Esta
historia arranca en un ya lejano 2007, cuando el juez José Castro empieza a instruir la causa conocida como caso Palma Arena, contra Jaume Matas, antiguo presidente del
gobierno autonómico de las Islas Baleares. De ahí, se desprendieron más de 25
piezas separadas, una de ellas el caso Noós, en la que presuntamente existe
apropiación indebida de fonos públicos, malversación de caudales públicos y
fraude a la Administración. La determinación del juez instructor hizo que no le
temblara el pulso e imputara a un miembro de la Casa Real, la infanta Cristina de Borbón y Grecia.
Algo insólito hasta entonces por estos lares.
Pese a que se intentaron
diversas argucias legales para evitar que la infanta se sentara en el
banquillo, como por ejemplo el razonamiento de la abogada del Estado que sostenía
que eso de qué Hacienda somos todos era tan solo un eslogan publicitario. Al
final, Cristina de Borbón ha tenido que pasar por las horcas caudinas y ubicar
sus reales posaderas en el banco de los presuntos culpables como cualquier
mortal. Y es que, mal les sepa a algunos, Hacienda sí somos todos.
La cuestión es que la semana pasada se puso en marcha la última
fase del caso Nóos, más conocido entre la ciudadanía por el juicio de la
Infanta. La hermana del rey Felipe VI esta
acusada de un delito de supuesta cooperación en dos delitos tributarios que
habría cometido su marido, Iñaki Urdangarín, mediante la compañía Aizoon, S.L.
El asunto no es ninguna tontería,
hay una petición de 19 años y medio de cárcel para el cuñado del rey y de ocho
años para su mujer, la infanta Cristina. Hasta el momento, algunos de los
efectos colaterales de esa situación, presuntamente delictiva, han sido la
desaparición de la web de la Casa del Rey de Urdangarín o la caída del
callejero mallorquín de la infanta y su marido. Pero este affaire puede tener
consecuencias de mucho más calado, como por ejemplo que la Casa Real salga
salpicada en alguna declaración de los muchos investigados o testigos que han
de pasar por la Audiencia de Mallorca. Y esto puede ser así porque deberán dar
explicaciones a la justicia diversos ex altos cargos de la Zarzuela que, a su
vez, gozaron de gran confianza por parte de la familia real.
Todo indica que, a lo largo
de la vista oral, se va a desmenuzar una manera de hacer bastante generalizada durante mucho tiempo en
la vida pública española. La lista de autoridades de Baleares, Madrid y
Valencia que han de pasar por el juicio es impresionante: Francisco Camps,
Rodrigo Rato o Rita Barbará entre otros. También “gente guapa” como presidentes
y ex presidentes de equipos de fútbol, ex atletas olímpicos, banqueros o lo más granado de los constructores habituados
a trabajar para las administraciones. O sea, lo mejor de cada casa.
Con este paisaje de fondo,
resulta difícil pensar que no existieran ciertas concomitancias entre estos
personajes y las más altas esferas del Estado. En consecuencia, no sería de extrañar que
cualquier día salte alguna sorpresa.
Sin solución de continuidad,
Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola y al día siguiente el primogénito,
Jordi Pujol Ferrusola, comparecían en la
Audiencia Nacional para explicar al magistrado de la Mata la procedencia de los
dineros que tienen depositados en Andorra. Mientras que padre e hijo estuvieron
declarando más de 3 horas respectivamente, la matriarca, Marta Ferrusola, se
acogió a su derecho de no declarar. Es decir, colaboración cero.
Hasta el momento el caso
Pujol pivotaba sobre dos teorías. Una la defendida por el ex president de la
Generalitat, que ha sostenido desde su
confesión en 2014 que el dinero de Andorra provenía de una donación hecha por
su padre, “l’avi Florenci” por si en política pintaban bastos, y otra, la
sostenida por los investigadores, que
ese dinero tiene que ver con comisiones, mordidas, 3% y otras bagatelas. No
obstante, tras la declaración ante el juez de la Mata, ha empezado a cobrar
fuerza la posibilidad de que esos dineros tengan su origen en la
descapitalización de Banca Catalana.
Sea como sea, las
declaraciones de los Pujol en la Audiencia Nacional debieron resultar poco
creíbles porque el magistrado de la Mata dictó un auto en el que acusaba a
Pujol Ferrusola de mentir y capitalizar capitales de presunto origen criminal.
En consecuencia, le retiró el pasaporte, le prohíbe salir de España sin permiso
y le obliga a presentarse a los juzgados cada semana.
Ciertamente, resulta difícil
decidir cual de los tres posibles orígenes del dinero puede resultar más
deleznable. Máxime cuando se trata de un hombre que lo ha sido todo en
Cataluña, y durante casi un cuarto de siglo ha estado dando lecciones de
moralidad a diestro y siniestro. En su currículum tan solo le ha faltado
decirnos a los ciudadanos como, cuando y con quien teníamos que hacer el amor.
Seguro que ganas no le faltaron.
Y a todo esto, el Partido
Popular, para que quede meridianamente clara su lucha sin cuartel contra la
corrupción, no sólo mantiene a Rita Barberá como aforada, sino que la designa
para la Diputación Permanente del Senado, de esa forma, seguiría siendo aforada
en el supuesto de que se disuelvan y haya que ir a nuevas elecciones.
Y es que los hay que piensan
en todo.
Bernardo Fernández
Publicado en Crónica Global
17/02/16
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