18 d’abril 2018

culebrón.cat


El proceso independentista catalán cada vez se parece más a un culebrón (teleseries o telenovelas denominan en algunos lugares a este género televisivo). Como muy bien saben los lectores, suelen estar desarrollados a partir de argumentos melodramáticos y acostumbran a tener un final feliz para los protagonistas.
La situación política que estamos viviendo en Cataluña también tiene mucho de melodrama. Cuando el Gobierno central se vio en la obligación de aplicar el artículo 155 de la Constitución (cosa que hubiera hecho cualquier otro Ejecutivo de cualquier otro país similar al nuestro), la mayoría de los ciudadanos sentimos un cierto alivio, por una parte, pero también, una gran dosis de frustración.
Alivio porque de esa forma se ponía coto a todo un proceso sin pies ni cabeza que había desembocado en unos hechos gravísimos; primero, los días 6 y 7 de septiembre en el Parlament intentando poner en jaque al Estado, después, en la calle, en especial el día 20 ante la consejería de Economía y más tarde, en octubre, con la celebración del mal llamado referéndum y la proclamación de la república.
Pero, también, frustración porque tuvimos que contemplar cómo se recurría a las vías judiciales ya que los políticos habían sido incapaces de sentarse, hablar, negocias y pactar.
Al poco tiempo, se celebraron unas elecciones que, si bien ganó Ciudadanos, obteniendo más votos y más escaños, la aritmética parlamentaria no les permitía forma gobierno. Sin embargo, las fuerzas independentistas, si sumaban los diputados suficientes para proponer un candidato y lograr la investidura.
Si entre los soberanistas hubiera existido algo de sensatez y sin necesidad de renunciar, de forma explícita, a ninguno de sus planteamientos, hubieran propuesto para presidente de la Generalitat a alguien sin cuentas con la justicia, habría salido elegido, hubiera formado su propio ejecutivo, el 155 hubiese quedado desactivado y se habría empezado a normalizar el país que tanto dicen querer. Y eso, lo podían haber hecho a partir del 31 de enero.
Pero no, el independentismo ha preferido seguir con la fractura social, el bloqueo institucional y ahondando en la brecha económica que se ha abierto con la fuga de empresas y exilios de sedes sociales.
Hasta cuatro intentos de investidura ha llevado a cabo el president del Parlament Roger Torrent, sabiendo que todos ellos eran jurídica y políticamente inviables. En consecuencia, no cabe atribuir desconocimiento al tomar esas iniciativas, sino chulería y un ánimo deliberado de saltarse la legalidad y desafiar al Gobierno central.
Por si todo esto fuera poco,  Torrent ha utilizado de forma torticera un documento, con fecha del 23 de marzo pasado, del Comité de Derechos Humanos (un comité técnico formado por 18 expertos, pero no de la ONU, que tiene como misión la vigilancia del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ), intentado hacer creer que en ese documento se cuestionaba la prisión provisional de Jordi Sánchez (propuesto, por el inefable Roger Torrent, por dos veces para ser investido). La verdad, es que ese organismo lo único que ha hecho ha sido admitir a trámite la reclamación planteada. Una reclamación que, además de no ser vinculante, puede tardar meses e incluso años en sustanciarse.
De todos modos, no deja de ser paradójico que aquellos que optaron por la vía unilateral y la ruptura de un Estado de derecho, social y democrático, como es el español, intenten, ahora, buscar amparo en la Naciones Unidas. Un organismo que ni por lo más remoto contempla la secesión en los términos que aquí nos la han planteado.
Los independentistas son conscientes que han perdido toda opción de llevar su proyecto adelante. De hecho, nunca la tuvieron. En consecuencia, lo único que les queda son las algaradas, las crónicas de sucesos, las de tribunales y poco más. Quizás esa sea la razón por la que la mesa de la Cámara catalana, en la que tienen mayoría los independentistas, haya amenazado con presentar una querella por prevaricación contra el magistrado Pablo Llarena por no permitir a Jordi Sánchez asistir a la sesión de investidura, pese a que los letrados de la institución lo han desaconsejado y han sugerido que, de llevarse a cabo, sea presentada o por el propio Sánchez o por un grupo parlamentario. Pero según parece aquí se tarta de marcar territorio y como dice el cantor “a ver quién la tiene más larga”.
Como escribía al principio de estas líneas, las telenovelas suelen tener un final feliz para los protagonistas. Sin embargo, mucho me temo que este culebrón político que estamos sufriendo en Cataluña, como dice el catedrático de Derecho Constitucional, Francesc de Carreras, “sólo puede acabar mal o muy mal”.


Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 17/04/18

16 d’abril 2018

MARTES NEGRO


El pasado martes, 10 de abril --y eso que no era 13--, fue un día aciago para el Gobierno Municipal de Barcelona, encabezado por Ada Colau y, también, para aquellos que nos gusta el fútbol y somos seguidores del Barça.
En efecto, ese martes, por la mañana los grupos municipales de la oposición certificaron, en una sesión de pleno extraordinaria, la defunción y entierro de dos de los proyectos estrella de la alcaldesa Colau, la multi consulta y la unión de las dos redes del tranvía por la Diagonal. Luego, por la noche, el Barça quedaba apeado, de manera vergonzante, de la Champions League, por un equipo, “la” Roma, sobre el papel muy inferior, pero eso sí, con mucho corazón y fe ciega en la victoria; justo lo que les faltó a Messi y compañía.
Dos días después, casualidad o no, Ayuntamiento y FC Barcelona, anunciaban, a bombo y platillo, un acuerdo para llevar a cabo la gran transformación urbanística del Camp Nou y su entorno. Seguro que la cosa ya estaba acordada y bendecida. Pero que quieren que les diga; llevaban años y años hablando y discrepando, y lo presentan de golpe, cuando las dos instituciones reciben palos por todas partes.
Lo del fútbol pase. Es un juego y como tal hay que aceptarlo. Lo serio y que me ha impulsado a escribir este artículo es la situación de descontrol que transmite el Gobierno de la ciudad.
El problema de fondo no es ni el tranvía ni la multi consulta ni nada que se le parezca. Aquí la cuestión es que, tenemos una alcaldesa que, según dicen, fue una buena agitadora social, pero a la que la vara de mando de la ciudad le bien grande, muy grande. Y eso hace que su soledad política al frente del Consistorio la perciban los ciudadanos.
Su incapacidad para llegar a acuerdos estables y duraderos es una evidencia. Le ocurrió con los socialistas. Después de algo más de un año de intensa colaboración rompió el pacto por cuestiones ajenas a la gobernabilidad de la ciudad y por decisiones en las que, el PSC de Barcelona no había tenido nada que ver. Entonces, la alcaldesa, intentó un acercamiento a ERC, pero a juzgar por cómo van las cosas esa entente no ha progresado de manera adecuada. Esos bandazos obligan a que su formación política tenga que mercadear, de forma constante, con los votos y esa forma de hacer política, acaba pasando factura. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Cuando falta poco más de un año para los próximos comicios municipales y los partidos empiezan a marcar perfil propio.
Entrando en materia de lo que dio de sí el último pleno municipal, confieso que no soy un entusiasta del tranvía y tengo serias dudas de que enlazar ese transporte sea rentable y beneficioso para la ciudad. Quizás a estas alturas se podría pensar en soluciones más prácticas, más rápidas en su aplicación y tan ecológicas como el propio tranvía; me estoy refiriendo a un autobús eléctrico. Hoy es perfectamente viable.
De todos modos, dicen que el 52% de los barceloneses está a favor de esa opción. Pues bien, hace ya tres décadas que se está mareando la perdiz y quizá es el momento de tomar una decisión y, lo más importante, llevarla a cabo, “o ciaxa o faixa” que se dice por estos pagos.
Otro fiasco que se materializó en esa sesión plenaria fue la envainada que tuvo que hacer Ada Cclau de su multi consulta. La alcaldesa quería plantear un pack de preguntas para que los barceloneses nos pronunciásemos, en una semana, sobre cosas tan diversas como el futuro nombre de la actual plaza de Antonio López, la municipalización del servicio de agua, el uso de un solar que hay junto al hotel Rec Comtal o la posibilidad de construir más vivienda en el distrito del 22@. Pues bien, por motivos diversos, pero convergentes los grupos municipales tumbaron la iniciativa de los comunes, con lo que la alcaldesa ha quedado sin su multi consulta.
Si a estos fracasos se suman otros anteriores, como por ejemplo la funeraria municipal, podría darse la circunstancia que la carrera política de Colau haya comenzado su declive.
De hecho, los comunes admiten abiertamente que romper con los socialistas para acercarse a los independentistas fue un error porque éstos no están ayudando y se empieza a notar.
Y se que ya se sabe: quien siembra vientos recoge tempestades.

