Han pasado ya dos meses desde las elecciones al
Parlament y seguimos con un gobierno en funciones en la Generalitat. Por ese
motivo, entraremos en 2016 con los presupuestos prorrogados. La deuda de la
Generalitat con las empresas de la sanidad (farmacias, centros sanitarios
concertados, ortopedias, etc.) supera los 2.000 millones de euros; y los
servicios públicos funcionan más por inercia que por el soporte político que reciben. Además, la resolución independentista aprobada
por el Parlament el pasado 9 de noviembre, día de su constitución, está generando inseguridad jurídica. Una de
las consecuencias es que muchas empresas dudan hacer inversiones ante la
incertidumbre política que estamos viviendo, y otras han decidido trasladar sus
sedes corporativas a Madrid (es el caso
de Derby Hoteles o Agbar entre otras).
La situación política
catalana es preocupante. Por eso, el siempre moderado y prudente Círculo de
Economía ha reclamado a Mas un “cambio de rumbo” y que forme un gobierno “estable
y respetuoso con la legalidad. Y, si eso no es posible, que se convoquen nuevas
elecciones.
Por su parte, el ministro
Montoro ha desbloqueado el FLA, pero impone un férreo control a la Generalitat
para evitar “veleidades independentistas”. Aunque eso, en la práctica,
significa la asfixia financiera de Cataluña.
Asimismo, en los cenáculos
políticos europeos están estupefactos ante la deriva catalana. Nunca imaginaron
que los acontecimientos evolucionarían de esa manera. Además, tras los atentados
de París, es previsible que la situación política europea afronte una etapa de
regresión en diversos ámbitos.
Por todo ello, los soberanistas están nerviosos y desanimados. Las incongruencias afloran.
Recurren leyes ante un Tribunal (El Constitucional) al que desobedecen y niegan
legitimidad. Tanto Andreu Mas-Colell como
Francesc Homs reconocen que con la CUP no pueden establecer acuerdos y que no
poseen fuerza para seguir adelante.
En estas circunstancias, es evidente que el
“proces”, sin una mayoría social suficiente, sin la necesaria cohesión interna
y sin el más mínimo reconocimiento internacional, está periclitado. Y Artur
Mas, sea o no investido presidente, está amortizado.
Por todo ello, esta legislatura, que acaba de
comenzar, dure lo que dure, está políticamente agotada. En un mundo globalizado
como el actual, el discurso sobre soberanía nacional y sujeto político, a día
de hoy, no tiene sentido y la “desconexión”, nos retrotrae al siglo XIX.
Y tengo la sensación que, pese a todo, la inmensa
mayoría preferimos seguir en el XXI.
Bernardo Fernández
Publicado en ABC
25/11/15
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada