poniendo de manifiesto su voluntad de continuismo con aquel proyecto. Ciertamente, fue un proyecto que le dio a este país una vuelta que después no lo reconocía ni la madre que lo parió, como dijo uno de los apóstoles que dio soporte a Díaz el día de su puesta de largo política. En estas circunstancias y tal y como anda la ciudadanía está por ver si con ese discurso puede, primero, ganar la secretaria general y luego –y eso es lo más importante-, es capaz de conectar con las clases medias urbanas, con los emergentes y con los profesionales que, no olvidemos, es el gran agujero negro, en el ámbito electoral, que tiene, desde hace mucho tiempo, el socialismo español.
Es evidente que el PSOE está viviendo una de las etapas más magras desde que se reinstauró la democracia en España; quizás, por eso, esta campaña de elecciones primarias resulta más enconada que ninguna. Se ha pasado de la discrepancia a la descalificación, el insulto a menudeado y las insinuaciones han sido hirientes. Es verdad que, con frecuencia, eso lo han hecho los equipos de los candidatos, pero éstos no se han molestado ni en desmentir, ni en rectificar, ni tan siquiera en matizar las puyas lanzadas por sus compañeros de viaje. Da la impresión de que algunos han olvidado que un socialista nunca es el enemigo de otro socialista.
Así las cosas, tras el 21 de mayo, unos y otros deberán esmerarse para restablecer la situación. El proyecto colectivo siempre ha de estar por encima de los personalismos. Para ello serán necesarias políticas de mano tendida, mucha capacidad y voluntad de integración, dialogo, negociación y acuerdo. El PSOE no puede seguir desangrándose mucho tiempo más y a la sociedad le conviene una socialdemocracia fuerte, estructurada y cohesionada. Dejar pasar esta oportunidad sería una grave irresponsabilidad y eso se acabaría pagando muy caro.

Bernardo Fernández

Publicado e-notícies.cat 15/05/17

10 de maig 2017

POR SENTIDO COMÚN

Mal les pese a los profetas de las catástrofes y a los agoreros sistemáticos, la recogida de avales para los aspirantes a secretario general del PSOE ha sido una nueva lección de participación y democracia interna de los socialistas. Ciertamente, es una lástima que una militancia tan leal, tenaz y perseverante no tenga, a día de hoy, ni un proyecto con el que ilusionarse ni un dirigente con carisma y capacidad política que esté a la altura, pero así son las cosas.
No obstante, esta batalla democrática por la recogida de avales ha merecido la atención de los medios y la mirada, más o menos recelosa, de los adversarios. Eso demuestra que el partido socialista pese a estar en horas bajas, sigue siendo mucho partido, aunque a algunos les gustaría darlo por finiquitado.
El interés que entre los afiliados ha despertado este proceso, lo demuestran los números: de 187.949 militantes censados, casi 133.000 han avalado a uno de los tres candidatos en liza. Susana Díaz con casi 60.000 avales ha sido quien más ha obtenido, mientras que Pedro Sánchez se ha quedado con unos 6.000 menos y, muy lejos, Patxi López con menos de 11.000 superando por poco más de 1.000 el mínimo exigido de 9.368 para poder pasar a la siguiente ronda.
Con este panorama de fondo y a tenor de lo sucedido, no queda otra que interpretar esa recogida de firmas como una primera vuelta de las primarias. En esas circunstancias, lo más razonable sería que el candidato con menos avales, dada la situación que está viviendo el socialismo y el mano a mano en que se ha convertido este proceso, presentara su renuncia a seguir compitiendo. En mi opinión, se equivoca Patxi López al considerar que su candidatura es más necesaria que nunca ante la fractura -que según él- sufre el partido, entre los partidarios de Sánchez y Díaz. Lo que puede lograr el vasco, si no se apea de la carrera, es la frustración de sus votantes, la suya propia, condenar a quienes le apoyan a la irrelevancia y quien sabe si, también, a distorsionar los resultados finales. Cuando los duelos son en la cumbre ni los sobresalientes ni los subalternos deben aparecer en pantalla.
Patxi López fue elegido secretario general del partido socialista vasco en 2002. En 2009, pese a quedar los socialistas como segunda fuerza en las elecciones al Parlamento Vasco, tras el PNV, fue elegido lendakari al llegar a un pacto de investidura con el PP. Después, en 2012, el PNV volvió a ganar las elecciones autonómicas e Iñigo Urkullo asumió la lehendakaritza.
Tras las elecciones generales de 2015, fue propuesto para presidente del Congreso de los Diputados, gracias al acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos un día antes de la constitución de la Cámara, acuerdo al que el PP se sumó no presentando ningún candidato a presidir la cámara baja. Fue investido presidente del Congreso de Diputados el 13 de enero de 2016. En enero de 2017 anunció su decisión de presentarse a las primarias para la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español.
En definitiva, Patxi López tiene una envidiable trayectoria política y una hoja de servicios impresionante. Es, en mi opinión, un buen tipo, un gran socialista y una mejor persona. Sin embargo, ahora, tras comprobar cómo están las fuerzas tras la recogida de avales me parece oportuno señalar que por sentido común y, pensando en el bien del partido, debería retirar su candidatura. No es su momento.
Al menos, eso creo yo.