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 16/04/18

10 d’abril 2018

PENSIONES DE MISERIA


A veces tengo la sensación de qué, con tanta monserga independentista, estamos perdiendo el mundo de vista y las cosas que realmente son importantes y nos afectan de verdad, van quedando en un segundo plano. Y no digo que lo que está sucediendo en Cataluña no merezca nuestra atención, pero existen otros asuntos, como por ejemplo las pensiones, de las que depende el pan de cada día de muchos millones de personas y no les damos la importancia que ciertamente tienen.
Quizás ese es el motivo por el que no hayamos reparado tanto como debiéramos en las movilizaciones que los jubilados de nuestro país empezaron a realizar meses atrás para afrontar el grave problema que significa su pérdida de poder adquisitivo, con la pírrica subida anual del 0,25% de sus pensiones, impuesta por el gobierno del Partido Popular.
Por eso, el pasado 14 de marzo, se celebró un pleno en el Congreso para tratar el tema y, en teoría, buscar soluciones. La verdad es que la sesión fue de poco nivel y pasó con más pena que gloria.
Mariano Rajoy estuvo en su línea. De hecho, su objetivo era ganar tiempo y aprovechar las pensiones para sacar los presupuestos de 2018 adelante y salvar la legislatura. Como señuelo, ofreció subir las pensiones mínimas con el IPC, elevar las de viudedad y conceder alguna ayuda fiscal en determinados supuestos a los pensionistas. Menos da una piedra, pero el presidente hizo una oferta muy limitada que no resuelve, ni de lejos, el problema de fondo.
Así las cosas, ante la presión de la calle, los sindicatos y la oposición, el Gobierno ha querido poner negro sobre blanco y ha presentado algunas mejoras. Es verdad, pero a poco que se analicen se ve que no son más que un “mantente mientras cobro”.
Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los Presupuestos para 2018, presentados recientemente, están “pensados para pensionistas, servidores públicos y para financiar los servicios públicos fundamentales”.
Pues bien, dado que la magnífica ventana que me brinda El Catalán para expresar mis opiniones es, como no puede ser de otro modo, limitada en el espacio, me voy a centrar en analizar el asunto de las pensiones. Un asunto que sería cómico, sino fuera porque detrás de muchas pensiones hay auténticos dramas de supervivencia. Veamos.
Lo que en esencia se ofrece desde el Ejecutivo es qué, si finalmente estos presupuestos acaban aprobándose, las pensiones mínimas y de viudedad tendrán un aumento medio anual de entre 250 y 450 euros respectivamente. Es decir, si esa subida se divide en 14 pagas (12 mensualidades y dos extraordinarias) percibirán un aumento, por paga, de entre 17,80 euros las mínimas y 32,10 las de viudedad. Las que superen los 12.040 euros anuales y, por tanto, deban hacer Declaración de la Renta se quedarán con la modesta subida del 0,25%. Como vemos, todo un capital para los perceptores.
Para avanzar en un asunto tan importante como el que nos ocupa, deberíamos desterrar la idea de que las pensiones hay que sufragarlas exclusivamente con las cotizaciones sociales.
No perdamos de vista que son uno de los pilares de Estado del bienestar; en consecuencia, si sanidad, educación y servicios sociales se financian mediante impuestos, las pensiones no deberían sufrir un trato discriminatorio.
Por otra parte, el Gobierno prevé para 2018 una inflación del 1,6%. En buena lógica las pensiones deberían subir el mismo porcentaje. Además, ese incremento significaría menos de 2.000 millones de euros a añadir a la partida que ya se ha presupuestado para hacer frente a ese gasto, y así se podría subir igual que el IPC. Es decir, más o menos lo mismo que el coste inicial que supone rescatar las autopistas radiales de Madrid.
Por otra parte, en España estamos a la cola de gasto social. Nos superan países como Grecia o Portugal. Mientras en el conjunto de la UE el gasto social medio está sobre el 24,7%, aquí apenas superamos el 20%.
Además, los ingresos públicos en 2016 en nuestro país se situaron en el 37,7% del PIB, mientras que en el conjunto de la zona euro se recaudó un 46,1%, lo que demuestra la ineficacia de nuestra administración y el elevado volumen de fraude que atenaza nuestro sistema financiero.
Todos estos datos, tan solo son una pequeña muestra de que, con una administración más eficiente y un sistema fiscal más eficaz y, sobre todo, con más voluntad política, es posible, no multiplicar los panes y los peces, pero sí hacer que las pensiones se actualicen tanto como suba el IPC.
Al fin y al cabo, es una cuestión de justicia social. Claro que también hay entelequias que son cosa de algunos iluminados.
De nosotros depende diferenciar lo accesorio de lo fundamental.


Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 10/04/18

09 d’abril 2018

VICTORIA PARCIAL


La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein de dejar en libertad con medidas cautelares a Carles Puigdemont, ha generado un sunami jurídico-político de consecuencias impredecibles a día de hoy.
Hasta el pasado jueves, 5 de abril, en que se anunció la puesta en libertad del expresident fugado, la debilidad y el fraccionamiento de los partidos independentistas para gestionar el fracaso de la unilateralidad por la que apostaron en la anterior legislatura era una evidencia. Los secesionistas, pese a tener una mayoría suficiente para gobernar, se habían mostrado incapaces de pactar un programa de mínimos, formar gobierno y sacar al país del bloqueo político en el que está sumido.
Ahora esa decisión, tan inesperada como sorprendente, ha hecho que el secesionismo, que empezaba a dar signos de agotamiento, recupere autoestima y se venga arriba.
En la otra orilla, el Gobierno de Mariano, que había empezado a acariciar la idea de tener la derrota independentista a tiro de piedra, con los principales líderes o en la cárcel o fugados y los que quedan en acción dando muestras de una incompetencia casi total, contempla como un tribunal de justicia alemán ha desmontado su estrategia y ha puesto de manifiesto algunas de las consecuencias que tiene no hacer política y esconderse detrás de las togas.
El varapalo jurídico y político es evidente. Quizás por eso, desde el entorno del magistrado Pablo Llarena, se ha hecho saber a los medios de comunicación que están valorando la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la UE, ubicado en Luxemburgo. Pues, aunque la decisión del Tribunal Schleswig-Holstein no es recurrible, cabe la posibilidad de plantear si se ha aplicado de manera adecuada o no la orden europea de detención.
De todos modos, y sin ánimos de entrar en vericuetos judiciales, convendría tener muy en cuenta las declaraciones de Ignacio González Vega, portavoz de jueces y juezas para la democracia, que en un interesante artículo decía. “Una vez que el señor Puigdemont haya sido juzgado por malversación, tanto si es condenado o absuelto, transcurridos sesenta días, de permanecer en nuestro país podría ser procesado por el delito que las autoridades judiciales alemanas entienden que es inadmisible”.
Sea como sea, el hecho cierto es que el paisaje político ha cambiado de forma radical en Cataluña. El soberanismo está crecido y mucho me temo, que aquellas tibias esperanzas e ilusiones que algunos abrigábamos, de que las cosas empezaran a arreglarse van a quedar en el baúl de los recuerdos.
Roger Torrent, presidente de la cámara catalana, ya se ha encargado de confirmar estos presagios, al proponer, tras una rueda de consultas exprés, con los líderes de los grupos parlamentarios, de nuevo a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia de la Generalitat, en un Pleno, aún sin fecha, a celebrar en los próximos días.
Será la cuarta ocasión en que Torrent propone un candidato para la investidura. Primero fue Carles Puigdemont, después Jordi Sánchez y más tarde Jordi Turull que no fue investido en la primera ronda de votaciones y no se pudo presentar a la segunda porque ingresó en prisión.
Ahora, el president del Parlament se ampara en una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, según la cual Jordi Sánchez, aunque está en prisión preventiva, tiene, como diputado, sus derechos intactos.
En estas circunstancias, será el magistrado Pablo Llarena quien decida si permite la salida o no de Sánchez.
La investidura debe ser presencial para respetar la Ley de la Presidencia y el reglamento de la Cámara, tal como hicieron saber los letrados en el mes de enero a petición de diversos grupos parlamentarios.
De todos modos, la CUP ya ha anunciado que sus cuatro diputados se abstendrán. Por tanto, la hipotética investidura sería imposible. Los números no dan.
Sea como sea, una cosa es segura: la bronca y el follón están servidos.

