LO QUE PUDO HABER SIDO Y NO FUE

Estos días se cumplen 93 años de la proclamación de la Segunda República española. Aquel hecho histórico fue posible porque se dieron una serie de circunstancias especialísimas: una grave crisis política, serios problemas de desigualdad y subdesarrollo, agravados por la depresión mundial y un renacimiento intelectual muy vigoroso y positivista. A todo eso, hay que añadir que en la España de los años treinta la Monarquía se había convertido en una institución obsoleta, la economía estaba gripada, los desequilibrios, entre la España rural y la urbana eran muy acusados y la crispación entre las corrientes políticas e intelectuales antagónicas estaba a flor de piel.

En este contexto, el Gobierno del almirante Aznar, conocido como dictablanda en contraposición al de la dictadura de Primo de Ribera, alteró el orden electoral que correspondía y convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. La idea era que al tener los comicios un sesgo administrativo sirviesen para atemperar posiciones y calmar los ánimos contra el régimen que estaban muy alterados.

Sin embrago, ni los partidos de izquierdas, ni los republicanos mordieron el anzuelo y plantearon la campaña como si de elecciones a Cortes se tratase. De hecho, aquellos comicios fueron planteados como un plebiscito a la Monarquía de Alfonso XIII. La victoria social-republicana fue arrolladora. La conjunción republicano-socialista ganó en la práctica totalidad de capitales de provincia, pero es que también lo hizo en lugares  como Vallecas, Baracaldo o Vigo y también en  Sabadell, Tarrasa, Hospitalet de Llobregat y   Linares, la Carolina, Algeciras, Tomelloso, Mieres, Langreo, Gijón o Mahón. ​

El conde de Romanones, ministro de Estado, relató: «Al volver a Madrid (pasada la tarde en el campo) me di inmediata cuenta de que la batalla estaba perdida. Me bastó saber que en el centro del barrio de Salamanca, donde solo hay clase media y donde habita la aristocracia de la sangre y del dinero, el escrutinio resultaba adverso para los monárquicos».

Como no podía ser de otra forma, tras la euforia de unos por la victoria electoral y la decepción de los otros por el fracaso de sus opciones, el lunes 13 de abril nadie sabía que iba a pasar en España.

El Gobierno estaba desconcertado, los monárquicos descolocados y en la oposición temían que se pusiera en marcha una ola represiva. En ese contexto, quizás fueron los asesores más cercanos a Alfonso XIII los que supieron hacer una lectura correcta de la situación y tras no pocas tensiones, propuestas y contrapropuestas que no cristalizaron, para evitar un baño de sangre, optaron por proponer al rey que se expatriase “temporalmente”.     

Una vez proclamada la Segunda República, el 14 de abril de 1931, está adoptó la forma de república unitaria, si bien permitía la formación de regiones autónomas (a lo que se acogieron Cataluña y País Vasco). La República pronto tuvo que enfrentarse a la polarización política propia de la época y a importantísimos poderes fácticos encabezados por el sector financiero, la Iglesia y el ejército. Pronto quedó claro que aquello sería una obra de titanes. De forma simultánea, en Europa se vivía el ascenso al poder de dictaduras totalitarias. El primer presidente de la República fue Niceto Alcalá Zamora, de la Derecha Liberal Republicana; en tanto que Manuel Azaña, de Acción Republicana (más tarde Izquierda Republicana (IR)) en coalición con el PSOE, fue el presidente del Gobierno tras la victoria izquierdista en las elecciones del 28 de junio. Este gobierno trató de realizar numerosas reformas, como la Ley de Reforma Agraria, por lo que su gobierno es conocido como el Bienio Reformista. Fue en 1931 cuando se extendió también, por primera vez en España, el sufragio universal a las mujeres.

Ya en 1932 tuvo lugar un fallido golpe de estado protagonizado por el general Sanjurjo, muestra de la inestabilidad política del momento. En las elecciones de 1933, ganó la Confederación Española de Derechas Autónomas de José María Gil-Robles, seguida del Partido Republicano Radical de Lerroux. La CEDA, que unía a diversos partidos conservadores y presentaba ciertos rasgos de carácter fascistoide, fue rechazada por Alcalá Zamora para presidir el gobierno, otorgándoselo a Lerroux, si bien éste integró en su gobierno a varios ministros de la CEDA. La integración de la CEDA en el Gobierno fue una de las razones que motivó la Revolución de 1934, en la que sectores del PSOE, Unión General de Trabajadores (UGT), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Partido Comunista de España (PCE) protagonizaron una huelga general en el marco de la cual se intentó el derribo del gobierno, al tiempo que Lluís Companys (ERC)), president de la Generalidad de Cataluña, proclamaba el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. La violenta represión de la Revolución, en especial en Asturias, donde tomó especial fuerza, la supresión de la autonomía catalana y la detención de numerosas personalidades políticas de importancia (incluidas algunas que no estuvieron detrás de los hechos acaecidos, como Azaña), motivaron la formación del Frente Popular por PSOE, UGT, PCE, Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), IR, Unión Republicana (UR) y ERC, entre otros. El Frente Popular venció en las elecciones de 1936, volviendo a asumir el gobierno Manuel Azaña, quien pronto fue elegido presidente de la República tras la destitución de Alcalá Zamora.