Bernardo Fernández

Publicado el 08/05/17 en E-noticies.cat.

08 d’abril 2017

SIN SOLUCIÓN, DE MOMENTO

Por fin, después de estar varios meses mareando la perdiz, el domingo, 26 de marzo, Susana Díaz hizo pública su candidatura para lidera el Partido Socialista Obrero Español. Según dicen las crónicas la “Sultana” reunió a unas 9.000 personas en el recinto ferial Ifema de Madrid. Allí estaban todos. Los que fueron, los que son y los que quieren ser. Además de los cuatro apóstoles (Felipe, Zapatero, Guerra y Rubalcaba), también estaban Guillermo Fernández Vara, Emiliano García Page o Ximo Puig entre otros muchos. Es decir, el aparato, aparato. Tampoco faltaron viejas glorias como José Bono, Matilde Fernández o Carme Chacón, ésta última, aún en edad de merecer.
De todos modos, quien se llevó el gato al agua -según mi modesto entender-, fue el alcalde de Cornellá, Antonio Balmón, cuando, actuando como telonero, dijo que “el PSOE es el PSC y el PSC el PSOE”. ¡Madre mía! Este chico aún no se ha enterado de que va la película, por qué si el PSOE es igual al PSC, ¿no teníamos bastante con la Federación catalana del PSOE? ¿A qué venía entonces fundar otro partido? Quizás sólo con la Federación algún que otro disgusto nos hubiéramos ahorrado.
El problema estriba en que Balmón forma parte de la dirección de PSC, y el PSC, por boca de su primer secretario, Miguel Iceta, se comprometió a ser estrictamente neutral en el proceso de elecciones primarias para escoger el nuevo secretario general de los socialistas, y los compromisos siempre es bueno cumplirlos. Claro que lo mismo podría decirse de Nuria Parlón, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, al igual que el alcalde Cornellá integrante de la dirección del partido, cuando da soporte público a Pedro Sánchez.
Por otra parte, sería deseable que los medios de comunicación fueran absolutamente imparciales. No es de recibo que un periódico como EL PAÍS, en su edición del lunes 27 de marzo, dedique dos páginas al acto de Díaz y despache con media página a Sánchez y López respectivamente. Respeto, señores. Respeto.
En cualquier caso, que nadie se equivoque. En mi opinión, ninguno de los tres candidatos tiene la solución a los problemas que el socialismo tiene planteados y le están convirtiendo, poco a poco, en una fuerza política casi residual. Basta echar un vistazo al resto de Europa para contrastar esta afirmación.
Las causas de la debacle socialdemócrata son profundas y complejas y deben buscarse en ámbitos diversos. En estas circunstancias, resulta bastante sencillo constatar que la crisis en la que anda sumido el socialismo español no es demasiado diferente a las crisis que están padeciendo los distintos partidos socialistas europeos.
Entre otras cosas, ocurre que los partidos socialdemócratas han ido rebajando sus planteamientos. Hoy día, parece que el programa máximo de la socialdemocracia consiste en relajar los plazos de los ajustes y reclamar algo de inversión pública.
Se debería explicar que no se trata de prescindir del Estado de bienestar, que tendrá que seguir existiendo, pero habrá que reformarlo para hacerlo más eficiente y sostenible. La desigualdad social es consecuencia de una desigualdad previa en la distribución del poder económico. Por eso, pueden ser necesarias intervenciones para fragmentar el poder financiero (concentrado en unos pocos bancos, sobre todo, ahora, tras la desaparición de las cajas).
Se hace necesario repensar las ideas fuerza de la izquierda reformista. Hay que volver a ilusionar a la sociedad, pero sobre todo a las clases medias y populares, sin dejar fuera a aquellos que sufren desigualdad y marginación. Sólo así se podrá conectar de nuevo con los ciudadanos, lograr que vuelvan a participar y recuperar su confianza.
Si a partir de ahí se construye un proyecto sólido y acto seguido un programa aplicable que ilusione, el líder surgirá por añadidura.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies.cat 30/03/17