Bernardo Fernández
Publicado en e.notícies 09/04/18

04 d’abril 2018

DESCABEZADOS


Sin lugar a duda, la detención de Carles Puigdemont, en Alemania, a pocos quilómetros de la frontera con Dinamarca es un éxito del Estado de derecho. Asimismo, la decisión que tomó días atrás el magistrado Pedro Llarena de enviar a prisión preventiva a cinco dirigentes independentistas, unido a los que ya estaban entre rejas y los que están huidos deja a los secesionistas sin líderes claros y seriamente tocados. Si, tocados, pero no hundidos. Que nadie dude que, más pronto que tarde, otras personas con más o menos carisma, con mejor o peor talante, con inteligencia política o sin ella enarbolaran lo que ellos llaman la bandera de la libertad.
De hecho, de todo el affaire soberanista que estamos viviendo en Cataluña, se pueden aprender muchas lecciones, yo me quedo con una: el fracaso de la política.
El asunto viene de lejos. Todo empezó cuando Artur Mas cometió el gravísimo error de ponerse en manos de movimientos radicales y populistas como Omnium y la ANC. Después, con el golpe de mano que se llevó a cabo en el Parlament de Cataluña, los días 6 y 7 de septiembre, con la aprobación de la ley del referéndum y la de la transitoriedad jurídica, la concentración del día 20 del mismo mes ante la consejería de Economía impidiendo la salida de la Guardia Civil y los acontecimientos de octubre, hicieron necesario que la justicia tomara cartas en el asunto.
Acto seguido vino el rosario de registros, incautación de sobres, papeletas, etcétera, por un lado, y por el otro, ocupación de espacios públicos, manifestaciones, acampadas frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y toda una demostración de músculo y desprecio manifiesto a la legalidad vigente. De forma, prácticamente simultánea, los tribunales de justicia empezaron su tarea y no tardaron en dar con sus huesos en la cárcel algunos dirigentes secesionistas y poner pies en polvorosa otros.
Con este paisaje de fondo, nadie, ni de aquí ni de allí, fue capaz de poner un poco de seny, echar el freno de mano y decir: “dialoguemos”. Todo lo contrario, mientras el ambiente se iba caldeando, unos y otros (el gobierno de aquí y el gobierno de allí), iban echando más leña al fuego. Y así llegamos al 1 de octubre. Punto culminante de todo un proceso de despropósitos y sin razón.
La obcecación de unos y el inmovilismo de otros han sido el caldo de cultivo que ha hecho posible que llegásemos hasta aquí. A poca sensatez que se tenga, los secesionistas saben que lo del 1-O fue cualquier cosa menos un referéndum, y la DUI del día 27 una provocación que no podía quedar sin respuesta.
Esa declaración unilateral es la que activó la puesta en marcha del 155. Más tarde, y tras las elecciones del 21 D, se han producido toda una serie de acontecimientos en cascada que, de momento, han culminado con la ya mencionada detención de Carles Puigdemont en Alemania.
Es posible que pasen semanas hasta que los jueces alemanes decidan si entregan o no al expresident para que sea juzgado, entre otros, por el delito de rebelión por el Tribunal Superior español. Previa estancia en la cárcel de Extremera.
Para los independentistas, los dirigentes que el juez Pablo Llarena ha metido en prisión son presos políticos y los huidos de la justicia exiliados. Ciertamente, cada cual es muy libre de utilizar los eufemismos como considere más oportuno; ahora bien, la verdad es que unos están encarcelados no por sus ideas sino por las acciones que llevaron a cabo, y los otros salieron corriendo para no tener que dar explicaciones delante de los tribunales y asumir después las posibles consecuencias.
Como dice un viejo amigo: “fuera de la ley, no. Sólo con la ley tampoco”. El fracaso de la política es evidente y el hecho cierto es que se ha roto la cohesión social, Cataluña está en un callejón sin salida y la situación económica se deteriora por momentos.
En estas circunstancias, sólo cabe investir un nuevo presidente que pueda actuar en plenitud de facultades, dejarse de sueños y quimeras, así como de algaradas y movilizaciones, cruzar los dedos y esperar que la sensatez vuelva a las instituciones.
Además de todo eso, hemos de ser conscientes de que el independentismo siempre ha existido y existirá en Cataluña. Es verdad que ha sido descabezado por la justicia, pero, más pronto que tarde se rehará, que nadie lo dude. Ahora bien, hay que lograr que vuelva a ser minoritario. Un movimiento cuanto más testimonial mejor. Para lograrlo es imprescindible que la ciudadanía catalana perciba que el Gobierno central se ocupa y preocupa de lo que aquí sucede y, a decir verdad, eso es algo que hace mucho que no ocurre o, al menos aquí, no se percibe.


Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán 29/03/18

27 de març 2018

VASOS COMUNICANTES


La política española, en la que la catalana es una pieza fundamental, necesita con urgencia un réset.
No es de recibo que un partido que está hasta las cejas de corrupción sea quien dirige y gobierna el país. Bien es verdad que esa organización, el Partido Popular, fue la fuerza más votada en las últimas elecciones. No obstante, habría que preguntarse si ganó porque convenció al electorado o por incomparecencia de los oponentes y la ciudadanía entendió que, en esas circunstancias, los populares eran el mal menor.
De igual manera, tampoco es admisible que el primer partido de la oposición se desangre en una lucha interna amortiguada con la sordina de lo políticamente correcto y que, además, no tenga un proyecto coherente y contrastado que proponer a la ciudadanía.
Por otra parte, los partidos emergentes, aunque apuntan maneras, en mi opinión, y por motivos distintos pero concurrentes, están todavía verdes para gobernar.
Así las cosas, sólo nos falta el emponzoñamiento y la mezcla político-jurídica que está generando la situación en Cataluña.
En este contexto, la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de ordenar prisión preventiva para cinco de los principales dirigentes separatistas que encabezaron el procés, entre ellos Jordi Turull, aspirante a la presidencia de la Generalitat, puede ser, en términos jurídicos, ajustada a derecho, no lo cuestionaré. Sin embargo, bajo mi punto de vista es desproporcionada y, sin duda alguna, en términos políticos, miope.
Es posible que los continuos reproches y ataques a nuestro sistema de convivencia y la democracia española de Carles Puigdemont, desde su cómodo refugio en Bélgica, así como la fuga de Marta Rovira en las horas previas a su declaración, hayan pesado en el ánimo del juez a la hora de decidir y anunciar una resolución tan dura.
No obstante, alguna otra medida cautelar, como por ejemplo la inhabilitación hubiese sido igual de efectiva y hubiera evitado mártires, algo de lo que el independentismo radical está deseoso. Tal vez, en ese supuesto, alguno de los ahora encarcelados hubiera cogido las de Villa Diego. Es igual, ha quedado demostrado que en el extranjero son inoperantes y más pronto o más tarde los fugados acabarán con sus huesos en la cárcel. Además, como dice el adagio, a enemigo que huye puente de plata.
Ciertamente, los delitos de los que se acusa a estos personajes por los sucesos del 6 y 7 de septiembre en el Parlament, el 20 del mismo mes ante la consejería de Economía, el referéndum ilegal del 1 de octubre y la proclamación de forma unilateral de la república el día 27, también de octubre, prefiguran la probabilidad de que puedan ser condenados por delitos tan graves como el de rebelión o, al menos, de sedición, malversación de caudales públicos y otros, como pueden ser, prevaricación y desobediencia. Y eso conlleva muchos años de cárcel. Llegados a ese punto que caiga sobre ellos el peso de la ley y cumplan en plenitud el castigo que se les imponga. Pero, eso sí, cuando haya sentencia.
Sin embargo, no podemos obviar que en la política como en la vida, las cosas suelen estar interconectadas entre sí, y es absurdo negar que en casos como el que nos ocupa, entre la judicatura y la política no existe alguna correlación. Sin poner en cuestión la separación de poderes, es evidente que existen unos vasos comunicantes que conectan un ámbito con el otro.
Precisamente por eso, no hubiera sido baladí hacer una evaluación del coste beneficio antes de dictar la medida cautelar. Bastante caldeado tenemos el ambiente como para echar más leña al fuego. Y por si no teníamos suficiente, la policía alemana ha detenido y puesto a disposición judicial al fugitivo Puigdemont.
Vaya Semana Santa nos espera. Esto sí que va a ser un calvario

