29 de juny 2012

SORTU

Resulta sorprendente como determinados personajes políticos utilizan la vara de medir al Tribunal Constitucional (TC), en función de si las sentencias que éste dicta, coinciden o no con sus criterios. Aquellos que jalearon la sentencia del TC cuando se hizo público el dictamen sobre el Estatuto de Cataluña y pidieron respeto y acato para el alto tribunal, ahora, tras el fallo sobre Sortu, han salido en tropel, no tan sólo criticando la decisión, sino poniendo en tela de juicio su legitimidad.


De poco ha servido que el ministro de Justicia, Albert Ruiz Gallardón, manifestara “su discrepancia” junto al “máximo respeto” acerca de la sentencia. El ala más dura del PP, haciendo oídos sordos a la opinión del Gobierno arremetió con dureza contra el fallo judicial que legaliza el partido abertzale. Llegando a insinuar, de forma poco sibilina, una victoria de ETA sobre el Estado de derecho. Inaudito.

Ana Botella, Alcaldesa de Madrid, habló de “paso atrás” y “daño a la democracia”. Para el eurodiputado, vicesecretario del PP y ex ministro Mayor Oreja esa sentencia da “fuerza a ETA” y sostiene que la banda “nunca ha acariciado tanto poder”.

De todos modos, quien ha hecho las declaraciones más estentóreas ha sido la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, para quien “ha llegado el momento de plantearse por qué tiene que haber un Tribunal Constitucional nutrido de políticos que se llaman magistrados pero que no lo son. A lo mejor hay que empezar a pensar que el Constitucional sea una sala del Supremo”, dijo sin inmutarse.

Es asombrosa la capacidad que tiene esta Señora para proponer cambios y prohibiciones cuando la realidad no es de su agrado. En los últimos tiempos nos ha deleitado con su propuesta de prohibir un partido de futbol para evitar una pitada. Doña Esperanza no se anda por las ramas y, también, propuso reducir el número de diputados de la Asamblea de Madrid para suprimir gastos. Sin embargo no se le ocurrió pensar que existe una cosa que se llama libertad de expresión o que para reducir gastos se pueden suprimir chanchullos como Gurtel o, en su momento, la estación de AVE en Guadalajara, cono todo lo que aquel pelotazo supuso.

Pero volvamos a lo que tiene enjundia: Días atrás el TC hizo pública una sentencia mediante la cual se legaliza al partido abertzale Sortu. La misma en su último fundamento jurídico contiene un conjunto de medidas que pueden conducir a la ilegalización de la organización política si ésta no respeta los principios democráticos o el pluralismo político. Conviene poner aquí de manifiesto que este catálogo de conducta fue aprobado por todos los magistrados del alto tribunal, si bien es cierto que tres de ellos anunciaron que harán uso del voto particular, por sus discrepancias y dos votaron en contra por ser reacios a la legalización.

En realidad, el quid de la cuestión consiste en discernir apriorísticamente si la intención de Sortu es actuar como un instrumento político y electoral al servicio de una banda terrorista, o bien sus promesas de pelear, por sus ideas, dentro del marco democrático respetando las reglas de juego son sinceras. Tiempo habrá para comprobarlo. El hecho cierto es que en todo este largo y difícil proceso, que se ha de seguir hasta la desaparición total de la banda terrorista, no se debe descartar algún intento involucionista. Y eso se puede originar tano en al cúpula dirigente, como en algún grupúsculo, más o menos marginal, opuesto a colgar las pistolas. Es verdad. El riesgo existe.

No obstante, vale la pena arriesgar. Las incertezas que nos plantea el futuro no las resolveremos aferrándonos al pasado. De volver a las andadas, el Estado de derecho tiene mecanismos suficientes para actuar en consecuencia. Pero, a lo que nos debemos ir acostumbrando es a que la izquierda abertzale no va a renunciar a sus planteamientos independentistas en Euskadi, como no lo va a hacer ERC, en Cataluña, y defender eso en democracia es tan legítimo como cualquier otra opción. Aunque no nos guste.



Bernardo Fernández

Publicado en la Voz de Barcelona 28/06/12

SIN RENCOR


Los ciudadanos no sabemos la suerte que tenemos. Carlos Divar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha dimitido de todos sus cargos y se va, según dijo en su discurso de despedida, sin rencor.


Menos mal. Con la que está cayendo: la prima de riesgo disparada, el no rescate y otras minucias sin importancia, sólo nos faltaba que el bueno de Don Carlos nos echara un mal de ojo.