09 de març 2017

VIA CRUCIS SOBERANISTA

Han pasado doce años desde que Pasqual Maragall denunciara, en sede parlamentaria, el 3% de las supuestas mordidas de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), por otorgar obra pública.
Entonces, muchos, entre ellos Artur Mas, calificaron aquello de una Maragallada sin fundamento. El propio Mas instó a Maragall a que se retractara de su acusación so pena de enviar a “hacer puñetas” el proceso del nuevo Estatuto que en aquellos tiempos estaba en plena elaboración. Después, Artur Mas siempre han negado, tanto fuera como en el mismo Parlament, cualquier irregularidad en la financiación de su partido, Convergencia Democrática de Cataluña.
Sin embargo, el hecho cierto es que desde hace un tiempo los registros a las sedes de Convergencia, empresas de presuntos colaboradores, así como las detenciones de los hombres que manejaban los dineros de CDC y de empresarios sospechosos de ejercer de proveedores económicos de forma ilícita del nacionalismo, viene a ser algo así como el pan nuestro de casi cada día. En consecuencia, aquella afirmación del exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat, ha acabado siendo una realidad, aceptada por todo el mundo…, bien, por todo el mundo, menos por los nacionalistas, claro.
Según Josep Bosch, magistrado de El Vendrell que investiga la presunta trama de financiación irregular de CDC, el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública, esto suponía una “parte esencial de los ingresos de Convergencia”.
En opinión del juez, el tesorero de CDC Andreu Viloca es uno de los impulsores de la trama. Este individuo ha resultado ser mucho más que un simple responsable de finanzas. Era la “clave de bóveda” de un “sistema” organizado para “facilitar la adjudicación de obras públicas a las empresas donantes”, sostiene el magistrado. Viloca era el responsable de hacer gestiones y mediaciones con organismos públicos y llevaba un férreo control de los concursos licitados en ayuntamientos, diputaciones y diversos organismos gobernados por CDC. Funciones “totalmente ajenas a sus ámbitos de actuación como tesorero”. Las donaciones de las constructoras servían para “catalizar a modo de recompensa, la concesión de determinadas obras públicas”, razona Josep Bosch en un auto de octubre de 2015.
Pues bien, por si todo esto fuera poco, ahora, tras ocho años de tortuosa instrucción de la causa, ha llegado, por fin, la vista oral del caso Palau.
Para empezar, la defensa de CDC decidió renunciar a la declaración de treinta y seis testigos, la mayoría de ellos dirigentes históricos del partido. De esa forma se h querido evitar su exposición pública. Entre los mismos había pesos muy pesados como Pere Macias o Felip Puig, ambos consejeros de Política Territorial y Obras Públicas en diferentes Gobiernos de Jordi Pujol. De ellos se esperaba que acreditasen que las adjudicaciones de los Ejecutivos nacionalistas de la Generalitat cumplieron escrupulosamente con la Ley. Sin embargo, las declaraciones de Félix Millet y los Monttull (padre e hija), han cambiado el panorama de forma radical.
En efecto, Fèlix Millet, por fin, ha tirado de la manta. Y con toda rotundidad ha declarado que “el Palau de la Música recibía dinero en metálico de Ferrovial”, que luego él se encargaba de que llegara a la dirección de CDC.
Esos pagos eran una compensación a cambio de contratas de obra pública que concedía la Generalitat o los ayuntamientos gobernados por CDC a la empresa de la familia Del Pino. La mordida era del 4% del valor de la obra: 2,5% para CDC y el 1,5% restante para el propio Millet y su segundo, Jordi Montull.
Por su parte, Gemma Montull no ha dudado en calificar de “práctica habitual” el trasiego de dineros a CDC, el Palau mediante. Asimismo, ha señalado a Millet como máximo controlador de los movimientos económicos en la oscuridad.
Con estas declaraciones se pone en evidencia que Mas mentía cuando negaba que Convergencia se financiaba de forma irregular. Y de nada sirve que alegue ignorancia porque él era líder de su partido cuando éste recibía dinero de Ferrovial a cambio de obra pública, con Félix Millet como porteador de las mordidas y, por consiguiente, debe asumir todas sus responsabilidades políticas que visto lo visto ni son pocas ni son menores.
Además, en estas circunstancias, por mucho que la portavoz de PDCAT, Marta Pascal, afirme que la dirección “sólo se ocupa de las cosas que ocupan al Partido Demócrata”, no es menos cierto que su organización es heredera política directa de la antigua Convergencia. Así, por ejemplo, conviene recordar aquí qué Artur Mas fue presidente de CDC y ahora lo es del PDCAT. De igual manera, nombres destacados del ámbito político que ayer militaban en la vieja Convergencia, hoy lo hacen en el nuevo Partido Demócrata.
En definitiva, todos tenemos nuestra historia, con sus luces y sus sombras y debemos llevar la mochila a nuestras espaldas y las organizaciones políticas no son una excepción. Por tanto, a juzgar por los acontecimientos, a los nacionalistas catalanes les ha llegado el momento de rendir cuentas no solamente a la judicatura, que sí; sino a la ciudadanía y que asuman sus responsabilidades que ya va siendo hora. Y ahora sí que toca.

Bernardo Fernández
Publicado en e-noticies.cat 09/03/17


16 de febrer 2017

EL DÍA SIGUIENTE

Por si había alguna duda, en la clausura del Congreso del PP celebrado días atrás, Mariano Rajoy fue meridianamente claro al hablar de Cataluña: “nunca permitiré la celebración de un referéndum que prohíbe nuestra Constitución, que busca la independencia de Cataluña y la ruptura de España”, dijo. No obstante, a renglón seguido, Sergi Sebrià, Portavoz de ERC, en una entrevista en un prestigioso medio de comunicación, manifestaba: “la decisión que salga de las urnas se ejecutará enseguida. Si gana el sí proclamaremos la independencia al día siguiente.
Pues bien, imaginemos que por alguna razón que desconocemos el Gobierno de España y el de la Generalitat acuerdan un referéndum legal y vinculante sobre la independencia de Cataluña. Sigamos imaginando y supongamos que se celebra esa consulta y gana el sí. ¿Qué sucederá el día siguiente? Pues para muchos será un día de gran júbilo, para otros uno de los días más negros de su existencia y para el resto ni lo uno ni lo otro.
Sin embargo, más allá de la esfera privada de los sentimientos de cada cual que es personal e intransferible, la realidad es que las autoridades catalanas deberán gestionar una economía debilitada, por las más que segura fuga de empresas, regular la banca, sostener el ya maltrecho Estado del bienestar, pagar los más de 75.000 millones de euros de deuda que arrastramos y asumir la deuda que nos corresponda como parte del Estado que se abandona. Al mismo tiempo, habrá que solicitar a la ONU que nos reconozca como Nación y abrir unas complicadas negociaciones con la UE para que nos acojan lo más pronto posible. Además, de forma simultánea, alguien tendrá que gestionar la red eléctrica o solicitar un prefijo para las llamadas internacionales. Por si todo eso fuera poco, las autoridades del nuevo Estado se deberán esmerar en poner rápidamente en funcionamiento un servicio de inteligencia para proteger a los ciudadanos de posibles atentados terroristas. Todo eso, entre otros asuntos no menores que irían desde cómo pagar las pensiones o que modelo de Seguridad Social se pondría en marcha, así como un largo etcétera de temas que dan sentido y razón de ser a un Estado.
En cambio, si en esa hipotética consulta ganase el no o, simplemente, no se llegara a realizar (que es lo más probable,) la mayoría de las cuestiones mencionadas estarían solventadas, en vías de solución o en el peor de los casos serían responsabilidad de otra administración. Así la administración autonómica podría dedicarse en cuerpo y alma a aquellos asuntos que le son propios y que básicamente y en esencia son: el bienestar de la ciudadanía y todo lo relacionado con una mayor calidad de vida de los ciudadanos. Algo que, por cierto, ha quedado olvidado desde que se decidió iniciar el viaje a Ítaca; pues como se ha demostrado reiteradamente, entre la cuestión nacional y la cuestión social siempre prevalece el hecho identitario.
Por otra parte, es evidente que, por mucho que nacionalistas de uno y otro lado se empeñen en plantear la estatalidad como un fin, en realidad no deja de ser un medio, y en un mundo cada vez más globalizado y de soberanías compartidas querer desgajar una parte de un Estado, no deja de ser un grave anacronismo. Los independentistas catalanes lo saben, igual que saben que en Cataluña ni a corto ni a medio plazo se va a celebrar un referéndum sobre la independencia, ni ésta se va a separar de España. Otra cosa es que, algo que empezó para plantar cara al Gobierno central (recordemos aquí la mayoría absoluta de Rajoy obtenida en 2011), cuando éste se negó a hablar sobre la financiación, ha acabado convirtiéndose, primero en un dogma de fe y, después, en el modus vivendi de un grupo de vividores políticos que saben que cuando esto se acabe a ellos se les acaba el cuento, la nómina y el coche oficial. Pero, mientras, que no decaiga la fiesta.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies.cat 14/02/17
 


05 de febrer 2017

CLAUSULAS SUELO, SI, PERO NO

El pasado mes de julio el abogado general de la UE sorprendió a propios y extraños al hacer público un largo auto de 28 páginas, según el cual el sector financiero español no tenía que devolver todo lo cobrado en las cláusulas suelo de las hipotecas.
De hecho, El Tribunal Supremo (TS) ya dictaminó que esas cláusulas eran abusivas, pero, sorpresivamente, permitió que las entidades bancarias sólo devolvieran las cantidades cobradas de más desde la fecha de la sentencia, 9 de mayo de 2013. Eso hizo que los afectados acudieran a la justicia europea con la esperanza de que ésta fallara la devolución de todo el dinero cobrado de forma inadecuada.
Ahora, por fin, El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto las cosas en su lugar. Según sentencia del 21 de diciembre de 2016, todas las clausulas suelo hipotecarias son nulas desde que se firmaron. En consecuencia, los bancos han de devolver todo el dinero cobrado por ese concepto desde el primer día y no sólo desde 2013, como falló el TS.
Eso ha hecho que el Gobierno pacte un mecanismo extrajudicial con PSOE y Ciudadanos que articula la devolución de los dineros cobrados indebidamente por la banca. El mismo, ha sido publicado en forma de Real Decreto. Se pretende evitar así el colapso de los juzgados, ante la más que previsible marea de demandas que iban a presentar los afectados.
La sentencia del TJUE pone en entredicho, entre otros, al TS, al Banco de España y al Gobierno que, en su momento, por acción o por omisión, se colocaron al lado del fuerte, los bancos; minusvalorando al débil, los hipotecados.
Bienvenido sea el mencionado mecanismo. No obstante, como han admitido en el propio Ministerio de Economía, “solo es un cauce para facilitar la solución, pero no una obligación para llegar a acuerdos”.
Este Real Decreto, abre la puerta a una distinción entre cláusulas suelo “buenas” y “malas”. Además, contradice abiertamente la sentencia de TJUE que ha declarado la falta de transparencia de todas las cláusulas suelo en los contratos con los usuarios de España.

