27 de març 2013

CON EL AGUA AL CUELLO

Las finanzas de la Generalitat se encuentran en estado catatónico y en esas circunstancias Artur Mas sólo tiene dos opciones: o el suicidio político echándose en brazos de ERC, o buscar el dialogo con el Gobierno central, y después Dios dirá.


Por eso, estos días hemos podido percibir tres mensajes que apuntaban, nítidamente, en la línea de tender puentes entre Barcelona y Madrid. El primero, nos llegó días atrás, tras una reunión semiclandestina del Govern que básicamente consistía en salvar el Estado del bienestar o lo que queda del mismo.

Pocos tiempo después Durán i Lleida, en una conferencia coloquio en el Foro Europa de Madrid, con la presencia, entre otros, de la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el Ministro de exteriores García-Margallo, reiteraba la voluntad de dialogo del Gobierno catalán

Pero lo más destacable ha sido la presencia del Conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas Colell, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, (CPFF), al mismo tiempo que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitía la posibilidad de flexibilizar los límites de déficit de las autonomías y, además, diferentes para cada una de ellas. La precaria situación de las cuentas de la Generalidad han puesto a Mas contra las cuerdas. La Generalidad arrastra una deuda récord que es, con diferencia, la mayor de todas las CCAA en términos absolutos y solo superada por las de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha en relación con su riqueza.

El Gobierno es, hoy por hoy, la única fuente de financiación de la Generalidad -toda vez que los mercados están cerrados para los Gobiernos autonómicos- y también el único que puede mediar para flexibilizar el límite de déficit fijado, pese a que esto lo determina el CPFF del que forman parte todas las CCAA.

Asimismo, el Gobierno central no se puede permitir el lujo de que caiga ninguna comunidad autónoma. Las alarmas se han disparado y desde hace un tiempo, se están haciendo discretas maniobras para que, tras un cambio de tercio, se pueda aplicar algún ungüento a las maltrechas finanzas catalanas

Artur Mas está con el agua la cuello y, por tanto, cualquier iniciativa que permitiese relajar la situación sería bienvenida. Ahora bien, en esta vida no hay nada gratis y en política menos, por eso habrá que ver con que contrapartidas.


Bernardo Fernández

Publicado en ABC 27/03/13

EL NEGOCIO DE LA SANIDAD




La consecución del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, la sanidad es junto a la educación y las pensiones uno de los pilares básicos del Estado de bienestar. El precursor de esta prestación fue el National Health Service británico que en 1948 implantó una asistencia preventiva y curativa para “todos los ciudadanos sin excepción”.


Después del Reino Unido, otros países europeos siguieron la misma senda, instaurando sistemas sanitarios con principios similares: financiación pública, asistencia universal y una amplia oferta de servicios sanitarios, sin considerar ingresos, lugar de residencia o extracción social.

En España ese proceso se llevó a cabo bastante más tarde. Fue la Constitución de 1978 la que estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana. Años después, con la Ley General Sanitaria de 1986, del malogrado Ernest Lluch, la prestación no tan solo se consolidó sino que devino universal.

En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento serio de hacer negocio con el sistema sanitario público de España. El mencionado Informe proponía mejorar la eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos utilizados entonces son los mismos que los de ahora: “el sector público es insostenible”, “está excesivamente burocratizado”, “la sanidad privada es más eficiente que la pública”, “la salud pertenece al ámbito personal”, etc.

De todos modos, ningún estudio científico ni la OMS (Organización Mundial de la Salud) avalan esos argumentos. Al contrario: la sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene la financiación suficiente), más eficiente (si se tiene una asistencia primaria adecuada) y, lo más importante: tiene más calidad que la privada. Carece, es cierto, del confort de la segunda y los tiempos de espera suelen ser más prolongados.