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 26/03/18

25 de març 2018

ASUMIR EL FRACASO


La debilidad y el fraccionamiento de los partidos independentistas para gestionar el fracaso de la unilateralidad por la que apostaron en la anterior legislatura es una evidencia. El desbarajuste es tal que, pese a tener una mayoría suficiente para gobernar, son incapaces de pactar un programa de mínimos, formar gobierno y sacar al país del bloqueo político en el que está sumido.
De todos modos, aunque la excusa que dan es el nombre del futuro president, el problema de fondo es el reparto de poder. Así, por ejemplo, la batalla por el control político de los medios de comunicación entre JcxCat y ERC es despiadada, desde quien pone al director general hasta quien decide el nombre del responsable de un informativo; pero es que lo mismo se puede decir del resto de departamentos, donde hay dinero para gestionar o poder a tocar, surge el debate para ver quien lo controla.
Quizás los soberanistas necesiten tiempo para recomponerse, pero el país no puede esperar mucho más. Rectificar no es fácil, menos cuando se ha jugado a todo o nada y se ha perdido. Ahora, para muchos altos cargos la cuestión ha pasado a ser de simple supervivencia.
En estos momentos lo que toca es dejarse de universos ficticios, volver al mundo real y explicar las cosas como son, no como habían soñado algunos que podían ser. Hasta Carod Rovira, poco sospechoso de connivencias con el constitucionalismo ha pedido un poco de decencia política y que se le diga a la gente la verdad.
Para empezar, deberían admitir que la república catalana no existe, que los días 6 y 7 de septiembre lo que sucedió en el Paralament de Cataluña fue, como mínimo, un intento de golpe de estado. Se vulneraron los derechos de los ciudadanos y de los diputados de la oposición, como ha puesto de manifiesto una resolución del Tribunal Constitucional hecha pública estos días como consecuencia de un Recurso de Amparo solicitado por el PSC, ante los graves hechos de aquellas lamentables jornadas.
Después deberán admitir que lo del 1 de octubre, además de ser un acto ilegal, carecía de las más mínimas garantías democráticas para llevarse a cabo. Además, deberían asumir que se vulneraron los derechos de los ciudadanos porque se obtuvieron nuestros datos de manera fraudulenta.
Y para cerrar esa relación de despropósitos que se diga públicamente, como han hecho todos los soberanistas que han desfilado por los tribunales, a excepción de la cupera Mireia Boya -que al menos tuvo la dignidad de decir lo mismo en un sitio que en otro-, que la DUI del 27 de octubre no tenía ni intencionalidad política, ni validez jurídica alguna.
De forma simultánea, que sugieran a la ciudadanía que vayan dejando los lacitos amarillos en casa y que dejen a jueces, fiscales y defensas hacer su trabajo sin presiones, que bastante complicada es la situación. Después de todo eso, se pondrá empezar a recomponer puentes y poner el país a funcionar que buena falta hace.
Dice un refrán popular que “rectificar es de sabios” y, en mi opinión, asumir un fracaso y reconocer los errores cometidos, de personas inteligentes.


Bernardo Fernández
Publicado en el Catalán 22/03/18

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El proceso independentista catalán cada vez se parece más a un culebrón (teleseries o telenovelas denominan en algunos lugares a este gé...