Y es que como dice el poeta: “la gente, jefe, es mala y el mundo un desatino”. Sin explicar con quien viajó ni en concepto de qué, Divar endosó más de 29.000 euros a las arcas del consejo. Sólo fueron 32 viajes de nada, en dilatados fines de semana, 20 de ellos a Puerto Banús (Marbella), realizados entre abril de 2008 y el pasado mes de marzo. Y por esas insignificancias, hay que ver como nos hemos ensañado con este santo varón. Somos tremendos

Eso sí, genio y figura... En su despedida dijo que se iba sin tener conciencia de haber hecho nada malo y tachó de cruel la campaña contra sus viajes, pero de autocrítica y contrición ni rastro. De todos modos, parece que la ciudadanía, no comparte esa opinión, pues según una encuesta de Metroscopia, el 84% de la población está de acuerdo con la dimisión. En el sondeo se recoge con claridad el rechazo de la sociedad a la malversación de fondos.

Los sufridos contribuyentes estamos hartos de tanta francachela indiscriminada. Por eso, cabe esperar que a partir de ahora se inicie una etapa de regeneración y transparencia que destierre la fea costumbre de cargar gastos particulares a las arcas públicas. A los ciudadanos nos queda la esperanza de que esa nueva etapa se haga extensible a otros estamentos públicos que, al fin y al cabo, sufragamos entre todos para el bien común y no para que se aprovechen unos desalmados.



Bernardo Fernández

Publicado en ABC 27/06/12



18 de juny 2012

INTERVENCIÓN DE FACTO

Tal y como se están desarrollando los acontecimientos en nuestro país, no resulta descabellado pensar que Mariano Rajoy pase a la historia como uno de los personajes que más pronto dilapidó el capital político que le otorgaron las urnas. Llegó al Gobierno con la promesa de bajar la prima de riesgo, crear empleo y recuperar la confianza en España. Pues bien, han pasado seis meses desde la toma de posesión y la prima de riesgo se ha disparado, se sigue destruyendo empleo a marchas forzadas y la confianza en España está por los suelos. La consecuencia es clara: El Ejecutivo ha tenido que pedir un rescate bancario.


A pesar de tener una cómoda mayoría y una oposición despistada, buscándose a sí misma, en menos de medio año el Presidente se ha desdicho prácticamente en todo. Un ejemplo: no hace ni quince días decía que la banca española no precisaba de ningún rescate. En estos meses, su obsesión ha sido calmar a los mercados para evitar una intervención. Pero la realidad acostumbra a ser tozuda y con la prima de riesgo por encima de los 500 puntos de forma sostenida, el rescate se hizo inevitable.

Después de muchas dudas, desmentidos y bagatelas diversas, al Gobierno no le ha quedado más remedio que recurrir al fondo de ayuda europeo para pedir un rescate. Tras el órdago de Bankia no había mucho donde escoger.

La medida era necesaria para, primero, relajar la presión de los mercados, que se estaba convirtiendo en insoportable para la economía española y, después, par evitar la intervención de la cuarta economía de la eurozona. Ahora bien, eso significa que España deberá cumplir, a pies juntillas, las recomendaciones que haya hecho hasta el momento y haga en adelante Bruselas. No obstante, nos aseguran que las exigencias serán sensiblemente menores a las que se impusieron a Grecia, Portugal o Irlanda.

Muchas han sido las razones que nos han llevado a este punto de no retorno. Una de ellas, la pésima gestión de la reforma financiera que ha llevado a cabo el Gobierno. Otra, no menor, el fatal sistema de comunicación utilizado por el Ejecutivo y la falta de coordinación entre sus miembros. Pero es que nuestros dirigentes políticos han olvidado la interconectividad que existe entre el ámbito nacional y el europeo y eso ha mermado la ya maltrecha confianza de que gozaba nuestro país. Además, por si todo eso fuera poco, el presidente del Gobierno ha tardado mucho en empezar a hacer política europea y cunado comenzó lo hizo con desdén, tratando los eurobonos como un debate teórico.

A Mariano Rajoy le ha costado entender que esta crisis, más allá de la dimensión española, es fundamentalmente una crisis europea y una crisis de confianza. En estas circunstancias, la solidez y la estabilidad financiera son claves para que las reformas estructurales se puedan realizar con éxito. Y así nos luce el pelo. En cualquier caso, lo que a los ciudadanos de a pie nos debe preocupar es la manera como nos afectará a nosotros este rescate. Veamos.