En este contexto, algunas comunidades autónomas lo tienen claro: no les gusta la provisión pública de servicios sanitarios y prefieren contratar esos servicios al sector privado. Opinan que la sanidad privada es más barata. El radicalismo con que Gobiernos autónomos como el de Valencia o Madrid llevan a cabo sus políticas de salud ha roto el consenso que los grandes partidos mantuvieron sobre la cuestión hasta 2008 para sostener un Sistema Nacional de Salud de estructura y financiación pública eficiente.

En Cataluña, hasta el regreso de los nacionalistas al poder, en 2010, gozábamos de uno de los cinco mejores servicios de salud del mundo. Una prestación que en ese año 2010 supuso para las arcas de la Generalitat un gasto de 1371 euros por persona. Menos del 6% del PIB, mucho menos que la media de la Europa de los 15 y muchísimo menos que el 17% del PIB que gastan en USA. Y dicho sea de paso, en EEUU con mucha menos calidad y sin ser un servicio universal.

Pues bien, en poco más de 2 años Boi Ruiz, Conseller de Sanidad, ha puesto en jaque nuestro modelo. Empezó paralizando siete nuevos hospitales, impuso recortes del 10%, cierres de servicios de urgencias, y, de manera simultanea, los catalanes perdíamos la garantía de estar como máximo 180 días en una lista de espera para ser operados de las 14 dolencias más comunes en los hospitales de la red pública (XHUP). Ruiz no tuvo ningún empacho en presentar la medida como un nuevo modelo de gestión “basado en criterios clínicos”.

De todos modos, en Cataluña ya se ha abierto la espita para que en instalaciones públicas se practique la medicina privada, En el Hospital de Sant Pau, por el módico precio de 60.000 euros, se realizan operaciones de varices y así el paciente, que puede y quiere hacer ese dispendio, se ahorra los ocho meses largos de espera de la atención pública. Algo similar se está haciendo en el Hospital Clínic. Que estas prácticas sean habituales en otros centros de la XHUP es cuestión de tiempo.

No obstante, la gota que ha colmado el vaso y ha dejado al descubierto las miserias de la sanidad catalana ha ocurrido hace unos días, cuando se hizo pública la deuda de la Generalitat con las farmacias y el sector sanitario concertado que asciende a más de 900 millones de euros. Todo indica que la situación va a empeorar debido a la prórroga presupuestaria y a los nuevos recortes que se avecinan si se quiere cumplir con el nuevo límite de déficit, fijado, de momento, en el 0,7% del PIB.

Con este paisaje de fondo, no son pocos los expertos “bienintencionados” que proponen que la red hospitalaria pública se base en modelos externalizados. Pues bien, pensar que los sanatorios y clínicas privadas puedan ser la alternativa a la enorme complejidad de la medicina moderna en red, sencillamente, es una aberración, Pero es que introducir el lucro en el corazón de los servicios sanitarios públicos llevaría a una quiebra irreparable.

Profesionales y técnicos en la materia coinciden en afirmar que la excelencia de la medicina actual se conseguirá desarrollando una red efectiva entre los distintos niveles (alta especialización, hospital, primaria, urgencias y socio-sanitario), de esa forma se podría trabajar coordinadamente estableciendo procesos por enfermedades y casos. En cambio, la lógica privatizadora va en sentido opuesto.

Es una evidencia que los sistemas de sanidad públicos ofrecen resultados mejores que otros modelos. Nadie cuestiona que el sistema sanitario público debe mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico) y es encomiable el esfuerzo que están llevando a cabo los profesionales y trabajadores del sector para mantener los niveles de calidad logrados, pero así no se puede seguir indefinidamente. El Sistema Nacional de Salud necesita una regeneración en la gestión pública de los centros sanitarios y unidades clínicas. Pero eso no ha de ser óbice para que la atención sanitaria siga siendo un derecho universal, más allá de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo puedan utilizar aquellos “clientes” que la puedan pagar.

Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 26/03/13

20 de març 2013

EL FEDERALISMO COMO SOLUCIÓN

La ola independentista que se vive en Cataluña pondrá, más pronto que tarde, en jaque el modelo de Estado de estos años. Deberíamos ser capaces de utilizar el sentido común y buscar una salida desde una perspectiva amable, para diseñar un proyecto que pudiera ser compartido. En realidad, es más lo que nos une que lo que nos separa, pero si eso no es posible hagámoslo desde el respeto a la diferencia y la opinión del otro.


Habría que partir de la idea de que aquello a lo que hoy llamamos España se puede redefinir políticamente de cuatro modos diferentes que serían: un Estado centralista que por razones obvias tendría un recorrido muy corto. Un Estado federal asimétrico como habían pensado personajes como Ernest Lluch o Pasqual Maragall, pero que en un país como el nuestro generaría más conflictos que ventajas, puesto que relaciones de tú a tú entre cada una de las CCAA y el Gobierno central de forma constante no hay Estado que lo resista. Otra posibilidad sería un Estado federal simétrico que, de hecho, tiene su núcleo duro en el Estado autonómico actual. O bien, varios Estados independientes, con varios sistema jurídicos, en lo que hoy es un solo Estado.

A poco que hagamos el análisis con un mínimo de rigor, veremos que las opciones primera y segunda no se sostienen y la cuarta, por razones tan elementales como la no permanencia en la UE, cuestiones relacionales, soportes de otros países, etcétera es inviable, por tanto, queda como opción más razonable la tercera es decir Estado federal

Es verdad que desde el siglo XIX la asignatura pendiente de España es la estructura territorial de Estado. La fórmula utilizada en la Transición creando el Estado de las Autonomías ha dado a lo largo de más de treinta años buenos resultados. Además, otorgó protagonismo a los Gobiernos central, autónomos y partidos políticos; permitió diversos ritmos y niveles de autogobierno, en función de las aspiraciones y capacidades de cada cual. No obstante, esta inicial virtud ha generado, también, importantes problemas y las mismas razones de su éxito original se han convertido en fuente de conflictos casi inagotable.

Ciertamente, a lo largo de estos años en el funcionamiento del Estado autonómico han surgido anomalías que podríamos sintetizar en tres ámbitos. En primer lugar, la confusión que supone el federalismo como sistema de política democrática. España es, de hecho, el único país del mundo en el que para una buena parte de la ciudadanía, la federación no implica la construcción de una unión federal, sino el enfrentamiento y la fractura del Estado. Sin embargo, alguna virtualidad política tendrá el federalismo cuando más del 55% de la población mundial (65% del PIB global), vive bajo normas de corte federal.

En segundo lugar, algo se habrá hecho mal ya que los españoles no nos sentimos ciudadanos integrantes de un sistema que ha llegado a ser de hecho —con virtudes y defectos— un sistema político federal. La federalización del Estado de las Autonomías es innegable, y así lo entienden los investigadores más conspicuos de la materia, ya que posee el núcleo esencial de toda federación: niveles importantes de autogobierno y gobierno compartido garantizados constitucionalmente.

En tercer lugar, la ambigüedad, tan burdamente utilizada por algunos ha impedido al ciudadano de a pie acabar de entender el funcionamiento del sistema. Además, la cicatería de determinados dirigentes políticos nos ha hecho enredarnos en un marasmo de debates estériles, y carecer de un proyecto de futuro que, basándose en un análisis riguroso de los principales problemas, señale un horizonte de reformas preciso y contrastado en otros países federales.