Pero ese es otro capítulo de la historia que podremos tratar en otra entrega. Hoy quedémonos con lo que puedo haber sido y no fue.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E Notícies 13/04/2024

 

LA SOCIALDEMOCRACIA DESNORTADA

Cuando el pasado mes de noviembre, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno de España, los socialdemócratas europeos respiraron aliviados. Pensar que uno o varios miembros de Vox podrían sentarse en los Consejos de ministros ponía los pelos de punta a cualquier persona sensata.

La victoria de Sánchez en 2019  fue un revulsivo para la socialdemocracia de la UE. Entonces el socialismo cogobernaba en Alemania bajo la dirección de la conservadora Angela Merkel, pero habían perdido en Italia en 2018 y se había hundido en Francia el año anterior. A Pedro Sánchez le precedió Antonio Costa, que llegó al poder en Portugal en 2015. Cuando, a finales de 2019, se formó la primera coalición de izquierdas de la historia de España, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia y Malta eran gobernadas por socialdemócratas, y en Grecia y Rumania había gobiernos de izquierdas. Posteriormente se sumó Alemania, en otoño de 2021, con una coalición tripartita encabezada por el socialdemócrata Olaf Scholz junto a Verdes y liberales.

No obstante, parece que esto de la gobernanza política es cíclico. En 2019, cuando el PSOE ganó las elecciones, la izquierda encadenó una buena racha de triunfos, tanto en elecciones nacionales como en las europeas. Sin embargo, todo indica que ese ciclo se está agotando y están proliferando gobiernos de derechas. La socialdemocracia ya no es la fuerza dominante de hace unos años y da la sensación de que pierde combustible de manera sostenida.

En ese contexto, vemos cómo, elección tras elección, la extrema derecha alcanza el voto de los descontentos con los partidos tradicionales. En España Vox ya ha entrado en las instituciones de la mano del PP, está en varios gabinetes autonómicos y tiene un número de concejales, nada desdeñable, repartidos por los ayuntamientos. Y en Portugal, desde las últimas elecciones, celebradas el pasado mes de marzo, Chega (versión lusa de derecha extrema) es la tercera fuerza.  

L a aceptación de la socialdemocracia en Europa está en uno de los niveles más bajos desde los años 80-90 y ha caído, salvo honrosas excepciones, de forma sistemática desde la crisis de 200 8. La lista de partidos socialistas en mínimos históricos va en Crescendo: comenzó con la casi desaparición del Pasok en Grecia y ha seguido con problemas crecientes en países como Francia o el Reino Unido .

Aunque cada lugar tiene sus propias especificidades, existe un denominador común que tiene que ver con los problemas estructurales que enfrentan estos partidos:

El eje vertebrador de la desconexión entre los socialdemócratas y los ciudadanos es la economía. Esto se puso especialmente de alivio con la crisis financiera de 2008. Entonces la respuesta de la derecha y del mundo financiero a aquella Gran Crisis fue el austericismo, y ahí la socialdemocracia tuvo una respuesta entre tibia y contemporizadora. Los partidos socialdemócratas no supieron o no pudieron responder de forma adecuada al discurso que lo fiaba todo a la austeridad.

La incerteza económica más el terrorismo perpetrado por el islam radical ha hecho que una parte sustancial de la ciudadanía recele de la migración y la multiculturalidad. Es más, la migración es una de las cuestiones que más preocupan al conjunto de los europeos. Estamos viendo como partidos de nítido corte progresista incorporan, sin ningún rubor, a sus programas propuestas de corte populista y xenófobo.

La derecha radical, y en ocasiones la no tan radical, propone sin tapujos la prohibición de la llegada de foráneos y la expulsión de los que estén aquí de forma irregular. El argumento es fácil, aunque falaz: De esa forma, se mantendrían los empleos para los de “casa” y se evitaría la delincuencia y el terrorismo.

Mientras, la socialdemocracia duda y no sabe cómo adaptarse a la nueva realidad: ¿Hay que renunciar al multiculturalismo? ¿Cerrando fronteras se defiende el Estado del bienestar? Estas son algunas de las muchas preguntas que se hacen los teóricos de la socialdemocracia sin llegar a ninguna respuesta concreta.

