Días atrás el Vicepresidente
del Gobierno, Oriol Junqueras, presentó, a bombo y platillo los presupuestos
para 2017. Justo es decir que son unas
cuentas que contemplan un gasto considerable en cuestiones sociales. En
concreto se destinarán unos 1.700 millones más de euros que en 2015 a esas
partidas. De hecho, un 74% del total del presupuesto tiene como objetivo
materias como la sanidad, la educación u otros servicios de índole similar.
En esa presentación Junqueras
anunció que su prioridad era la recuperación del gasto social. Eso está bien.
No obstante, hay que observar que esas cuentas no revierten la batería de
recortes que en 2010 puso en marcha Artur Mas. En conjunto el gasto previsto
para 2017, si se aprueban estas cifras, será un 11,7% inferior a los últimos presupuestos
del tripartito 2010, comandado entonces por los socialistas.
En aquel año las partidas
sociales del Gobierno de la Generalitat sumaron 19.129 millones de euros,
mientras que para el próximo ejercicio la inversión prevista es de 16.883.
De todos modos, los recortes
siguen siendo el denominador común de todas las partidas. Así, por ejemplo, en
sanidad se está en un 10,50% menos de inversión que en 2010, si echamos un
vistazo a educación la diferencia es de 9,9% menos respecto al último presupuesto
del Gobierno de José Montilla, un 11,7% en promoción social y la friolera de un
44% menos en vivienda.
En cualquier caso, la partida
que ha soportado un mayor varapalo ha sido la destinada a reducir las listas de
espera. Se ha recortado ni más ni menos que 51 millones de euros. Ahí es nada.
Y eso, que Junts pel Sí y los antisistema de la CUP habían pactado un plan de
choque según el cual el Departamento de Sanidad dispondría de 96 millones de
euros, para reducir las larguísimas listas de espera existentes en Cataluña
desde que Artur Mas empezó a ejercer de Manos tijeras.
Con este panorama de fondo, a
los anticapitalistas les faltó tempo para anunciar que estos presupuestos, no
eran sus presupuestos. Si bien los cuperos celebraron que se haya incluido una
partida específica para el hipotético referéndum. A su vez lamentaron que no se
haya querido ir más allá en la carga impositiva a las fortunas más elevadas. En
consecuencia, esperan que en el trámite parlamentario sus aspiraciones se vean
reflejadas, de un modo u otro, cuando, por allá el mes de febrero, se aprueben
las cuentas.
Por su parte, el resto de
grupos parlamentarios ya ha anunciado iniciativas diversas, que van desde las
clásicas enmiendas a la totalidad, hasta impugnaciones o peticiones para que la
mesa reconsidere la admisión a trámite de la ley, dado que algunas partidas
incumplen la resolución del Tribunal Constitucional (TC). De hecho, los
letrados del Parlamento ya advirtieron que, si las cuentas vulneran lo previsto
por el TC, no podrían tramitarse.
En definitiva, con este
panorama de fondo, no sería de extrañar que después de esta martingala
presupuestaria que venimos soportando desde los primeros meses del verano -que
fue cuando la CUP se negó a dar su plácet para que las cuentas de 2016 se
tramitaran en sede parlamentaria-, ahora nos encontremos que estos presupuestos
son recurridos ante el Constitucional, y los ciudadanos de a pie nos quedemos
otra vez sin presupuestos.
Desde luego, no sería el fin
del mundo, pero la sanidad, la educación o los servicios sociales, entre otros,
dispondrían, nuevamente, de menos recursos. En consecuencia, eso equivaldría a
un nuevo atentado al Estado del bienestar y de esos hemos sufrido ya unos
cuantos. Y todo por la obcecación de unos irresponsables empeñados en practicar
lo impracticable.
¿Hasta cuándo estos descerebrados
abusaran de nuestra paciencia? Que diría un clásico.
Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies.cat
02/12/16
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