23 de gener 2014

INTERNACIONALIZAR EL PROCESO



Justo es reconocer, sin embargo, que el camino hacia la independencia, iniciado, más o menos formalmente, en septiembre de 2012, ha estado jalonado de ocurrencias diversas. Un día nos sorprenden con un Consejo de Transición Nacional, órgano creado para asesorar al Presidente y nutrirle con documentos que den sustento ideológico, jurídico y político a sus ensoñaciones. Otro, se nos anuncia la creación de Diplocat, un sucedáneo de cuerpo diplomático que ha de explicar urbi et orbe las ventajas de un Cataluña independiente. En otra ocasión se hace público un documento con los presuntos agravios de España hacia los catalanes. Documento que mezcla y confunde conceptos generalistas con otros bilaterales y que no resiste un análisis medianamente riguroso. Y así, podríamos señalar unas cuantas genialidades más.

La penúltima (la ultima, de momento, ha sido la ceremonia de apertura del Tricentenario) ha sido una carta, acompañada de un breve memorándum que Artur Mas envío el pasado 20 de diciembre a los líderes de los 26 Estados de la Unión Europea –todos los de la UE excepto España-, en la que se describe el proceso soberanista que se está viviendo en Cataluña. “Confío poder contar con ustedes para hacer avanzar este proceso democrático y pacífico” sostiene el president en la misiva que ha hecho llegar entre otros al presidente francés François Hollande, la canciller alemana Ángela Merkel o el presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso.

Es evidente que Mas ha optado por jugar, también, la carta de la diplomacia, habida cuenta de la estrategia puesta en marcha por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo al enviar a todas las embajadas españolas un documento de más de 200 páginas con argumentos para contrarrestar las tesis soberanistas.

La práctica totalidad de los gobiernos europeos han confirmado la recepción de la carta pero han declinado hacer ningún comentario. Un portavoz de la embajada francesa en Madrid se remitió a unas declaraciones de Françoise Hollande, realizadas semanas atrás en las que manifestó que la independencia de Cataluña es un asunto de España. El presidente de la Unión Europea José Manuel Durao Barroso ha rechazado la intervención de Bruselas en este proceso por tratarse de un asunto interno español. En un texto que no llega a siete líneas, remitido a Artur Mas, Barroso deja claro que no compete a Bruselas inmiscuirse en la celebración o no de un referéndum de independencia. Sin embargo, lo que si deja meridianamente claro el mandatario europeo es que “una ruptura con España supondría para Cataluña la salida inmediata de la UE: Cosa que, por otra parte, el propio Mas ya había admitido en una reciente entrevista concedida al diario italiano la República, pero que se ha obviado en la carta dirigida a los mandatarios europeos. Una demostración más de coherencia y lucidez.

Mientras todo esto sucede, los dos grandes partidos que articularon el período autonómico (CiU y PSC) se desmoronan por momentos. No hay encuesta que no lo confirme. Estamos viviendo un cambio de régimen y a esas dos grandes formaciones la situación las ha cogido con el pie cambiado –especialmente al PSC, es posible que CiU acabe remontando la situación-. Como dice un viejo amigo “lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer”.

Dudo mucho que internacionalizar el proceso secesionista sea solución de algo, pero esto es lo que estamos viviendo en Cataluña en un año que va a ser decisivo. A día de hoy, solo tenemos un proyecto político en la palestra: la independencia. Un proyecto que, de momento, avanza sin fisuras. Y día tras día gana adeptos. De todos modos, y sin entrar ahora en otras martingalas, soy de los que opinan que la diversidad de proyectos políticos es absolutamente necesaria para garantizar la calidad democrática de una sociedad madura como la nuestra.

Y, entretanto, al otro lado nos encontramos con el Gobierno de España y un Partido Popular que se niegan a dialogar, amparándose en una Constitución que seguramente muchos de ellos no votaron y ahora les sirve de parapeto. El dialogo y el debate político son más necesarios que nunca para posibilitar soluciones pactadas que son la única manera razonable de salir de este atolladero. Es preciso ofrecer alternativas, el no por el no ya no sirve. Si no hay consulta –que es lo más probable- habrán elecciones y quizá entonces, a la vista de los resultados, algunos lamentarán no haber negociado cuando estuvieron a tiempo porque con el nuevo estatus salido de las urnas, tal vez ya sea tarde para negociar.



Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 16/01/14




SILENCIO ADMINSTRATIVO

La ciudadanía mayoritariamente es gente de buena fe. Por eso, tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS), del pasado 9 de mayo, que declaraba nulas las cláusulas suelo de las hipotecas que se hubieren incorporado sin la suficiente información para que los clientes evaluaran su impacto, hizo que para miles y miles de familias se encendiera una tenue luz en el negro horizonte del desballestado Estado del bienestar. Después, el 18 de junio, cuando el ministro de Economía Luís de Guindos anunció que el Banco de España vigilaría que todos los contratos hipotecarios cumplieran con el acto judicial, esa luz ganó intensidad.