Los socialdemócratas, junto a los demócratas cristianos, fueron los grandes arquitectos del modelo social europeo surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Aquella izquierda hizo posible la provisión de salud universal, la educación, las pensiones dignas y los derechos laborales, algo que hasta ahora nadie ha cuestionado. Sin embrago, desde hace un tiempo, ya se empiezan a escuchar voces que ponen en cuestión esas conquistas históricas.

En buena medida, el éxito de los partidos socialdemócratas vino dado por la sintonía que se desarrolló con los sindicatos y determinados movimientos sociales, que sirvieron para amplificar el discurso y hacer llegar sus mensajes a la mayoría social, algo que nunca tuvo la derecha. Sin embargo, todo eso se ha ido desmoronando de forma paulatina pero constante. Los cambios en el mundo laboral, con un número creciente de trabajadores temporales o en actividades informales, unidos a la falta de apoyo político al movimiento sindical explican, en parte, esa situación.

Aunque, quizás, lo más paradójico es que la agenda socialdemócrata centrada en la lucha por la igualdad política, económica y la estabilidad de los ciudadanos es hoy más relevante que nunca. Sin embargo, parece que la socialdemocracia ha perdido la brújula y no sabe dónde está el norte.

En consecuencia, si los socialdemócratas no quieren perder el tren de la historia de forma definitiva, se hace indispensable un rearme ideológico que permita reconectar con las clases medias y populares. Y, para lograrlo, es necesario hacer una redistribución de la riqueza más equitativa, apostar por la transición ecológica, y reducir la incertidumbre económica. Es imprescindible nuevos equilibrios entre Estado y mercado, reimpulsar la agenda de los derechos humanos universales, las políticas de vivienda, salud, pensiones y educación, adecuándolas al tiempo que nos ha tocado vivir. Para conseguirlo, la socialdemocracia ha de reinventarse, con más participación, más transparencia y mayor democracia interna.

No hay fórmulas mágicas, pero es evidente que el inmovilismo puede llevar a la marginalidad. Por lo tanto, para mejorar hay que arriesgar.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E Notícies 04/06/2024

LA POLÍTICA Y LOS VASOS COMUNICANTES

Muchos ciudadanos, tanto partidarios, como contrarios, de la ley de amnistía, pensaban que, con la aprobación de la medida de gracia, tendríamos un tiempo de cierta tranquilidad política. Se equivocaron. De forma, prácticamente, simultánea a la aprobación de esa ley, en el Parlament de Cataluña. En Comú Podem votaba no a la tramitación de los presupuestos presentados por el Govern. Dicen algunos que los de Ada Colau bloquearon las cuentas de la Generalitat con la excusa de la construcción del complejo de ocio y casinos Hard Rock en Tarragona, pero que en realidad lo hicieron para castigar a los socialistas por el veto que Jaume Collboni había puesto a Colau para formar parte del gobierno municipal de Barcelona.

Nunca sabremos si ese voto fue una represalia o no. El hecho cierto es que a renglón seguido, el presidente Pere Aragonés anunciaba el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones a la Cámara catalana para el próximo 12 de mayo.

Faltaría a la verdad si dijese que esa convocatoria nos cogió por sorpresa. Desde que se inició la legislatura, en mayo de 2021, el Govern, primero de coalición (Junts-ERC) y luego en solitario de ERC ha tenido que hacer malabares para no descarrilar. Si no lo ha hecho, ha sido gracias al seny que el grupo parlamentario del PSC ha puesto para que la legislatura no se fuera a Norris. Y es que gobernar con 33 diputados de un total de 135, no es un milagro, pero casi. Los republicanos han de agradecer, a un ángel de la guarda, llamado Salvador Illa, que haya hecho posible la gobernabilidad en todo este tiempo.  

Nunca sabremos si el no de los comunes a los presupuestos fue la verdadera causa para convocar las elecciones, o fueron los intereses partidistas de Aragonés los que le llevaron a dar la legislatura por finiquitada. La cuestión es que ahora tenemos por delante un ciclo de tres procesos electorales en un mes y medio: elecciones vascas el 21 de abril, catalanas el 12 de mayo y al Parlamento europeo el 9 de junio. Luego nos extrañará si los ciudadanos muestran hartazgo y desafección a la política.