Por consiguiente, no nos debería extrañar que cientos de miles de afectados se vean obligados a ir a los juzgados para salvaguardar sus legítimos intereses. Sin embargo, eso, supondría, un grave fracaso del procedimiento extrajudicial ideado por el Gobierno. Y sería muy lamentable.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 02/02/17

BUSCANDO UN LÍDER

La historia reciente del socialismo español es un cúmulo de despropósitos, decisiones desafortunadas y egocentrismos políticos.
De hecho, la cosa viene de lejos. Hace ya mucho tiempo que el PSOE pierde adeptos elección tras elección. Su nicho de votos es cada vez más reducido y la desconexión con las clases medias urbanas, profesionales liberales y los jóvenes es una realidad. El votante, tipo, socialista es de edad avanzada y residente, de forma muy mayoritaria, en el medio rural.
De todos modos, el gran descalabro se empezó a fraguar aquella fatídica noche del 10 de mayo de 2010, cuando José Luís Rodríguez Zapatero hincó la rodilla ante las exigencias de los Mercados con la aquiescencia de Ángela Merkel.
Fue a partir de ahí cuando los socialistas empezaron la caída libre. Así, ante la renuncia de Rodríguez Zapatero a repetir como candidato a ocupar La Moncloa, el Comité Federal del PSOE, propuso a Alfredo Pérez Rubalcaba como aspirante a la presidencia del gobierno para las elecciones que se celebrarían en noviembre de 2011.
Tras la derrota en esas elecciones generales, Rubalcaba presentó su candidatura a la secretaría general del Partido Socialista Obrero Español en un Congreso celebrado en Sevilla. De ese modo, se convirtió en el nuevo secretario general socialista tras vencer por 22 votos a la candidatura liderada por Carme Chacón.
Tras el mencionado Conclave la organización quedó fracturada y convertida en un reino de taifas. La falta de un horizonte compartido mínimamente esperanzador, dio como resultado que cada cual se ocupara de su jardín sin preocuparse del huerto del vecino, es decir, sin tener un proyecto común.
En 2014, después de los malos resultados cosechados por el PSOE en los comicios europeos, Rubalcaba abandonó el cargo de secretario general y renunció a su acta de diputado en el Congreso 
A renglón seguido y casi contra todo pronóstico Pedro Sánchez ganó las elecciones primarias y se convirtió en el nuevo secretario general de los socialistas, escogido por primera vez por todos los militantes. Eso hizo que un halo de esperanza iluminara a los alicaídos seguidores de Pablo Iglesias Posé. Sin embargo, ya se sabe que la alegría dura poco en casa del pobre y con las elecciones generales de diciembre de 2105, los socialistas volvieron a la cruda realidad. Obtuvieron los peores resultados de su historia en democracia. Resultados que aún serían peores en los comicios generales que se llevaron a cabo en junio de 2016.
En todo ese tiempo, se fueron poniendo de manifiesto tanto las carencias de Sánchez para dirigir a su organización por las procelosas aguas de la política actual, como los graves problemas internos que atenazaban al PSOE, hasta convertirlo en un partido quebrado, incapaz de hacer llegar un mensaje creíble a la ciudadanía.
La crisis estalló en septiembre de 2106, cuando 17 miembros de la Ejecutiva Federal presentaron en bloque su dimisión para forzar, de ese modo, su disolución, y lograr así la renuncia de Pedro Sánchez. El 1 de octubre, tras rechazar el Comité Federal la propuesta de Sánchez de convocar un Congreso, éste presentó su dimisión como secretario general del PSOE dando así paso a la formación de la gestora que reclamaban sus críticos. Pocos días después, Sánchez entregaba su acta de diputado, dejando vacante su escaño horas antes de la votación de investidura de Mariano Rajoy.
Ahora, tras unos meses de evidente zozobra, parece que el partido vuelve a tener algo de pulso. En esas circunstancias, la comisión gestora ha nombrado un equipo para que redacte un programa y ha convocado un Congreso para el próximo mes de junio.
Ciertamente, eso está bien, aunque no son papeles lo que más necesitan, en estos momentos ni los militantes ni los votantes socialistas.
Lo que hoy precisa el socialismo español es un liderazgo potente que conecte con la sociedad, unas caras que sirvan de referencia y que estén dispuestas a hacerse con el poder y echar a los populares, no sé si a la papelera de la historia, pero sí a que los castiguen al rincón de pensar por lo mal que lo hicieron y el perjuicio que nos causaron cuando tenían mayoría absoluta.
Veremos si alguien capaz, primero, de convencer a los suyos y, después, componer un equipo que subyugue, en términos políticos a una mayoría social suficiente.
Desde luego, por el bien de todos, falta hace.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies. cat 30/01/17