Para empezar, estamos ante una intervención de facto y eso supone una pérdida de soberanía. En consecuencia, como ya se ha mencionado más arriba, de momento Bruselas nos ha hecho llegar recomendaciones, a partir de ahora lo que nos diga Europa, serán poco menos que dogmas de fe. Por tanto, el objetivo de reducción de déficit es irrenunciable y, por eso, los nuevos recortes no se harán esperar. Pero hay más: más pronto que tarde se va a poner en práctica el aplazamiento de la edad de jubilación y se va subir el IVA y aquellos impuestos y tasas que sean susceptibles de ser modificados al alza.

Tampoco nos debería extrañar que se empiece a hablar de congelar las pensiones o de profundizar aún más en la reforma laboral. De igual manera, y esto es lógico, las entidades que acudan al rescate, además de las auditorías ya encargadas deberán aceptar inspecciones de la UE, el BCE y la Autoridad Bancaria Europea.

También es posible que aprovechando este tótum revolutum el ala más dura del Gobierno desentierre aquel viejo proyecto del PP que consiste en desmantelar buena parte del Estado autonómico, reasumiendo el Ejecutivo central, con la excusa de la presión externa, competencias que habían sido descentralizadas. De ese modo, las CCAA acabarán convirtiéndose en simples Diputaciones, con escaso contenido político.

Para el Ministro de Economía Luís de Guindos la razón que explica esta operación es tener entidades solventes para que puedan dar créditos a las pymes y a las familias españolas, para, de esa forma, estimular el consumo y generar crecimiento. Esperemos que sea así, puesto que ese dinero se ha de devolver con los intereses correspondientes y si no lo hacen los bancos lo deberán hacer sus avalistas, que no son otros que la sociedad española. O sea, nosotros.



Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 17/06/12

07 de juny 2012

CONJETURAS

Desde que se hicieron públicas las miserias que se ocultaban en las entrañas del Palau de la Música, muchos indicios llevaban a pensar que Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), no era del todo ajena a aquel affaire.


Con las actas levantadas por el Ministerio de Hacienda primero y ahora con un informe de la policía, encargado por el juez, esas sospechas se van confirmando. Según ese informe el partido nacionalista se financió irregularmente con el dinero que grandes empresas adjudicatarias de obra pública donaron a la Fundación Trias Fargas, actual Catdem, muy próxima CDC.

Según la policía con la mediación de Félix Millet y Jordi Montull, la constructora Ferrovial pagó comisiones a CDC, a cambio de adjudicaciones de obras como la Ciudad de la justicia y la línea 9 del metro. El documento, elaborado por la Unidad contra la Delincuencia económica y Fiscal (UDEF), apunta que Ferrovial “financió de forma ilógica” y con “ingentes sumas” las actividades del Palau. Después Millet y Montull actuaban como mediadores y eran los encargados de hacer llegar el dinero a su verdadero destinatario, CDC. Tras un análisis en profundidad en las cuentas de la Fundación Trias Fargas se ha detectado que entre 2002 y 2008 recibió más de 6 millones de euros en donaciones de diversas empresas de construcción, suministro de aguas, concesionarias de autopistas y farmacéuticas, entre otras. Aquí, hay que recordar que en el año 2007 esta Fundación aportó 600.000 euros a la campaña electoral del entonces candidato a la Alcaldía de Barcelona y hoy Alcalde Xavier Trias.

Es cierto que de momento todo son conjeturas y en un Estado de derecho nadie es culpable mientras no se demuestra lo contario. Ahora bien, por higiene democrática Artur Mas debe salir a la palestra y dar explicaciones. Si siempre es rechazable un sistema de financiación irregular, en un momento tan difícil como el actual, además de ilegal es inmoral.

Bernardo Fernández

Publicado en ABC 06/06/12

PACTE FISCAL

La reunió de tots els partits catalans, convocada dies enrere pel President Artur Mas, per pactar un nou model de finançament per Catalunya sembla ser que va acabar en un principi d’apropament entre CiU i el PSC


El Govern català ha volgut donar prioritat, fins i tot per sobre de temes que en l’actual situació d’atur serien més urgents, a la discussió del “pacte fiscal”.per tant, la pregunta és obligada: Cal recolzar aquesta iniciativa? La meva opinió és que si, però amb matisos.