Ese panorama hará que el Congreso entre en una fase de letargo porque ni los partidos vascos ni los independentistas catalanes tendrán ningún interés en aparecer como “colaboracionistas” de la política española. De hecho, el Gobierno central, tras la convocatoria electoral catalana, decidió no presentar las cuentas para 2024, ante la posibilidad de que los socios del Ejecutivo reaccionen de forma imprevisible en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

La política, en ocasiones, es endiablada y ahora estamos ante una situación que puede tener tintes maquiavélicos. Según diversos sondeos es muy probable que se produzca un empate entre el PNV y EH-Bildu en las selecciones vascas. Si eso es así, tendrá que ser el partido socialista quien decante la balanza a favor de una u otra formación para que alcance la lehendakaritza. Sánchez ya anunció, tiempo atrás, que si se daba esa circunstancia, el apoyo del partido socialista sería para el PNV. Es decir, que el PNV seguirá mandando en el País Vasco con el apoyo del PSE si dan los números, claro está; ya que nacionalistas y socialistas gobiernan en las tres capitales y las diputaciones forales y según parece ni a unos ni a otros les va nada mal. Pero eso significa que no se pueda descartar que los abertzales, en algún momento, quieran ajustar cuentas con el Gobierno y aprovechen alguna votación importante en el Congreso para marcar distancias ante el Ejecutivo de Sánchez.

Algo similar o, incluso, peor puede suceder con el independentismo catalán. Aquí todo indica que el PSC ganará las elecciones, pero también que necesitará del concurso de ERC o Junts para gobernar y ahí es donde se puede abrir la caja de los truenos. Porque tanto unos como otros igual piden la presidencia de la Generalitat a cambio de su apoyo en el Congreso, negarse a colaborar con el Ejecutivo central si ellos no están en el Govern o cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir a cambio de sus votos. De hecho, Pere Aragonés ya ha puesto la financiación “singular” para Cataluña (eufemismo de concierto fiscal) como condición “sine qua non” para seguir dando soporte al Gobierno de Sánchez.

Por lo que pueda venir conviene que nos vayamos acostumbrando a todo tipo de componendas por raras que parezcan. Por ejemplo: siempre se había dicho que la política catalana se hacía en Cataluña. Sin embargo, la semana anterior supimos que Aragonés llamó a Yolanda Díaz para que intercediese ante En Comú Podem y le dejaran tramitar los presupuestos. Y es que, por lo que se ve, algunos son independentistas solo cuando les conviene.    

Lo que queda claro es que la política tiene mucho que ver con los vasos comunicantes. Lo que ocurre aquí acaba repercutiendo allí y viceversa.  Y aunque en esta legislatura el Gobierno goza, al menos sobre el papel, de una amplia mayoría en el Congreso de los diputados, esa mayoría está constituida por un bloque muy heterogéneo que en cualquier momento se puede quebrar con relativa facilidad.

 

Bernardo Fernández

Publicado en E-notícies 30/03/2024

 

APUNTES PARA UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN

En una iniciativa inédita hasta la fecha, en materia financiera, una veintena de entidades empresariales catalanas hicieron público, días atrás, su punto de vista, sobre la ineludible necesidad de actualizar el sistema de financiación autonómica.

Desde luego, no le falta razón al empresariado catalán. El actual modelo de financiación de las comunidades autónomas (CCAA) caducó en 2014. Desde entonces, por motivos que no vienen al caso, su actualización se ha ido postergando sine die. Ahora, esa actualización ya no puede esperar mucho más y habrá que afrontarlo en breve.

Los empresarios catalanes sabían que el Govern de la Generalitat estaba ultimando una propuesta de financiación “singular” para Cataluña, que tenía la intención de presentar en este mes de marzo. Tal vez por eso, las entidades empresariales no hicieron una propuesta concreta, pero sí dibujaron un perímetro para esa financiación que tiene como referente el pacto fiscal Vasco y de Navarra. Sin embargo, con la convocatoria inesperada de las elecciones al Parlament, para el 12 de mayo, el proyecto del Govern ha quedado congelado.

De hecho, el eje vertebrador de la propuesta del empresariado, y presumiblemente del Govern, sería que la Generalitat recaude y administre todos los tributos que se pagan en Cataluña y, después, el Govern aporte a las arcas del Estadio la parte que previamente se haya acordado con el Gobierno central.

Estamos tratando cosas muy serias y pienso que son temas que se deben tratar con mucho rigor y analizando muy bien cada posibilidad. Porque, en opinión de los expertos, con la propuesta de los empresarios catalanes estaríamos restando recursos, no solo al sistema de financiación autonómico, sino a las arcas del Estado para sustentar políticas públicas a nivel nacional.

Según Ángel de la Fuente, economista y director del centro de análisis Fedea: “El impacto se notaría tanto en el sistema de financiación autonómico como en los ingresos del Estado”(…) “La aportación de los ciudadanos de Cataluña a través de los impuestos estatales supera los 20.000 millones de euros, más la parte correspondiente del impuesto de sociedades. Y esa es una parte importante de los ingresos del Estado”.

El sistema de financiación autonómico vigente para las regiones de régimen común, de las que forma parte Cataluña, es complejo y casi ininteligible para la mayoría de los mortales. Veamos, por ejemplo, que sucede con el principio de ordinalidad: Cataluña es la segunda comunidad que más aporta, 2.168 millones de euros, solo por detrás de Madrid con 6.300, según el estudio “La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común”, publicado por Fedea. Sin embargo, a la hora de recibir recursos queda relegada a la décima posición. Ante esa situación, es muy lógico pensar que la posición final debería aproximarse más al punto de partida. Es decir, si se es la segunda en aportar que sea la cuarta o la quinta en recibir, ¿pero la décima?  Parece excesivo. Y eso no tiene que significar ni favoritismo ni tratos de favor; sino una redistribución más equitativa de la renta disponible.

Además, deberíamos ser conscientes de que, ni todos los impuestos que se cobran en Cataluña los pagan los catalanes ni todo lo que pagan los catalanes se recauda en Cataluña.

Ante esta compleja realidad, el Gobierno central ha fijado como uno de sus principales objetivos para esta legislatura aprobar la reforma que reclaman tanto los presidentes autonómicos del PP como los socialistas. Por eso, el Ministerio de Hacienda envió, hace un tiempo, un documento a las CCAA para que presentaran alegaciones sobre el mismo como punto de partida. El texto aludía, de forma explícita, a la población ajustada (población en un territorio ponderado sus necesidades, definidas según determinados criterios, es decir, envejecimiento, dispersión etc.), así como dar más peso al gasto sanitario y educativo a la hora de repartir los fondos, dos de las variables sobre las que se asienta el modelo.

Es cierto, no obstante, que con la negativa del Partido Popular a aprobar el techo de gasto, propuesto por el Ministerio de Hacienda —los populares, haciendo valer su mayoría absoluta en el Senado ya lo han tumbado dos veces—, la capacidad de gasto de las CCAA sufrirá un serio recorte y eso complicará las negociaciones.

Es deseable que avancemos hacia un modelo de financiación como el que tienen los países más descentralizados y de larga tradición federal, como pueden ser Canadá, EEUU o Suiza. Algo muy difícil, aunque no imposible. Y es que para lograrlo hay que perseverar en una verdadera cultura federal.

Pero mientras no alcancemos ese estatus de perfección esperemos que el nuevo sistema sea mucho más simple, eficaz, entendible y transparente. Y es que el actual modelo no deja de ser una “anomalía” entre los sistema de financiación de los estados federales.

En este contexto de cambio, una buena iniciativa sería poner en marcha la Agencia Tributaria consorciada acordada en el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, con el objetivo de dar mayor agilidad en el sistema a la hora de repartir recursos, de forma que se pueda reducir. el periodo necesario entre liquidaciones de impuestos y transferencias a las comunidades. Incluso los cambios normativos de determinados impuestos, que provocan que entre una modificación del IRPF y su impacto en la tesorería autonómica pasen, como mínimo, dos años.

De todas maneras, está por ver si el adelanto incidente electoral, y como, en el desarrollo y negociaciones de sistema de financiación autonómico. Cataluña tiene un peso muy específico en el conjunto del país y lo que ocurre aquí, acaba repercutiendo allí.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E-Notícies 16/03/2024 

 

CONTRA VIENTO Y MAREA

 

Hace algo más de cien días que el Gobierno de coalición echó a andar y los problemas se le acumulan. Nadie esperaba que la legislatura fuese un camino de rosas, pero tampoco era previsible que tan pronto las cosas se complicasen tanto. Y eso que este Ejecutivo goza, al menos sobre el papel, de una de las mayorías más amplias que en el Congreso de los diputados han existido nunca. Sin embrago, ya hemos visto que ese bloque es muy heterogéneo y se quiebra con facilidad.

El primer aviso lo dieron, en el Pleno del Congreso, del 10 de enero, Podemos y Junts. Los primeros, sumando sus votos a PP y Vox para tumbar el decreto de ley de reforma del subsidio de desempleo. Los segundos amenazaron con derribar una serie de iniciativas gubernamentales que al final se aprobaron porque ellos, a pesar de sus amenazas, se abstuvieron en la votación. Sin embargo, unas semanas después, en el Pleno del 30 de enero, los de Puigdemont decidieron dejar caer la ley de amnistía por entender que no daba las suficientes garantías.