El concepto federal de democracia sustituye la idea piramidal del poder político —“mandar y controlar”— por otra bien diferente: horizontal, de competencias repartidas, en red, pero coordinadas (federadas). Asimismo, el federalismo postula la construcción de un Estado de Estados, o lo que es igual: la articulación de autogobierno y gobierno compartido. Esto es: un equilibrio negociado y respetado que armoniza la autonomía política de las partes con la inclusión participativa en una voluntad común. De hecho, implica unidad en la diversidad, ya sea cultural o nacional. Además, defiende abiertamente la convivencia de varias naciones en el seno del mismo sistema. Es un proyecto basado en la tolerancia, la lealtad, la confianza y respeto mutuo. Se trata de superar las esencias nacionales. De igual modo, el federalismo postula, como eje central de su modelo, la igualdad y la solidaridad interterritorial.

Estudios solventes ponen de manifiesto que en España la igualdad no se ha visto dañada por la diversidad cultural y política, y que las distancias entre los diferentes niveles de bienestar entre CCAA ha disminuido. Pero como sostiene el catedrático en Ciencia política de la Universidad de Santiago de Compostela Ramón Máiz: “es verdad que con un coste y esfuerzo fiscal muy mal repartidos. Así pues, se propone una igualdad compleja, ajena a la uniformidad, en razón del autogobierno y experimentación que defiende, pero que sitúa en la base del proyecto común la cohesión territorial a partir de algunos postulados básicos: suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal, transparencia y proporcionalidad (ordinalidad)”.

Que nadie se equivoque, el federalismo no es la panacea, sino un programa que defiende una cultura política, principios y valores propios. Es también, un eficacísimo diseño institucional muy adaptable a contextos cambiantes. Puede ser la opción más útil para encontrar un horizonte válido para una gran mayoría de ciudadanos de este país. Ciertamente, se debería modificar la Constitución y para ello se necesita una mayoría política que de momento no existe. Pero de hecho, es la única vía que nos queda, ya que la vía a través de los Estatutos ha sido clausurada por el propio Tribunal Constitucional.

Podrá argumentarse que, dado el contexto de crisis económica que estamos padeciendo, existen otras prioridades. Todo lo contrario: es el momento idóneo para afrontar las reformas necesarias que nos garanticen un marco de convivencia, estable y duradero. De no hacerlo, llegará el día en que lamentaremos no haberlo hecho cuando estuvimos a tiempo.



Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 13/03/13

11 de març 2013

LA OTRA BARCELONA

Con la ciudadanía indignada por el paro, la corrupción, las escuchas telefónicas y otras bagatelas, una parte de la oposición ensimismada, la otra parte descabezada, buscándose a si misma y algunos medios de comunicación desinteresados por el tema, la política municipal ha dejado de ser noticia.


Pues bien, esta situación le va de perlas a Xavier Trias, Alcalde de Barcelona, y a su equipo de Gobierno. A la chita callando están desmantelando de manera sistemática la Barcelona cohesionada, solidaria, abierta y transversal de los últimos decenios. Por el contrario, aprovechan la ocasión para poner las bases de una ciudad provinciana, cerrada, elitista y un tanto sectaria. Tras la Barcelona de relumbrón que enamora al mundo con su Mobile World Congress, las rutas modernistas, la Sagrada Familia o el campo del Barça -de la que debemos estar legítimamente orgullosos-, hay otra Barcelona de “robinsons d’estar per casa i naufregs enmig del merder” como dice el poeta.

Y a esa otra Barcelona, las políticas del Alcalde Trias la machacan. El Gobierno municipal ha decidido rebajar en este mandato un 60% la inversión en gasto social. Eso supone, reducir un 79% el presupuesto en el área educativa o invertir un 57% menos en equipamientos culturales, en juventud la inversión desciende un 46% y en los ámbitos sociales y sanitarios la reducción alcanza el 42%.

Vivimos tiempos difíciles y, como consecuencia, el paro aumenta en la ciudad, pero el Gobierno municipal desarticula las políticas de ocupación de Barcelona Activa. Asimismo el Alcalde y su equipo son incapaces de llegar a acuerdos con las entidades financieras para que cedan pisos a las familias afectadas por desahucios. Eso si, callan cuando suben, de forma abusiva, los transportes públicos y el agua, aquí el beneficio empresarial está por encima de cualquier consideración.