S’ha posat sobre la taula un document que juga constantment amb dos conceptes: “pacte fiscal” com a sinònim de “concert econòmic” i “dèficit fiscal” com a problema que es vol solucionar, que, per altra banda, ningú no s’ha encarregat de definir prou bé, i que encara que per als especialistes pugui tenir un significat més o menys clar, no és el cas per a la gent del carrer. Aquesta manca de concreció pot fer més difícil la negociació i pot arribar a crear falses expectatives i frustracions. Encetar un debat polític al voltat d’un objectiu que no està ben definit perquè no s’han aclarit prou els continguts, ésr molt perillós



En quest context voldria fer unes quantes reflexions i deixar-les sobre la taula. Veiem.

Aquest pacte fiscal vol ser un acord entre Catalunya i l’Estat sobre la gestió i el repartiment dels recursos fiscals generats a Catalunya. Per tant, l’acord de finançament que van aprovar la Ministra Salgado i el Conseller Castells era un pacte fiscal? La part de finançament que conté l’Estatut del 2007 és un pacte fiscal? Una millora de l’actual acord de finançament es podria considerar un nou pacte fiscal? Quins serien els elements imprescindibles de qualsevol millora per tal de poder dir que s’ha aconseguit “el pacte fiscal”?



Per altra banda, quan es diu que el pacte fiscal ha d’estar “en la línia del concert econòmic”, què es vol dir? Vol dir que el nou sistema ha de ser homologable a l’actual concert econòmic basc? Si és així, ho ha de ser en les formes o en el resultat, o en totes dues coses? Quins serien els contingut necessaris per poder dir que està en la línia del concert?



Es diu que el que es pretén sobre tot és disminuir el “dèficit fiscal” de Catalunya. Sabem quin és el dèficit actual? Deixant de banda la manca de voluntat de l’Administració Central per ser transparent, els diferents càlculs que s’han fet a Catalunya han donat estimacions bastant diferents fruit de la metodologia utilitzada (des del 6,5% al 8,5% del PIB català). En qualsevol cas les dues xifres són excessives. Quin dèficit es podria acceptar? Cap? El derivat del pagament dels serveis de l’Estat? El que tingués una quota de solidaritat? Ha de tenir un límit aquesta quota? Quin? El de la Constitució alemanya (al voltant del 4%) que sovint es posa com a model? El que resulta del Concert basc, molt proper a zero? Sense concretar tot això resulta molt difícil fer-se una idea d’on volem arribar.



No cal dir que en el possible nou pacte s’han de distingir dos tipus d’objectius: l’econòmic, en termes dels recursos que se n’obtinguin, i el polític, en termes de reconeixement de la sobirania nacional catalana. Per tant, hauríem de saber si l’aspiració principal és una millora del finançament o un canvi de model que reconegui els aspectes polítics. Sabem quins són els equilibris que es poden fer entre els dos? Això és important, ja que cal saber interpretar les diferents motivacions de la ampla majoria de catalans que es poden alinear amb el nou pacte. Quan es diu que s’està a favor del pacte fiscal està pensant en els diners o en les identitats? Seria bo que ho coneguéssim, però això no s’ha preguntat mai a les enquestes.



Es pensa seguir la clàssica estratègia de demanar 100 amb voluntat d’obtenir 50, de forma que quan s’obté encara que sigui bo la gent queda frustrada, tal com ha passat amb el darrer pacte fiscal i encara més amb l’Estatut? Pot ser una tàctica molt útil en termes electorals, però nefasta de cara a la moral de la gent.

Després d’aquesta reflexió vull deixar, també per escrit, el meu punt de vista persona sobre la qüestió.

És bastant evident que cal millorar l’actual relació fiscal amb la resta d’Espanya. Hem de tenir la competència per recaptar tots els impostos. Ara bé, això no vol dir que ens els haurem de quedar tots. (No oblidem que això passa amb el concert basc, que molts posen com a objectiu) Hem de pagar els serveis que fa l’Estat i, a més, haurem d’aportar una quota de solidaritat per distribuir a altres àrees de l’Estat. També, cal posar un màxim i un mínim a aquesta quota. De la mateixa manera que cal posar un sostre al dèficit fiscal. A vegada que establim un mètode de càlcul pactat per saber quin és el dèficit fiscal.

En definitiva, un nou Pacte Fiscal és necessari, de la mateixa manera que ho és un Pacte Social, per tant, cal recolzar el Govern en aquesta iniciativa, però exigint aclarir molt d’allò que aquí ha quedat per escrit. Si no, una vegada més, arribarà la frustració.