Esas son algunas de las consecuencias de la realidad parlamentaria que viene dada por la compresión de fuerzas salida de las urnas el 23 J. Nadie pude llamarse un engaño. Otra cosa muy distinta, es que, con los resultados de las elecciones gallegas todavía por digerir, saltase, por un lado, el caso Koldo y, por otro, que los sectores judiciales, abiertamente en contra de la ley de amnistía, hayan perdido todo pudor y recato y quieran hacer jaque al Gobierno.

Pero vayamos por partes.

El que fuera hombre para todo de José Luis Ábalos, durante su etapa como ministro de Transportes y secretario de organización del PSOE, hasta julio del 2021, Koldo García Izaguirre fue detenido y puesto a disposición judicial por su posible implicación en un caso de presunta corrupción. por el cobro de comisiones ilegales en contratos públicos de compra de mascarillas durante la pandemia. Un asunto con muy mala pinta, que de momento, es de alcance desconocido, pero que amenaza con extenderse como una mancha de aceite y es muy posible que acabe salpicando a personajes ilustres de ambas riberas ideológicas. Además, puede ser, como está intentando el PP, que se ha lanzado a acusar sin pruebas y solo con indicios o recortes de periódico, un obús en la línea de flotación de Pedro Sánchez, que precisamente llegó a la Moncloa haciendo de la lucha contra. la corrupcion una de sus senas de identidad.

Los que me conocen saben que con el independentismo, sus líderes y proyectos no tengo ninguna sintonía. Es más, soy de la opinión que quien la hace la paga. Por eso, aquellos que quisieron subvertir el orden en Cataluña y no han pasado todavía por los tribunales de Justicia no pueden irse de rositas. Ahora bien, eso es una cosa y otra muy distinta que justo ahora, cuando el Gobierno, ERC y Junts han llegado a un acuerdo sobre la futura ley de amnistía, el Tribunal Supremo (TS) haya decidido investigar al expresident Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, causa en la que se indagan las protestas y disturbios que siguieron, en octubre de 2019, a la sentencia del procés.

No nos corresponde a la ciudadanía discernir si los hechos que se imputan a Tsunami Democràtic son disturbios o terrorismo, eso deben calificarlos los expertos. De igual manera, han de clarificar si Puigdemont era, o no, el hombre a la sombra de esa organización. Pero la cuestión es otra. La cuestión es que se da una extraña coincidencia en el tiempo entre la iniciativa legislativa y la investigación judicial; después de que el asunto durmiese un prolongado sueño de cuatro años en alguna de las incontables carpetas que descansan en las estanterías de los juzgados.  Ahora, justo ahora que se ha llegado a un acuerdo que quizás dé una relativa estabilidad parlamentaria y una nueva perspectiva a la situación política, desde el Poder Judicial lanzan una andanada que puede dar al traste con la legislatura.

Como he dicho y escrito en reiteradas ocasiones he sido contrario a la ley de amnistía y soy escéptico por lo que respecta a sus supuestos efecto terapéuticos; el tiempo será quién dé y quites razones. Pero eso no es un impedimento para que vea en la maniobra de determinados jueces intereses que no buscan ni la justicia ni el bien común, sino todo lo contrario: un intento deliberado de alterar la realidad política. Algo tan deleznable como, en su momento, fue el movimiento secesionista, con la diferencia de que el independentismo podía alegar un cierto desconocimiento de la normativa jurídica y “sus señorías”, obviamente, no.

Ante esta situación, Pedro Sánchez ya sabe que deberá luchar contra viento y marea para seguir adelante. Precisamente por eso, no estaría de más que parafraseando a Felipe II en aquella celebérrima frase de: «Yo no mandé a mis barcos a luchar contra los elementos» dijera algo así como: «Yo me dispuse a gobernar para seguir trasformando la real social de nuestro país, y no para defenderme de los sinvergüenzas que se enriquecieron con la desgracia ajena ni de los poderes fácticos».

 

Bernardo Fernández

Publicado en E-Notícies 09/03/2024.

DESIGUALDAD, S.A.

Alguna cosa no funciona en nuestra sociedad. Perdón: debí escribir, muchas cosas no funcionan. Pero me refiero, en concreto, a nuestro sistema económico.

Esta semana hemos conocido la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según ese estudio, el porcentaje de población en riesgo de exclusión social en 2023 alcanzó el 26,5%, cinco décimas por encima que en 2022 y tres décimas más que antes de la pandemia. Además, el porcentaje de personas que presentan una situación de carencia material y social grave también aumentó en más de un punto, hasta alcanzar al 9% de los encuestados. Es decir, la peor cifra desde 2014, cuando comenzaron a elaborarse estas informes.