Sin embargo, los hechos son tozudos y, a menudo, la realidad, que suele ser despiadada, acaba imponiéndose. Siete meses después, y a pesar de las declaraciones del ministro y de las indicaciones del Banco de España a las entidades financieras, las cosas siguen igual que antes de la sentencia del TS.Una vez más, se ha puesto de manifiesto que la voracidad del sistema bancario no tiene límites y que buena parte de los mandatarios de la banca carecen de escrúpulos. Así por ejemplo, una entidad como Mare Nostrum (BMN) controlada en un 65% por el Estado que inyectó 1.645 millones de euros en ayudas públicas, decidió, de forma unilateral, que no le afectaba la sentencia del TS. Por su parte CaixaBank admitió tener unas 185.000 hipotecas con cláusula suelo que negociaría caso por caso. Lo que en Román paladino quiere decir que para eliminar la cláusula famosa, el cliente ha de claudicar y contratar un plan de pensiones, algún tipo de seguro o una tarjeta de crédito,

O sea, algo que compense a la entidad, aunque sea, claro está, en detrimento de la economía del esforzado ciudadano. Se calcula que la supresión de las cláusulas suelo supondría una reducción de ingresos anuales para el sector de unos 1.000 millones de euros. No obstante, esa factura podría aumentar de manera considerable si los diversos fallos judiciales que sobre la cuestión se han emitido en juzgados de primera instancia acaban siendo sentencias firmes.

Mucho me temo que tantos millones en danza fundirán aquella tenue luz de esperanza. Y es que da la sensación que la autoridad competente ha optado por aplicar un discreto silencio administrativo. O dicho de otro modo, hacer como cuando se oye llover: dejarlo caer.



Bernardo Fernández

Publicado en ABC 15/01/14

03 de gener 2014

LA ESPAÑA MÁS NEGRA

Apañados estamos. Al Partido Popular le han bastado apenas dos años de Gobierno, con una cómoda mayoría absoluta, para retrotraernos a la épocas más aciagas de nuestra historia.


Con un puñado de leyes, unos cuantos recortes - eso sí, aplicados de forma sistemática-, todo ello jalonado con diversos episodios de corrupción, han logrando poner patas arriba aquello que daba dignidad a la vida, tanto costó construir y tantos hombres y mujeres se quedaron por el camino sin poderlo ver hecho realidad.

Empezaron con la reforma laboral de la ministra Fátima Báñez, que ha servido para precarizar los pocos puestos de trabajo que quedan en nuestro país y poco más. En los primeros días de diciembre se aprobaba definitivamente la LOMCE, la ley de educación, del ministro Wert, una medida que ha tenido la virtud de confabular a todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, para derogarla en cuanto el juego de mayorías y minorías lo permita. Y el día 20 del mismo mes de diciembre se aprobaba la reforma de las pensiones una ley que hará que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. Por cierto, esta es la primera reforma de las pensiones que sale adelante sin ningún consenso, tan solo con el soporte del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno.

En este afán destructor de lo hecho con anterioridad, por gobiernos de otro color político, no se ha quedado atrás el ministro Cristóbal Montoro con su reforma de la Administración local, que cuando entre en vigor hará que los entes locales den un salto hacia atrás de más de 30 años.

Por su parte, Ruiz Gallardón logró soliviantar a todo el mundo judicial con su ley de tasas y ahora ha colmado el vaso de la paciencia de la ciudadanía con la nueva ley del aborto -a la que luego me referiré-. Tampoco se ha quedado rezagado en afán reformador el Ministro del Interior, y miembro del Opus, Fernández Díaz, con su ley sobre seguridad, aún en trámite en el Congreso, pero con augurios nada halagüeños, dado que en la práctica esta nueva norma recortará sustancialmente derechos y libertades.

Por si todo esto no fuera suficiente, entre reforma legislativa y reforma legislativa, se han puesto en práctica de manera sistemática los recortes en sanidad, educación y servicios sociales, en unas ocasiones por iniciativa propia y en otras induciendo a las CCAA a recortar servicios forzadas por la espada de Damocles que supone rebasar los límites de déficit fijados por el Gobierno de forma nada razonada. Además, se ha puesto de manifiesto un claro empeño recentralizador que, de seguir insistiendo, convertirá las CCAA en poco más que grandes diputaciones.

De todos modos, donde el Gobierno más se ha pasado de frenada, ha sido en la reforma legal sobre el aborto. El aborto es un derecho de la mujer en Alemania, Francia o Italia. Ahora, Ruiz Gallardón ha puesto fin a ese derecho en España. Da la sensación que los derechos sean, para el Señor Ministro, un bien limitado, pero es que además, se hace desde planteamientos moralistas y con falso paternalismo. Lamentablemente, esta nueva norma y la carga ideológica que lleva implícita nos devuelve a la España de un tiempo que creíamos haber superado.

Para Soledad Murillo, responsable de políticas de Igualdad en el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero (2004-2008) y promotora de leyes como Violencia de Género e Igualdad, “la ultraderecha y el nacionalcatolicismo han ganado la batalla” y sostiene que esta reforma tan restrictiva del aborto tiene mucho a ver “con un pacto implícito entre el Gabinete de Rajoy, la Conferencia Episcopal y los grupos próvida”.

Resulta evidente que hemos vuelto a los años ochenta del siglo pasado y las españolas que quieran abortar deberán viajar al extranjero para interrumpir su gestación. Si se lo pueden costear, está claro. Mientras que algunas, quieran o no, se verán obligadas a tener hijos con graves malformaciones y eso sucederá porque alguien tomará una decisión en su nombre que marcará su vida para siempre.

Entre la crisis económica y la situación política, la España devota de Frascuelo y de María que diría el poeta, es decir, la España más negra vuelve a tomar carta de naturaleza. Con este panorama y una oposición en la que no hay alternativa de gobierno ni se vislumbra, un servidor –que también tiene sus debilidades-, ha caído en la tentación y ha pensado que, tal vez, la independencia sería la solución. El quid de la cuestión es que, visto lo visto, los problemas, aunque tuviéramos un nuevo estatus, aquí serían, quizás, en otro orden de cosas, los mismos o muy similares.



Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 02/01/14

CARTA ABIERTA A UN INDEPE

Apreciado Fulano de tal: Cientos de miles de personas -entre los que me incluyo-, durante más de cinco años, hemos sido asediados con f...