Bernardo Fernández

Publicat a e-noticies.com 04/06/12

04 de juny 2012

REGRESIÓN

Tras la II Guerra Mundial en Europa Occidental se pusieron en marcha una serie de políticas socioeconómicas que dieron origen al Estado del bienestar moderno. Eric Hobsbawn, historiador británico de origen judío, calificó esa etapa como “la edad de oro del capitalismo”, ya que ha sido el período de crecimiento económico sostenido más prolongado del siglo XX.


Ahora, bajo el eufemismo de reformas los Gobiernos, tanto el central como los autonómicos -con alguna honrosa excepción-, están desmontando ese Estado del bienestar, con prisa y sin pausa. Y lo hacen al ritmo que marca la economía especulativa, bajo la atenta mirada del Gran Hermano, que no es otro que la canciller Ángela Merkel.

De hecho, lo que la derecha política conservadora nos está imponiendo, no es otra cosa que la agenda neoliberal, regresando así a las condiciones de vida anteriores al Estado del bienestar. O sea, la vuelta al capitalismo puro y duro. Por eso, cuando se plantea la reforma laboral lo que de verdad se está poniendo sobre la mesa es una regresión laboral, y se hace, mediante la supresión de una buena parte de los derechos de los asalariados, que se habían conseguido tras muchos esfuerzos y mucha lucha.

Ahora mismo se está planteado una reforma financiera que ya ha hecho desaparecer a la cajas de ahorro (entidades que mejor o peor llevaban a cabo una determinada obra social) y se acabará concentrado el poder económico en manos de unos pocos bancos. De ese modo, se generará una nueva oligarquía financiera, más potente si cabe que la actual. O bien nos hablan de reforma educativa, cuando en realidad lo que se está haciendo es ceder a la Iglesia buena parte del control ideológico y económico de la educación.

Algo similar podríamos decir sobre la reforma sanitaria. Hace tiempo que se descubrió la gran bicoca que podría suponer una sanidad pública gestionada, en las áreas que generan beneficios, por empresas privadas. Pues bien, ahora ya se han puesto manos a la obra, y más pronto que tarde la gestión compartida será una realidad. Eso si, dejando en manos del sector público los ámbitos deficitarios y en manos privadas aquellos que produzcan beneficios.

Y no crean, amables lectores, que la lista regresiva se acaba aquí, podíamos incluir los recortes a la Ley de la Dependencia, la supresión de las ayudas a la formación laboral de los discapacitados o la reforma de las pensiones, entre otros derechos adquiridos y que viernes tras viernes (tal y como anunció Mariano Rajoy) el Gobierno nos ira suprimiendo. Pero donde todo este proceso regresivo llega a su máxima expresión, es en el campo de la justicia. Desde su toma de posesión, el Ministro Ruiz Gallardón ha decidido retrotraernos, en el ámbito judicial, a los años 80.

En este contexto, la iniciativa de mayor calado político es el anunció de la reforma del sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial -para que 12 de ellos sean designados directamente por los jueces- superando cuotas partidistas. Aquí Gallardón quiere retroceder más de treinta años y volver a 1980, cuando se celebraron las primeras elecciones para ocupar 12 de los 20 puestos del CGPJ. En aquel entonces, la Asociación Profesional de la Magistratura ocupó los 12 puestos en liza, de manera que aquel Gobierno de los jueces estaba integrado, sólo, por profesionales conservadores, no había ni progresistas, ni centristas, ni independientes, ni no asociados. De ese modo, quizás se pueda conseguir que el Poder Judicial sea independiente… y, a la vez, conservador. La cuadratura del círculo, vamos.

No obstante, la reforma de la Ley del Aborto, que se verá en el Congreso a finales de este año o principios del que viene, se lleva la palma. Cuando se apruebe, sencillamente se negará a la mujer a decidir sobre su cuerpo por si misma. Surrealismo total. Mal que bien los ciudadanos podemos entender, aunque no compartir, determinados recortes por la carga económica que se precisa para su desarrollo. Eso es una cosa y otra, muy diferente, es meter la tijera en derechos civiles y avances sociales ya asentados en la sociedad. Ahí es donde el Gobierno que preside Mariano Rajoy se retrata y muestra su versión más auténtica de derecha ultramontana y, con frecuencia, preconstitucional.



Bernardo Fernández

Publicado en La voz de Barcelona 31/05/12

CARTA ABIERTA A UN INDEPE

Apreciado Fulano de tal: Cientos de miles de personas -entre los que me incluyo-, durante más de cinco años, hemos sido asediados con f...