Esa encuesta viene a ratificar un estudio publicado por OXFAM Intermón, el pasado mes de enero, con el título “Desigualdad, S.A., Filial España”, en 2022, más de la mitad del valor de la riqueza en España se concentraba en manos de apenas un 10% de la población; y un 22%, en las del 1% más rico. Mientras, los hogares que conforman el 50% más pobre apenas concentraban el 7% de la riqueza total del país y han visto cómo se ha reducido el valor de su riqueza neta promedio.

En los últimos 20 años, la brecha entre quienes más y menos tienen se ha hecho más grande: la diferencia entre el valor de la riqueza de un hogar situado en el 50% más pobre y otro del 10% más rico se ha duplicado. Una de las causas principales de esta desigualdad es el creciente porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que generan las rentas de capital, concentradas en unas pocas personas, frente a las rentas del trabajo.

Ante esta preocupante tendencia, debemos añadir la evolución de la riqueza financiera: el peso de los activos financieros sobre la riqueza bruta casi se ha doblado en los últimos 20 años, y el 79,2% del valor de los mismos está en manos del 10% más rico de la población.

Es especialmente relevante señalar que casi la mitad de las 50 grandes empresas españolas tienen una vinculación significativa (vía propiedad o por su presencia en los órganos directivos) de personas que están en el 1% más rico.

Eso significa que una enorme concentración de poder corporativo está acentuando la desigualdad en el conjunto de la economía mundial y España no es una excepción. No obstante, esas brechas tienen solución: Podemos lograr unas sociedades más equitativas si desde los gobiernos se regula para redistribuir de manera drástica el poder de las principales fortunas y de las grandes empresas hacia el resto de la población y reinventamos eficazmente el sector privado como un actor que contribuya más y mejor al bien común y no a generar una riqueza cada vez mayor para unos pocos.

Pocos días después de hacerse público el estudio “Desigualdad, S.A., Filial España”, conocíamos un informe según el cual la gran banca española ganó más que nunca en 2023: superó los 26.000 millones de beneficios, un 26% más. Casi la mitad cosechados en España, gracias al repunte de los ingresos por las alzas de tipos del BCE

Los grandes bancos españoles cerraron un 2023 de record. Entre las cinco entidades principales —Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter— ganaron 26.088 millones de euros, un 25,96% más. Esto es, una cifra nunca antes alcanzada de forma agregada a la que se ha llegado gracias al impulso de los ingresos tras la abrupta subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en el último año y medio en su lucha contra la inflación. Así como a una contención de costes generales y de los depósitos, con una remuneración del ahorro de los clientes que sube a menor ritmo que el precio de los préstamos.

De los seis grupos financieros que cotizan en el Ibex, tan solo Unicaja presentó unas cuentas con unos beneficios inferiores en un 4% al ejercicio anterior. De las ganancias anotadas por los cinco grandes, se cosecharon en España 11.428 millones de euros. Es decir, el beneficio en el país se ha disparado un 52,8% más y supone casi la mitad del total. Ante este repunte esperado del resultado, el Gobierno impuso un impuesto extraordinario, en principio temporal por dos años, pero luego prorrogado por un tercero y con la idea de hacerlo permanente.

Que las grandes entidades financieras y empresas tengan beneficios es tan deseable como necesario porque esa es su razón de ser. Ahora bien, la cuestión es dónde ponemos el listón para diferenciar los beneficios empresariales lícitos y decentes de los abusivos e indecentes.

Si queremos revertir esta situación es ineludible avanzar hacia una gobernanza democrática de las empresas y un reparto equitativo de beneficios... Abrir la cultura empresarial de nuestro país hacia modelos inclusivos abordando una reforma empresarial que atienda al artículo 129 de la Constitución, que defiende, como principio, la participación de las personas trabajadoras en las grandes empresas. Asimismo, hay que modificar la Ley de Sociedades de Capital que faciliten y promuevan la representación de los y las trabajadoras en los Consejos de administración y en la comisión de nombramientos y retribuciones.  Sin olvidar la participación de las personas trabajadoras en los beneficios de la empresa, a través de distintos esquemas de reparto.

En definitiva, se trata de introducir un modelo de gobernanza empresarial basado en el bien común y romper, a la vez, la priorización cortoplacista de maximizar la retribución financiera a los accionistas.

Soy consciente de que para muchos esto viene a ser un brindis al sol, y quizás no les falte algo de razón, pero en algún momento tendrán que empezar a cambiar las cosas. Y tal vez ese momento es ahora, ¿por qué no?

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 02/03/2024

 

AL RINCÓN DE PENSAR

De un tiempo para acá el PSOE acumula un buen puñado de reveses electorales. Sin embargo, parece que la dirección del partido no acierta con la tecla que ha de revertir la situación. 