La relación de desaguisados municipales es larga y el espacio para denunciarlos corto, pero quedémonos con un dato: el gasto corriente del ayuntamiento ronda los 2.000 millones de euros, bastaría con un gasto social ligeramente superior al 1,5%, para poder ofrecer a los ciudadanos políticas sociales dignas y eficientes.

Al fin y al cabo, querer es poder.



Bernardo Fernández

Publicado en ABC 06/03/13

SENSE TRENCADISSES

Que ningú es faci il•lusions, PSC i PSOE no trencaran. Així de clar i així de concret. Dimarts passat, després de 35 anys, els diputats del PSC al Congrés, van votar diferent que els del PSOE. Davant d’aquesta novetat no van ser pocs els que es congratulaven públicament de la decisió del socialistes catalans, sumant-se així a les forces polítiques que a Catalunya diuen estar pel dret a decidir. Ara bé, és clar que en privat es fregaven les mans, fent càlculs del que podria passar si els socialistes decidissin presentar-se separats a les propers eleccions.


És cert que les relacions entre PSC i PSOE, d’un temps ençà, grinyolen més del que seria desitjable i, en conseqüència, cal fer una posta a punt, revisar el que calgui revisar, ara, d’això a partir peres va un món.

Seria un error imperdonable que aquests dos partits que són part activa de la historia dels darrers 35 anys trenquessin els seus acords, això només afavoriria a la dreta i, per tant, a les propostes excloents, és a dir, independentistes i centralistes.

Per començar fora bo que aquells opinadors que ja han sortit a dir la seva, callessin, la situació s’ha de refredar. És lògic. Després cal que amb calma i tranquil•litat les direccions de ambdós partits es reuneixin i refacin el ponts trencats,

El tema no és menor, el futur del PSC està en joc, el del POSE, com alternativa de govern, també.

El PSC ha estat un partit mestís que ha aportat a la societat catalana cohesió social, i molt probablement sense l’aportació de segment social més obrerista provinent de la immigració –i per tant votants “naturals” del PSOE- hauria esdevingut una força política, poc menys, que testimonial. Per altra part, pel PSOE, sense la col•laboració inestimable del PSC governar Espanya hauria estat, en la pràctica, impossible. Els vots aconseguits a Catalunya sempre han estat necessaris per sumar més que la dreta.

La situació és complexa i difícil, no cal amagar-ho, però el que està en joc és massa important com per no esforçar-se fins que no es trobi l’encaix, i potser aquest s’aconsegueixi amb mà esquerra, convicció i flexibilitat entre d’altres ingredients.

No val qualsevol cosa, no val qualsevol acord, però deixar via lliure a l’adversari tampoc.



Bernardo Fernández

Publicat a e-notícies.cat 01/03/13





CORRUPCIÓN SISTÉMICA

Fraude fiscal, fuga de capitales, economía sumergida o corrupción política son, entre otras, expresiones que desgraciadamente se han instalado en nuestro vocabulario como algo habitual. Debería quedar claro que la corrupción no es una exclusiva de la clase política; sucede en otros ámbitos, allí donde hay poder, allí donde hay dinero es posible que haya corrupción. Pero a lo público hay que exigirle un plus de rigor, ya que son recursos a los que todos contribuimos. Ciertamente, en todos los sistemas políticos hay corrupción, es lago intrínseco al ser humano y a la misma política. En consecuencia, el tema es: como se combate esa lacra.


De hecho, la corrupción, entrelazada a otras actividades, ha sido una constante en nuestro país, como mínimo desde los años noventa. Entonces afloraron casos como Banesto, Roldán, Gil y Gil y un largo etcétera; sin olvidar que una decena larga de consejeros de Jordi Pujol estuvieron imputados en presuntos casos de corrupción. También del entorno del expresidente de la Generalitat salieron diversos personajes que es posible que pasen a la historia, como auténticos tahúres y expertos del mercachifle, quien no recuerda a Joan Piqué Vidal, Joan Antoni Carreté, Javier de la Rosa o el inefable Félix Millet.

