Artur Mas, y
sus colaboradores más entusiastas, no pierden ocasión para explicar, a quien les
quiera escuchar, que las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 27
de septiembre, son en realidad unas elecciones plebiscitarias porque el
Tribunal Constitucional no permite celebrar un referéndum de
autodeterminación. Por eso, semanas
atrás, el Ejecutivo catalán hizo llegar a las embajadas de la UE un informe del
Consejo Asesor para la Transición Nacional, según el cual los comicios del 27S
son la única salida legal ante las reiteradas negativas de las instituciones
del Estado español a permitir una consulta.
Ciertamente, los argumentos de los soberanistas son
reiterativos y monótonos, por lo que se convierten en cansinos. No obstante, analicemos
en profundidad sus razonamientos para ver cuánto hay de verdad y cuánto de
falso en los mismos.
Para empezar, es conveniente recordar que en países
de larga tradición democrática, como pueden ser EEUU, Francia o Alemania, no se
puede plantear la secesión de una parte del territorio ni siquiera mediante una
reforma constitucional.
Más allá de este pequeño apunte inicial, conviene
constatar que unas elecciones plebiscitarias son algo inexistente en países
desarrollados. Es verdad que se han dado cambios de régimen ante resultados muy
contundentes en unas elecciones. Así por ejemplo, se proclamó la República en
España en 1931, tras una elecciones municipales o en Polonia, en 1989, se
produjo un cambio de régimen cunado el Sindicato Solidaridad ganó por
abrumadora mayoría. Pero eso no ha ocurrido nunca dentro de un sistema
democrático ni se han convocado elecciones de carácter plebiscitario con el
objetivo de generar una secesión territorial, dentro de un Estado de
derecho.
Las elecciones en el marco de las democracias
representativas de los países desarrollados, tienen como objetivo que los
ciudadanos elijan a sus representantes, los que, a su vez, asumen la responsabilidad de asegurar el
gobierno del Estado y el funcionamiento de las instituciones. Para que eso sea
posible, el proceso de elección se ha de llevar a cabo respetando
escrupulosamente derechos democráticos fundamentales como libertad de sufragio,
de expresión, de asociación, etcétera, y bajo la tutela de un poder judicial
independiente. Queda, en consecuencia, meridianamente claro cuál es el objetivo
de unas elecciones y cambiarlo por otro puede constituir fraude de ley.
Pero es que además, la ley electoral vigente en
Cataluña otorga mayor representatividad a las tres circunscripciones menos
pobladas en detrimento de la de Barcelona. Es decir, en las elecciones de 2012
las organizaciones nítidamente independentistas (CiU, ERC y la CUP) obtuvieron
el 49,14% de los votos y, sin embargo, se adjudicaron el 54,81% de los escaños.
De todos modos, si algún día se llegara a plantear
un hipotético referéndum, parece lógico pensar que se deberían tener muy en
cuenta los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá
sobre Quebec y la consecuente Ley de claridad. También se deberían recuperar
los criterios utilizados por la propia UE en el referéndum de independencia de
Montenegro. Esos criterios básicos
serían: una pregunta clara y una mayoría clara a favor de la secesión. Aquí no
cabría la triquiñuela de “nuevo Estado de Europa” porque es evidente que en la
hipótesis de que Cataluña logrará la independencia quedaría automáticamente fuera
de la UE y, en consecuencia, tendría que iniciar un larguísimo proceso de
adhesión como cualquier otro país.
En cualquier caso, quedarían por concretar cuestiones
de suma importancia, como puede ser donde se pone el listón de la participación
o cual debería ser el porcentaje de los votos válidos emitidos, favorables a la
secesión, para legitimar el resultado. Conviene recordar que en el parlamento
catalán hacen falta 2/3 de votos para modificar el Estatuto o la ley electoral.
Por tanto, sería muy lógico que tuviera que ser una mayoría cualificada la que
validase es hipotético referéndum.
En definitiva, después de este breve análisis, parece bastante impensable que la comunidad internacional en
general y la UE en particular de por bueno el resultado de unas elecciones
plebiscitarias y reconozca Cataluña como un Estado independiente. Ciertamente,
soñar no cuesta dinero, pero con frecuencia se producen desengaños muy
dolorosos. En consecuencia, sería deseable que el gobierno de la Generalitat se
deje ya de mandangas y se dedique a cumplir con sus obligaciones, es decir,
gobernar que buena falta nos hace.
Bernardo Fernández
Publicado en Crónica Global 28/04/15
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