Este nefasto ciclo electoral para los intereses socialistas se inició en junio de 2022 con los comicios al Parlamento de Andalucía. Entonces el PP de Moreno Bonilla logró su primera mayoría absoluta, a la vez que el socialismo sufría un serio correctivo. Menos de un año después llagaron las autonómicas en diversas comunidades y municipales en toda España, donde el PSOE se dejó unos 400.000 votos. Seguro que todos recordamos como casi todo el país se tiño de azul con alguna honrosa excepción como Asturias, Castilla la Mancha o Cataluña, donde el PSC hizo un gran papel y frenó al independentismo.

Sin solución de continuidad se convocaron las elecciones generales de julio de 2023 y, aunque los resultados fueron más bien discretos, los pactos con grupos minoritarios permitieron que meses más tarde se pudiera formar gobierno; y eso fue balsámico. No obstante, estamos viendo como el Ejecutivo, a pesar de tener, sobre el papel, una amplia mayoría, no goza de la necesaria estabilidad en el Congreso de los diputados. En estos momentos es Junts x Cat quien, a cuenta de la amnistía, genera zozobra, pero mañana puede ser cualquier otro grupo el que ponga precio a la continuidad de la legislatura.

El resultado electoral del pasado domingo en Galicia, es  un fracaso estrepitoso del socialismo (el peor de la reciente historia democrática). Desde luego, esos resultados pueden interpretarse en clave exclusivamente gallega. Ahora bien, no es menos cierto que entre unas elecciones autonómicas y la situación general del país existen incuestionables vasos comunicantes. Y, en cualquier caso, se ha puesto de manifiesto la debilidad territorial del PSOE en determinados lugares.

"Se ha votado en términos muy territoriales", declaró Esther Peña, la flamante portavoz del partido, a la vez que aseguraba que la amnistía no había influido en el resultado. Pues no habrá influido, pero algún motivo habrá para semejante batacazo.

De nuevo, quién ha puesto el dedo en la llaga ha sido Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha, en su opinión: “las elecciones gallegas obviamente tienen un componente autonómico” (…) “Pero no vamos a engañarnos, la realidad es que el producto era regional, pero el guiso era nacional”, Por ello, ha pedido sacar conclusiones “desde la seriedad” (...) “Si el PP no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy hablaríamos de las consecuencias nacionales, no gallegas. Y sería el principio de la decadencia de Feijóo. Si pasa lo contrario, la conclusión también tiene que ser nacional”. Con sinceridad creo que al, tantas veces denostado, líder castellano-manchego no le falta razón.

Con todo, la situación no deja de ser paradójica. Veamos. Desde hace más de cuatro años en España gobierna un Ejecutivo de coalición y progresista que se sostiene en una mayoría socialista y ese Gobierno, que las ha visto de todos los colores, pandemia, guerras, etc. es el que más y mejores políticas sociales ha llevado a cabo. Recordemos: reforma de la reforma laboral, subida por ley de las pensiones conforme al IPC, subida sistémica del salario mínimo profesional,  instauración del Ingreso Mínimo Vital (IMV), subvenciones a los combustibles, subvenciones al transporte público, rebajas sustanciales del precio de la electricidad o del gas, creación de puestos de trabajo como muy pocas veces se había visto en nuestro país (algo que siempre había sido el talón de Aquiles de los gobiernos) son algunas de las iniciativas sociales que este Gobierno ha llevado a cabo. Tampoco se ha andado con medias tintas a la hora de legislar. Así, por ejemplo, entre otras, se han aprobado leyes sobre feminismo, vivienda, transición ecológica o memoria democrática y, sin embargo, no parece que todo eso tenga la aceptación en la calle que, a priori, cabría esperar. 

En opinión de Pedro Sánchez es necesario “consolidar liderazgos fuertes” en las comunidades autónomas “que incluso trasciendan la marca del partido”. Seguramente no anda descaminado el secretario general y presidente del Gobierno, aunque eso sea condición necesaria, pero no suficiente.  Además, es innegable que no todo, ni desde el Gobierno ni desde el partido se está haciendo bien. Como mínimo o falla la comunicación o falla la capacidad de involucrar e ilusionar a la ciudadanía, o ambas cosas a la vez.

Por consiguiente, me parecería muy razonable que se constituyera un grupo de “cerebros pensantes” y se les enviase, por un tiempo, al rincón de pensar, a ver si así es posible discernir que impide al socialismo reconectar con la sociedad. Porque para no perder el tren del progreso, España necesita una profunda trasformación y, desengañémonos, o la pilota el PSOE o aquí no se transforma nada. Por eso, García Page tiene toda la razón cuando dice: “hay que evitar que este ciclo electoral se convierta en un ciclón”.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E Notícies 24/02/2024