Las previsiones se han cumplido. Como indicaban la
práctica totalidad de encuestas y estudios de opinión hechos públicos en las
últimas semanas, los independentistas han ganado ampliamente las elecciones al
Parlament de Cataluña del pasado domingo, 27 de septiembre.
Bien es verdad que le resultado de la coalición
Junts pel Sí, con 62 escaños queda sensiblemente por debajo de los 71 que
tenían en la pasada legislatura CiU y ERC, integrantes de esa candidatura, más
destacados miembros de la sociedad civil. Sin embargo la CUP ha obtenido 10 actas
de diputado, siete más que en el anterior mandato. Son, sin duda, junto con
Ciutadans los grandes triunfadores de la noche electoral.
No obstante la opción independentista ha quedado
lejos de su objetivo. Pese o precisamente por la alta participación (77,46%),
no han llegado al 50% de los votos (47,9%). De hecho, 1,900.000 votos
prácticamente los mismos que en la seudoconsulta del 9-N.
Sea como sea, hay que felicitar a los vencedores. La
estrategia de una lista transversal trufada con nombres de cierto prestigio de
la sociedad civil, con el presidente saliente y aspirante a repetir emboscado
en el cuarto lugar de la candidatura, el líder de la oposición en el quinto,
más la añagaza de prometer la tierra prometida sin explicar los costes que hay
que asumir ha dado buenos resultados. A la coalición de Junts pel Si hay que sumar los antisitema de la CUP,
empeñados en salir de Europa y el euro. Ahora está por ver si unos y otros son capaces de entenderse en
el parlamento y cambio de qué. Además, estoy convencido de que la inacción del
presidente Rajoy y su actitud displicente, han sido el mejor acicate para
despertar el voto independentista dormido.
Sorprende, de todos modos, el sentido acrítico de
una buena parte de los votantes de Junts pel Si que han preferido la incerteza
de lo desconocido sin pararse, ni tan siquiera, a escuchar a los que han
advertido hasta la saciedad de los graves inconvenientes que nos acechan si el gobierno opta por el camino de la
inseguridad jurídica; o sea, salida de los organismos internacionales -como la
UE, la ONU o la OTAN- hacer caso omiso
de la corrupción, o poner en riesgo las pensiones de nuestros mayores.
Los resultados de estas elecciones van a ser muy
difíciles de gestionar y se va a necesitar mucho dialogo Consejo Ejecutivo. En
buena lógica, ese equipo lo que debería hacer en primera instancia es zurcir el
país. Las últimas elecciones han dejado una sociedad dividida en dos mitades.
Sin solución de continuidad haría bien en dedicarse a recuperar el
desballestado Estado del bienestar. Recuperar los estándares que tuvimos en la
asistencia sanitaria hasta 2010. Cubrir las bajas en los últimos 4 o 5 años se han producido entre los
docentes. Dar unos servicios sociales dignos de un país desarrollado. Buscar la
inversión necesaria para realizar las infraestructuras que tanto se precisan para
seguir progresando y poner el país a punto para los retos que le futuro nos
tiene reservados.
De hecho, para ese tipo de cuestiones ha sido
elegido ese parlamento y el gobierno que de esa elección se deriva. Sería una
grave irresponsabilidad pretender asumir competencias que no están recogidas en
la legalidad vigente.
En cualquier caso si se aspira a iniciar el
cacareado proceso de “desconexión” del resto de España lo mínimamente razonable
sería esperar a las elecciones generales anunciadas para el 20 de diciembre.
Después de los supuestamente 300 años de sometimiento no vendrá de 3 meses.
Si algo ha quedado claro tras estas elecciones, es
que ahora empieza todo y la negociación (dentro de la legalidad) es inevitable. Mariano Rajoy, o mejor quien
le suceda, tras las próximas elecciones generales, en la presidencia del
gobierno de España, no puede negar las evidencias.
Como sostiene Josep Borrel en un artículo publicado
en El País (27/09/15) España tiene un grave
problema en su relación con Cataluña. La “conllevanza” orteguiana no es ya la
solución, si es que alguna vez lo fue. La abúlica indiferencia de Rajoy,
tampoco. Y algunas de sus actuaciones agravan el problema. Una sociedad no
puede desarrollarse normalmente en el seno de un Estado si una parte muy
importante de la población cree que estaría mejor sin él. Pase lo que pase,
habrá que restablecer el diálogo, mejorar la información, extremar el respeto y
hacer las reformas constitucionales, financieras y fiscales necesarias para que
esa parte disminuya hasta el límite de los que hacen de la independencia una
cuestión de dignidad ante la que no hay razones que esgrimir. Pero que no
justifica un salto en el vacío negando la ley de la gravedad.
En consecuencia, ahora toca dialogo, negociación y
pacto.
Bernardo Fernández
Publicado en Crónica Global 28/09/15
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