Ahora, bajo el eufemismo de reformas los Gobiernos, tanto el central como los autonómicos -con alguna honrosa excepción-, están desmontando ese Estado del bienestar, con prisa y sin pausa. Y lo hacen al ritmo que marca la economía especulativa, bajo la atenta mirada del Gran Hermano, que no es otro que la canciller Ángela Merkel.
De hecho, lo que la derecha política conservadora nos está imponiendo, no es otra cosa que la agenda neoliberal, regresando así a las condiciones de vida anteriores al Estado del bienestar. O sea, la vuelta al capitalismo puro y duro. Por eso, cuando se plantea la reforma laboral lo que de verdad se está poniendo sobre la mesa es una regresión laboral, y se hace, mediante la supresión de una buena parte de los derechos de los asalariados, que se habían conseguido tras muchos esfuerzos y mucha lucha.
Ahora mismo se está planteado una reforma financiera que ya ha hecho desaparecer a la cajas de ahorro (entidades que mejor o peor llevaban a cabo una determinada obra social) y se acabará concentrado el poder económico en manos de unos pocos bancos. De ese modo, se generará una nueva oligarquía financiera, más potente si cabe que la actual. O bien nos hablan de reforma educativa, cuando en realidad lo que se está haciendo es ceder a la Iglesia buena parte del control ideológico y económico de la educación.
Algo similar podríamos decir sobre la reforma sanitaria. Hace tiempo que se descubrió la gran bicoca que podría suponer una sanidad pública gestionada, en las áreas que generan beneficios, por empresas privadas. Pues bien, ahora ya se han puesto manos a la obra, y más pronto que tarde la gestión compartida será una realidad. Eso si, dejando en manos del sector público los ámbitos deficitarios y en manos privadas aquellos que produzcan beneficios.
Y no crean, amables lectores, que la lista regresiva se acaba aquí, podíamos incluir los recortes a la Ley de la Dependencia, la supresión de las ayudas a la formación laboral de los discapacitados o la reforma de las pensiones, entre otros derechos adquiridos y que viernes tras viernes (tal y como anunció Mariano Rajoy) el Gobierno nos ira suprimiendo. Pero donde todo este proceso regresivo llega a su máxima expresión, es en el campo de la justicia. Desde su toma de posesión, el Ministro Ruiz Gallardón ha decidido retrotraernos, en el ámbito judicial, a los años 80.
En este contexto, la iniciativa de mayor calado político es el anunció de la reforma del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial -para que 12 de ellos sean designados directamente por los jueces- superando cuotas partidistas. Aquí Gallardón quiere retroceder más de treinta años y volver a 1980, cuando se celebraron las primeras elecciones para ocupar 12 de los 20 puestos del CGPJ. En aquel entonces, la Asociación Profesional de la Magistratura ocupó los 12 puestos en liza, de manera que aquel Gobierno de los jueces estaba integrado, sólo, por profesionales conservadores, no había ni progresistas, ni centristas, ni independientes, ni no asociados. De ese modo, quizás se pueda conseguir que el Poder Judicial sea independiente… y, a la vez, conservador. La cuadratura del círculo, vamos.
No obstante, la reforma de la Ley del Aborto, que se verá en el Congreso a finales de este año o principios del que viene, se lleva la palma. Cuando se apruebe, sencillamente se negará a la mujer a decidir sobre su cuerpo por si misma. Surrealismo total. Mal que bien los ciudadanos podemos entender, aunque no compartir, determinados recortes por la carga económica que se precisa para su desarrollo. Eso es una cosa y otra, muy diferente, es meter la tijera en derechos civiles y avances sociales ya asentados en la sociedad. Ahí es donde el Gobierno que preside Mariano Rajoy se retrata y muestra su versión más auténtica de derecha ultramontana y, con frecuencia, preconstitucional.
Bernardo Fernández
Publicado en La voz de Barcelona 31/05/12
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