Según una reciente encuesta de Metroscopia, el 96% de los españoles considera que en la vida política hay mucha o bastante corrupción. Por su parte, el barómetro de 2012 de la Oficina Antifraude de Cataluña dice que para el 93% de los catalanes la mencionada corrupción es algo grave o muy grave. Pues bien, por si fuera poco, ahora, de golpe, han salido a la luz diversos episodios de corrupción. Como es lógico la ciudadanía está indignada. Además, sucede en un momento en que la crisis económica unida a otra institucional lo anegan todo: desde la Monarquía a los partidos políticos, desde el Consejo General del Poder Judicial a miembros del Gobierno o responsables de cualquier ayuntamiento.

Para evitar desmanes los partidos políticos deberían estar sometidos a estrictos controles ya que son entidades a las que se les concede el monopolio de la representación política y, a su vez, se financian con recursos públicos. Pues bien, nos encontramos con que la ley española de partidos políticos permite, en la práctica, que éstos se autorregulen, cosa nada habitual en otros países de larga tradición democrática. En Alemania, por ejemplo, los partidos están obligados por ley a celebrar congresos bienales y los delegados que asisten a los mismos han de ser escogidos por votación secreta entre los militantes. También es de obligado cumplimiento que los aspirantes a cargos públicos sean elegidos en elecciones primarias. Así como que las organizaciones se sometan periódicamente a auditorías externas. Se trata, en definitiva, de establecer los controles pertinentes para que la corrupción no se convierta en un mal endémico.

De igual modo, sería oportuno establecer una normativa legal según la cual los órganos ejecutivos de los partidos fueran responsables, a todos los efectos, de las cuentas de sus organizaciones, como lo son los consejos de Administración de las empresas. En ese supuesto, serían los integrantes de las comisiones ejecutivas los que en primera instancia exigirían claridad y transparencia en las cuentas.

También hay que elaborar una Ley de Transparencia de verdad, que sea eficaz en la lucha contra la corrupción. El texto que ha propuesto el PP para elaborar una ley tan necesaria además de insuficiente es incompleto; no estaría de más buscar equivalentes que sirvieran de referencia en la UE.

No cabe esperar que el sistema se regenere por si solo. Eso no sucederá nunca. Tal vez sea necesaria una amplia movilización ciudadana, al estilo de las realizadas por los afectados por las hipotecas que exija una nueva Ley de Partidos Políticos. Sería positivo buscar algún prototipo allende fronteras: Alemania podría ser un buen ejemplo. Allí, la transparencia y la democracia interna vienen impuestas por ley. Entre otras cuestiones en esa iniciativa legislativa deberían figurar asuntos como imponer congresos en períodos de tiempo predeterminados. O exigir las elecciones primarias con sufragio universal y secreto como un sistema habitual de elección de los candidatos a cargo público. También sería conveniente exigir auditorías externas e independientes como herramienta habitual. Estas medidas y otras muchas que se deberían adoptar, harían que nuestro sistema político fuera más cercano y, a la vez, más creíble.

La justicia también debe hacer su aportación para solventar el problema y para ello es necesario que acompase su ritmo a los ritmos de los tiempos. No es de recibo que una causa se eternice y se tarden años y años en tener una sentencia. Ahí, la referencia podría ser EEUU. De todos modos, la democracia basada en los partidos políticos no es perfecta, pero como dijo Winston Churchill es el sistema menos malo de todos los conocidos. Mejorarlo es posible, pero eso, depende de todos nosotros.



Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 01/03/13

CARTA ABIERTA A UN INDEPE

Apreciado Fulano de tal: Cientos de miles de personas -entre los que me incluyo-, durante más de cinco años, hemos sido asediados con f...