13 de gener 2017

ECHAR EL RESTO

Los secesionistas catalanes saben que el tiempo se les acaba. Parece sorprendente, pero ellos solos se pusieron la soga al cuello al pronosticar que en 18 meses Cataluña sería independiente. En junio se cumplirá ese plazo y, a juzgar por cómo están las cosas, no es descabellado pronosticar qué de independencia, nada de nada.
Por eso, es de esperar que en estos meses que quedan hasta el verano, los independentistas echen el resto para forzar al máximo la situación. También es verdad que no ayuda a serenar los ánimos la judicialización de la política que se está haciendo desde el Estado.
Llegados a este punto, sería deseable que todas aquellas fuerzas, tanto políticas como sociales, que no están por la secesión redoblaran esfuerzos para poner de manifiesto las falacias con las que nos quieren embaucar. No debemos perder de vista que los interesados en ruptura, si alguna virtud tienen es la de la perseverancia, y, por consiguiente, utilizarán todo cuanto esté en su mano para cantar y contar las supuestas bondades de la secesión
Para la política catalana, el año 2016 ha sido convulso e intenso. Este nuevo 2017, se presenta con más dudas que certezas, si bien todo parece indicar que el conflicto irá in crescendo. En esas circunstancias, está por ver quién da su brazo a torcer.
De hecho, para muchos el margen de maniobra es de tres meses.  Después de ese tiempo, casi 400 cargos electos independentistas deberán desfilar por los juzgados acusados de diversos actos de desobediencia relacionados con el proceso independentista. Por eso, entre los secesionistas menudea la opinión de que una vez iniciado ese calvario judicial el diálogo será, definitivamente, imposible.
Desde luego, sea cual sea el final de toda esta historia, es incuestionable que el proceso secesionista ha fragmentado la situación política en Cataluña, está fracturando la cohesión social, y empiezan a aflorar riesgos tanto para la convivencia como para la economía.
Sería absurdo negar que la independencia es una opción legítima. De hecho, así lo afirmó el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida tiempo atrás. Ahora bien, no tiene en la sociedad catalana el arraigo suficiente para hacerla realidad. Si para reformar el Estatut hacen falta 2/3 de los diputados del Parlament de Cataluña, carece de lógica que con una mayoría simple se quiera proclamar la independencia. Es evidente que nadie daría validez a ese sin sentido. Pero es que además se situaría a las instituciones catalanas fuera de la legalidad.
Para los secesionistas la independencia es un bien superior, sean cuales sean sus costes. Nada que objetar. Sin embargo, no todos los catalanes somos de la misma opinión. En consecuencia, los dirigentes que propugnan esa salida como solución a todos nuestros males, tienen la obligación de explicar a la ciudadanía, con pelos y señales, los costes y beneficios que deberíamos asumir de triunfar esa opción.
Así por ejemplo, según Jean-laude Piris, director general del Servicio Jurídico de la UE de 1998 a 2010, aquellos que mantienen que la UE incorporaría a una supuesta Cataluña independiente demuestran un desconocimiento craso, tanto del derecho aplicable como de las realidades políticas en los Estados miembros de la UE.
Suponiendo –que ya es suponer- que aquí unos descerebrados proclamasen una declaración unilateral de independencia) (DUI) y se solicitase la integración de Cataluña como miembro de la Unión, tan solo se podría admitir la candidatura si cumpliese determinadas condiciones, tales como ser un Estado europeo o tener en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Pues bien, para poder ser reconocido como tal, sería necesario que a Cataluña la reconocieran los 28 Estados miembros de la Unión. Bastaría que uno solo negara ese reconocimiento para que el mismo no se llevara a cabo, como reza el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE).
Por otra parte, el letrado de la Administración de la Seguridad Social, José Domingo, sostiene que la creación de una frontera entre Cataluña y España conllevaría empobrecimiento, despoblación y envejecimiento demográfico para Cataluña, lo que se traduciría en pensiones más bajas.
Es evidente que un sistema de Seguridad Social es algo tremendamente complejo y, en consecuencia, resulta imprescindible regular perfectamente la financiación, quienes son los sujetos a proteger, cuales las prestaciones, y cuales los requisitos que dan derechos a las mismas entre otros asuntos no menores.  Asimismo, sería interesante saber cómo se calcularían las pensiones de los catalanes, de dónde saldría el dinero para pagarlas, cuál sería el nivel de protección social, o bien si la gestión de esa teórica Seguridad Social sería pública o privada. Son cuestiones que los nacional soberanistas no han explicado jamás. Como mucho han dicho que las pensiones en una Cataluña independiente podrían ser más elevadas que las actuales, sin razonar ni cómo ni por qué.
Justo es decir que Cataluña transfiere dinero a otras comunidades (éste es el cacareado tema de las balanzas fiscales). Ciertamente hay que buscar soluciones, que haberlas hay las. Ahora bien, no es menos cierto que las mencionadas balanzas fiscales tienen una conexión muy profunda con las balanzas comerciales.
El Centro de Predicción Económica, financiado, por siete comunidades autónomas, hizo público un informe en julio de 2015, según el cual Cataluña fue la autonomía con un saldo más positivo (unos 14.700 millones de euros en 2014) en las transacciones comerciales con el resto comunidades autónomas. ¿Alguien es capaz de pensar qué con una independencia de por medio en Cuenca o en Villanueva de los Caballeros (pongamos por caso) comprarían de igual manera los productos provenientes de Cataluña, al menos a corto y medio plazo? O ¿Estarían dispuestas las empresas asentadas en nuestro país a renunciar a un mercado potencial de casi 40.000 millones de personas qué es España?
En definitiva, se podría hacer una lista mucho más larga y exhaustiva de las falsedades utilizadas por los independentistas para llevar el agua a su molino. Pero considero que lo expuesto aquí es suficiente para calibrar la magnitud de la cuestión y tomar conciencia de lo que está en juego.
Por eso y porque en pocos meses nos jugamos mucho, es necesario que los líderes de opinión, políticos o no, que me consta contemplan con estupor el proceso, se desperecen y salgan a la palestra a decir en público, lo que dicen en privado.
Es el momento de contraponer a la demagogia y a la falsedad, el razonamiento coherente, la lógica y la verdad argumentada. Ahora,  les toca, también, echar el resto a los que no creen en entelequias. No vaya a ser que cuando nos queramos dar cuenta ya sea demasiado tarde.


Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies.cat 13/01/17